Enade 2026: Fundesa propone reducir homicidios y extorsiones y mejorar el control de las cárceles

El Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026 tendrá como tema central “A paso seguro: la seguridad integral es el camino a la prosperidad” y es organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Una de las metas que se plantearán es reducir a la mitad la tasa de homicidios en los próximos 10 años, explicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, al referirse a la importancia de la seguridad para la atracción de inversiones y la generación de oportunidades, desarrollo y empleo.

El Enade se llevará a cabo el próximo jueves 8 de octubre en las instalaciones del Hotel Westin Camino Real, en la zona 10 de Guatemala, y contará como invitados con el expresidente de Colombia Iván Duque y Guy Nir, exdirector nacional de inteligencia policial de Israel.

¿Cuál es el tema principal que se aborda en este Enade?

El tema central este año se aborda sobre el tema de la seguridad; es seguridad desde una perspectiva importante para el desarrollo en Guatemala, bajo el lema “A paso seguro”. Ese es como el gran lema que estamos utilizando en toda la campaña publicitaria del Enade.

Se escogió el tema de seguridad porque es importante que en Guatemala se empiece a frenar la violencia, que frena la inversión y que limita el desarrollo, las oportunidades y el empleo en el país.

Lo que hemos visto es que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la violencia ya le cuesta a Guatemala casi el 7% del PIB. La meta que tenemos es cómo poder reducir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, de 16, que está actualmente, a ocho en los próximos 10 años.

Algo que, cuando vimos la historia, en el Enade del 2014 la tasa estaba en 32 homicidios, así es que el país ha avanzado y lo que necesitamos es dar ese siguiente brinco, como lo han hecho otros países.

República Dominicana es un buen ejemplo: su tasa hoy es de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes y eso nos lleva a ver cómo, pues, Guatemala puede reducir su tasa de violencia, su tasa de homicidios, pero hay que focalizarse en ciertos departamentos y en ciertas zonas del municipio de Guatemala.

Desde Fundesa, ¿hay preocupación por el tema de seguridad?

Lo que hemos analizado es que, si Guatemala logra dar ese siguiente salto en reducir la tasa de homicidios, en reducir las extorsiones, se puede atraer más inversión, generar mejores oportunidades y fortalecer su capacidad crítica, ya que, solo para que tengamos presente ese 7% del PIB, es un costo muy alto, y con eso se podrían construir 21 carreteras como la de Xochi, porque eso representa un poco más de US$5 mil millones.

Entonces, eso hace que, desde la posición de Fundesa y desde la coalición por la Seguridad Ciudadana, que es un esfuerzo que se empezó en el 2014 y se ha venido trabajando año con año, se ha enfocado en el tema de seguridad.

El Gobierno ha anunciado distintos proyectos para ampliar y construir cárceles. ¿Cómo evalúa estos planes y considera que existe tiempo suficiente para concluirlos durante la actual administración?

Hay dos cárceles que se han mencionado: la del Triunfo (en Izabal) y la cárcel de Masagua (en Escuintla). Ambas son muy ajustadas en los tiempos para el mandato actual, que termina en enero del 2028.

En el caso de la cárcel del Triunfo, se ha hablado por parte del Ministerio de la Defensa que ya lleva un 12% de avance de ejecución física, financiera, y hay un compromiso de terminar antes de julio del 2027, así es que esperaríamos que logre ser terminada.

En el caso de Masagua, todavía hay algunos temas pendientes, lo cual tal vez lo lograrían antes de noviembre del 2027, pero sí está un poco ajustado.

Pero, además, hay que equiparlas, hay que formar al personal penitenciario, hay que generar toda una carrera. Así es que eso también preocupa porque el Ministerio de Gobernación, que participa en la mesa que tenemos con la coalición por la Seguridad Ciudadana, lo que nos ha comentado es que han tenido un esfuerzo importante por implementar nuevos guardias, pero todavía tienen que empezar a trabajar en mejorar una carrera del sistema penitenciario y que eso les ayude también a mejorar las capacidades que pueda tener el sistema penitenciario en el país.

¿Cuál es su lectura sobre la situación actual de los secuestros y homicidios en Guatemala? ¿Qué reflejan las cifras sobre la evolución de estos delitos?

Lo que hemos visto en el caso de los homicidios, ha habido algunos aumentos pequeños en las últimas semanas.

Eso sí, tuvo un repunte especialmente entre junio y julio, lo que lleva a la tasa de homicidios a 16.4 por cada 100 mil habitantes para finales de julio. Lo que hemos visto es que la violencia está muy concentrada: nueve, digamos, de cada 10 homicidios ocurren en 10 de los 22 departamentos.

Por lo que hay acciones que se pueden hacer en Guatemala porque hay municipios en Huehuetenango y en Cobán que prácticamente no tienen homicidios, pero, por supuesto, si vamos a Guatemala, especialmente la zona 18, está muy concentrado, o en Escuintla.

Entonces, eso es un tema que se debe seguir trabajando. En el caso de los secuestros, por lo que hemos visto, realmente no ha sido mucho el tema de este año. De hecho, la tasa interanual es 0.05, así es que no ha sido muy alta.

Lo que sí todavía hay que seguir trabajando son las extorsiones. Las extorsiones están ahorita en 106.6 por cada 100 mil habitantes. Lo que vemos es que se ha reducido 30% respecto a julio del año pasado, que estaban en 152; fue, digamos, uno de los topes más altos el año pasado, así es que sí ha habido un avance, pero creemos que se tiene que seguir trabajando porque 106 por cada civil todavía es muy alto.

Y sabemos que las extorsiones dependen de las denuncias. Entonces, ahí, pues, también queda la duda si las personas realmente están denunciando o si simplemente se están pagando las extorsiones, por lo que hay una cifra gris que no se sabe.

¿Cómo podría cerrar el año de las extorsiones?

Si se sigue la tendencia, podría llegar, por lo menos, a reducir de los 100 casi a 80 por cada 100 mil habitantes, si se sigue la tendencia en este momento, que va bastante bien. En julio del año pasado, estaba en 152; luego, en diciembre, estaba en 142; se comenzó enero del 2026 en casi 138, para junio en 112 y 106 para finales de julio.

Así es que hay una tendencia de reducción y eso que hay ahora más confianza. Uno podría decir que ahora, por lo menos, la percepción que existe en la gente es que hay más confianza en el Ministerio Público, así es que debería de haber más denuncias. Si vemos menos denuncias, pues tal vez sí se están reduciendo y, a lo mejor, pues hay unas mejores condiciones también para seguir reduciendo las extorsiones en el país.

¿Qué está ocurriendo con las pandillas? ¿Han ampliado su presencia territorial y cuáles son actualmente las principales amenazas que representan para la seguridad?

Sí, ese ha sido un tema importante porque el director de la Policía Nacional Civil (PNC) también participa como parte de la coalición por la Seguridad Ciudadana y es lo que nos ha mencionado: que hay un cambio en el modelo de negocios.

El propio director de la PNC ha señalado que ya no se centran solo en extorsiones y narcomenudeo, sino que también participan directamente en el tema del narcotráfico. Eso sí les da mayor capacidad de logística y mayor capacidad financiera para ampliar su influencia.

Hay una amenaza importante desde las cárceles. Sabemos que muchas de las extorsiones vienen de los propios reclusorios y ahí es importante cómo el Estado ha mejorado su capacidad de respuesta en algunos departamentos.

Pero sí preocupa que todavía el tema de pandillas y temas de maras es un factor que, cuando uno ve la presencia de la PNC en ciertas áreas, esto es algo que nos lo mencionó también el alcalde de la Ciudad, en la cual hay ciertas áreas del país y de la propia ciudad de Guatemala donde la policía no puede entrar.

Hay mucha presencia de maras en áreas de las zonas 18, 21 y 24, que se tiene que seguir trabajando para poder reducir la violencia en esos sectores.

Según datos disponibles, el Estado llega a destinar más recursos a la alimentación de una persona privada de libertad que a la alimentación de un niño. ¿Qué explica esta diferencia y qué medidas deberían adoptarse para cambiar esa situación?

Hay algunos análisis que se han hecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en que en el Sistema Penitenciario, por ejemplo, en el 2023 se destinaban casi Q22 mil 500 por cada privado de libertad, lo que equivale más o menos a Q62 diarios.

Cuando vemos el programa de alimentación escolar, son aproximadamente Q6 por niño.

Entonces, sí hay una diferencia muy importante de cómo el Estado tiene que mejorar la capacidad institucional para proveerle alimentos, especialmente el alimento escolar, que debería ser un mínimo que se puede trabajar.

Ahí hay tres grandes temas. Lo primero es poder aumentar y citar con mayor transparencia lo que ocurre dentro del Sistema Penitenciario. Segundo, reducir la prisión preventiva, porque hay que reconocer que hay muchas personas, casi el 50% de la población que está en el Sistema Penitenciario, que nos sale más caro tenerlos en la cárcel que, a lo mejor, en todo caso, ponerles un grillete electrónico, que creo que eso es por donde las autoridades están enfocando en este momento.

Y lo tercero, pues, obviamente, sí actualizar el aporte por niño, porque claramente Q6 diario no es suficiente.

¿Considera suficiente la cantidad y la formación de los nuevos agentes que está graduando la Academia de la Policía Nacional Civil para atender las necesidades de seguridad del país? ¿Cuántos agentes adicionales serían necesarios?

Nosotros hemos visto que ha habido un esfuerzo importante en los últimos años.

Lo que han publicado las autoridades es que casi 3 mil 098 graduados en la 58 promoción. Eso lleva ya nuevos efectivos a casi 9 mil policías frente a la meta que se tenía, que eran casi 12 mil nuevos efectivos.

Sin embargo, lo que vemos es que hay una brecha respecto a estándares internacionales. Guatemala tiene ahorita 254 policías por cada 100 mil habitantes, cuando la meta debería ser por lo menos 310 por cada 100 mil.

Entonces, para eso necesitamos por lo menos 10 mil agentes más. Tenemos que reconocer, por ejemplo, que cuando vemos cuántos policías de PNC versus policías privados, la diferencia es de uno a cinco. Entonces, sí necesitamos más agentes de la PNC, no solo la cantidad, sino también la calidad de los esfuerzos de equipamiento en temas de investigación criminal, de inteligencia, patrullas y armamento.

Uno de los grandes temas que se tiene que seguir fortaleciendo son las radiopatrullas. Por ejemplo, hemos visto muy importante lo que se ha hecho en el corredor central de la Ciudad con la policía metropolitana. Eso tiene que llevarse también a todo el país.

¿Cuáles son las tres acciones que el Gobierno debería ejecutar de aquí al final de su mandato para mejorar la seguridad? ¿Cuáles deberían ser prioritarias?

Hay tres grandes áreas: primero es el control del Sistema Penitenciario, que es tal vez el número uno para que se logre reducir las extorsiones y muchos de los crímenes que ocurren desde las cárceles.

Lo segundo es una estrategia focalizada de inteligencia en municipios y zonas seguras en que se concentran la mayor cantidad de delitos en el país.

Y tercero, mejorar la investigación criminal, la persecución penal, trabajando de la mano con el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Organismo Judicial, asegurando los presupuestos y la coordinación efectiva, porque lo que hemos visto es que, en los últimos años, por ejemplo, se le aumentó el presupuesto al Ministerio Público, pero no se le aumentó en la misma proporción al Organismo Judicial, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, al Instituto de la Defensa Pública Penal, por lo que hay un desbalance.

¿Son realistas alcanzarlas?

Nosotros lo que queremos es que haya, pues, bastante discusión y, de lo que hemos visto, entre los diferentes sectores. Hemos tenido también muy buen acompañamiento de todas las organizaciones que han participado en estos eventos previos. Y otro tema que ha sido importante es también la comunicación que ha habido entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el Organismo Judicial, creo que ha mejorado en los últimos años, el Ministerio Público, por supuesto, así es que eso, pues, también creo que va a ser positivo para el país.

¿Cuáles son las principales conclusiones preliminares del Enade 2026 y qué propuestas concretas plantearán para mejorar la seguridad en Guatemala?

Estamos todavía terminando algunas propuestas. Hay en proceso una gran firma entre todas las instancias coordinadoras y de todas las organizaciones que participan en la instancia para la coordinación y modernización del sector Justicia, donde ahí participa el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto de la Víctima, el Ministerio Público y la propia instancia para la modernización del sector Justicia, donde el primer gran acuerdo es que todas esas instituciones sigan trabajando de forma conjunta para reducir los homicidios de 16 a 8 homicidios por cada señor de habitantes en los próximos 10 años y que esa instancia se vuelva una coordinación para el seguimiento de esa gran meta.

Lo segundo es bien importante: la focalización de la inteligencia y el trabajo que el Ministerio de Gobernación puede hacer de la mano con el Ministerio Público, que hemos estado viendo algunos programas y el otro que ellos ya están implementando, por ejemplo, que es identificar 100 metros cuadrados por 100 metros cuadrados en mapas y ver dónde es más probable que exista un delito, tanto homicidios, extorsiones y secuestros, robos, y empezaron a ver dónde es más probable que pueda existir un homicidio para que eso te permita mejor capacidad de respuesta a futuro.

Lo tercero es el más importante: el control de las cárceles. Si no hay control de las cárceles, las extorsiones van a seguir.