Empresa Rancho Sierra ya no construirá la cárcel de Masagua tras investigación por presunta falsificación

La empresa Inmobiliaria Rancho Sierra, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sucursal Guatemala, que en 2022 obtuvo el contrato para desarrollar la fase de preinversión de la cárcel de máxima seguridad de Masagua, Escuintla, diseñada para albergar a 3 mil privados de libertad, ya no continuará con la ejecución del proyecto.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que decidió no suscribir la segunda fase del contrato con la compañía, luego de concluir la etapa de preinversión, aplicar descuentos por incumplimientos contractuales y señalar que la empresa enfrenta una investigación por la presunta falsificación de documentos financieros relacionados con el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). En su lugar, la cartera del Interior prevé convocar una nueva licitación internacional durante la segunda semana de agosto.

Durante una citación con el diputado José Chic, las autoridades de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia (UEEP) del Mingob explicaron las razones por las cuales el proyecto adjudicado hace cuatro años no avanzó hacia la fase de construcción.

El contrato se renegoció en 2024

La ruptura con Rancho Sierra ocurre un año después de que ambas partes firmaran la Enmienda Número 4 del contrato de preinversión.

Ese documento establece que el Ministerio de Gobernación y la empresa acordaron resolver las controversias surgidas durante la ejecución del contrato mediante una negociación que permitiera concluir la primera fase del proyecto. La modificación también redefinió el cronograma de ejecución, la forma de pago y estableció descuentos progresivos por incumplimientos en la entrega de productos.

La enmienda fijó como fecha límite para concluir la preinversión el 24 de mayo de 2024 y estableció descuentos de US$90 mil por cada incumplimiento de los plazos pactados, además de penalizaciones de US$3 mil diarios en caso de retrasos posteriores a esa fecha. El documento fue suscrito por la entonces directora ejecutiva de la Unidad Especial de Ejecución del Programa y por el representante de Inmobiliaria Rancho Sierra.

Proyecto estuvo detenido

El coordinador ejecutivo de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, Edgar Horacio Portillo Morales, explicó que cuando la actual administración asumió la ejecución del préstamo encontró el proyecto paralizado.

“Cuando llegamos nosotros a la dirección, tenía aproximadamente sin movimiento el préstamo entre 24 y 29 meses de gestiones administrativas pendientes”, afirmó.

Según Portillo, antes de iniciar la construcción fue necesario concluir la fase de preinversión, la cual presentaba inconsistencias técnicas.

“Había una incoherencia en la parte de los planos. Cuando se planificó el inicio de la preinversión había una medida inexacta. Cuando llegamos se solicitó una certificación al Registro General de la Propiedad y acontece que la medida estaba inexacta a los planos y a la medida del terreno específico”, explicó.

Portillo indicó que, tras corregir esas inconsistencias y atender las observaciones formuladas por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), el Ministerio obtuvo la opinión técnica favorable en diciembre de 2025 y, posteriormente, en marzo de este año, aprobó las actas de recepción y liquidación de la preinversión.

“Queda formalmente cerrada la fase de preinversión. Eso era un acontecer importante, porque de no haberlo hecho y regularizado todo en el ámbito jurídico y administrativo, no se hubiera podido continuar”, señaló.

Podría leer: Ejecutivo retoma construcción de cárcel de máxima seguridad de El Triunfo luego de tres meses de suspensión

Descuentos y reclamo por US$768 mil

Durante la citación, las autoridades revelaron por primera vez el detalle financiero del contrato.

El consultor legal de la unidad, Rolando Enrique Vásquez, informó que el contrato de preinversión ascendía a US$2 millones 175 mil 833.74, unos Q17 millones 066 mil, monto registrado en el portal Guatecompras.

Indicó que el Mingob aplicó una reducción de US$486 mil mediante la Enmienda Número 4 y descuentos adicionales por US$282 mil determinados por la Comisión Receptora y Liquidadora, por lo que el pago final a la empresa fue de US$1 millón 406 mil 975.36.

No obstante, señaló que Rancho Sierra reclama US$768 mil mediante recursos administrativos.

“El monto que ellos están reclamando, como presentaron unos recursos, es de US$768 mil. Pero el Ministerio ha ejercido su defensa técnica y jurídica para establecer que ellos, a través de esa Enmienda Número 4, aceptaron que se les penalizara de esa forma por el contrato. Entonces ese pago no procede”, dijo Vásquez.

Por qué no continuará con la obra

Portillo explicó que, una vez concluidas las actas de recepción y liquidación, Rancho Sierra promovió recursos administrativos de reposición y revocatoria, aunque sostuvo que estos no impiden continuar con el proyecto.

“Los recursos de reposición fueron rechazados automáticamente. En lo de la revocatoria están corriéndose las audiencias respectivas (…) No imposibilita, tengo que decirlo, en el actual momento sacar una nueva licitación”, afirmó.

Aseguró que la empresa tampoco podía suscribir la segunda fase del contrato debido a que no cuenta con el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) actualizado para participar en una licitación de ese monto.

Añadió que esa situación obligó al Mingob a emitir una resolución declarando fracasada la continuidad del contrato y abrir un nuevo proceso.

“Eso nos permite avanzar a un proceso nuevo de licitación en la fase de construcción y equipamiento, atendiendo las normas del BCIE —Banco Centroamericano de Integración Económica— y, supletoriamente, la Ley de Contrataciones del Estado”, añadió.

También le podría interesar: Diputado cuestiona que el SP compre insumos para reos mientras los guardias carecen de botas y uniformes

Investigación por documentos financieros

Vásquez agregó que el Ministerio de Finanzas Públicas presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta falsificación de documentos financieros utilizados para acreditar la capacidad económica de la empresa ante el Registro General de Adquisiciones del Estado.

El diputado José Chic aseguró que tuvo acceso a la denuncia y que está relacionada con la supuesta falsificación de documentación bancaria.

“Falsificaron documentación de un banco, de una banca privada. No es cualquier cosa. Estaban falsificando documentos para darle sustento a una supuesta línea de crédito”, afirmó el congresista.

Nueva licitación en agosto

Portillo dijo que las nuevas bases del concurso ya fueron elaboradas y serán remitidas al BCIE para obtener la no objeción antes de su publicación en Guatecompras.

Indicó que el proceso podría ser publicado durante la segunda semana de agosto.

La licitación contempla una inversión de US$88.9 millones, unos Q678.1 millones. Ese monto será distribuido en US$81 millones (Q617.85 millones) para la construcción y US$7.9 millones (Q60.2 millones) para el equipamiento del centro penitenciario.

Agregó que el concurso permanecerá publicado durante unos 45 días, por lo que la adjudicación podría concretarse entre octubre y noviembre.

Portillo señaló que el contrato establece 13 meses para la construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla, contados a partir de la adjudicación de la obra.

Un proyecto que vuelve a empezar

La construcción del Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres, en la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla, forma parte del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, financiado con un préstamo de US$300 millones aprobado por el Congreso en 2020.

En agosto de 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el Ministerio de Gobernación adjudicó el proyecto por US$87.9 millones (Q668 millones) al consorcio mexicano Grupo Tradeco, integrado por Innovaciones Técnicas de Cimentación (Itecsa), Inmobiliaria Rancho Sierra e International Heavy Construction Inc.