
Empornac rechaza fallo judicial que ordena embargos y arraigos por caso de Q206 millones
El Juzgado Tercero de Instancia Penal ordenó embargos y arraigos contra integrantes de la Junta Directiva de Empornac por una deuda de Q206 millones, medida que la empresa rechaza calificándola de ilegal y parcializada.
El Juzgado Tercero de Instancia Penal de Guatemala dictó una resolución que implica embargos y medidas de arraigo contra nueve integrantes de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac),en el marco de un caso relacionado con una deuda de más de Q206 millones. La medida fue dictada tras admitir una querella presentada por la empresa Equipos del Puerto, S.A., que reclama pagos pendientes por servicios marítimos y de cabotaje prestados entre 2004 y 2008.
De acuerdo con la resolución judicial, el litigio se originó a partir de un contrato suscrito en 1998 entre Empornac y Equipos del Puerto, S.A. Sin embargo, se señala que durante el periodo comprendido entre el 3 de junio de 2004 y el 26 de noviembre de 2008, la empresa portuaria dejó de cumplir con los pagos acordados, acumulando una deuda que supera los Q206 millones 645 mil.
Antecedentes y proceso judicial
La controversia ha atravesado un extenso proceso judicial que incluyó juicios ejecutivos, apelaciones y acciones de amparo. En mayo de 2023, la Sala Mixta de Apelaciones de Izabal emitió una sentencia firme que ordenaba a Empornac saldar la deuda reclamada, confirmando así la obligación de pago a favor de Equipos del Puerto, S.A.
En la querella penal admitida recientemente por el Juzgado Tercero de Instancia Penal, se señala que algunos integrantes de la Junta Directiva y funcionarios de Empornac habrían transferido fondos del renglón presupuestario “991 Créditos de Reserva” a otra cuenta para evadir el cumplimiento de la deuda. Esta acción es considerada por el querellante como constitutiva de delitos como asociación ilícita, apropiación indebida, retención indebida, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Medidas cautelares ordenadas
El juez Julio César Vásquez Xol decidió tomar control de la carpeta judicial y dictó medidas cautelares que incluyen:
- Embargo de cuentas bancarias, monetarias, de ahorro y a plazo fijo en quetzales y dólares de nueve integrantes de la Junta Directiva de Empornac, incluyendo al presidente y gerente general, hasta por el monto reclamado.
- Arraigo y prohibición de salida del país para estas nueve personas, con orden al Instituto Guatemalteco de Migración de informar sobre la medida en un plazo de cinco días.
- Inmovilización del renglón presupuestario “991 Créditos de Reserva” por el monto involucrado en la querella.
Asimismo, se notificó a los obligados para que informen el cumplimiento de estas órdenes bajo apercibimiento de certificación en caso de incumplimiento.
Reacción de Empornac
El presidente de Empornac, José de la Peña, manifestó su rechazo contundente al fallo judicial, calificándolo como “ilegal y parcializado”. En declaraciones a diversos medios guatemaltecos, expresó que la resolución fue dictada sin respetar el debido proceso penal y sin la intervención previa del Ministerio Público.
De la Peña explicó que el contrato con la empresa Equipos del Puerto, S.A. expiró en 2004, por lo que no existe obligación pendiente alguna derivada de ese contrato. Afirmó que entre 2004 y 2008 no existió relación contractual entre ambas entidades, lo que invalidaría la reclamación de la deuda.
Además, indicó que la vía judicial para reclamar el monto ha tenido resultados mixtos, con juicios económicos coactivos y otras acciones civiles todavía en trámite. El dirigente calificó de apresurada la decisión del Juzgado Tercero, que admitió la querella y dictó medidas precautorias en menos de tres días, sin audiencia previa al Ministerio Público ni solicitud formal de medidas por parte de esta institución.
El presidente de Empornac aseguró que la acción penal es personalísima y que los integrantes de la Junta Directiva no tienen ninguna relación con el querellante para responder penalmente. Recalcó que la empresa estatal está gestionando los recursos legales necesarios para impugnar la resolución y proteger los recursos públicos involucrados.
Contexto y relevancia para Guatemala
La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla es una entidad estratégica para el comercio exterior guatemalteco, al administrar uno de los principales puertos del país en el Caribe. Esta disputa legal afecta no solo a la gestión administrativa de Empornac sino también la percepción sobre la administración de recursos públicos en sectores clave para la economía nacional.
La inmovilización de recursos por Q206 millones representa una cuarta parte de los fondos disponibles en la entidad portuaria, lo que podría impactar en sus operaciones y proyectos de desarrollo, en un contexto donde Guatemala enfrenta desafíos para modernizar su infraestructura logística y portuaria.
Próximos pasos legales
Luego de la notificación formal de la resolución, los implicados tienen un plazo de 24 horas para informar sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas. Por su parte, Empornac ha anunciado que iniciará acciones legales para impugnar el fallo y defender su posición ante los tribunales.
El Ministerio Público ha recibido la copia de la querella para iniciar las investigaciones correspondientes, un proceso que será clave para determinar responsabilidades penales en este caso.
Este caso continuará siendo un foco de atención en el ámbito jurídico y económico de Guatemala, dada la magnitud de los recursos involucrados y la importancia institucional de Empornac para el comercio exterior y la economía nacional.
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