Entrevista con Carlos Ortiz Ortiz: Sicom busca más recursos para investigar prácticas anticompetitivas en el 2027
La Superintendencia de Competencia busca fortalecer su presupuesto y equipos técnicos para comenzar a investigar prácticas anticompetitivas en Guatemala.
Carlos Ortiz Ortiz, superintendente de Competencia, explica los avances y las tareas pendientes de la institución para comenzar a investigar prácticas anticompetitivas y tramitar concentraciones económicas a partir del próximo 9 de diciembre.
A más de 20 días de haber sido elegido para el cargo, Ortiz detalla los preparativos institucionales, las necesidades presupuestarias para operar plenamente durante el 2027 y los mecanismos que se implementarán para evitar que los procedimientos de autorización de concentraciones económicas se conviertan en obstáculos para las inversiones.
También aborda las medidas que permitirán a las empresas presentar denuncias por posibles prácticas anticompetitivas y los mecanismos de confidencialidad previstos en la normativa.
Ortiz fue designado superintendente de Competencia el 9 de octubre del 2026, para completar el período del primer funcionario que ocupó el cargo y que posteriormente renunció. Su nombramiento se extiende hasta el 12 de octubre del 2031.
Preparativos para aplicar la ley
Ante la entrada en vigor de la segunda fase de la Ley de Competencia, el 9 de diciembre, ¿qué porcentaje de avance registra la preparación institucional de Sicom y cuáles son las tareas pendientes para esa fecha?
Trabajamos con el objetivo de que el 9 de diciembre la Superintendencia esté en condiciones de ejercer sus funciones. Más que un porcentaje único de avance, porque las tareas no tienen el mismo peso, prefiero mencionar los hitos.
Entre las tareas cumplidas están la aprobación del reglamento de la ley, del marco interno de personal, disciplina, probidad y manejo de fondos, así como la entrada en vigor de los planes institucionales.
La Superintendencia ya ejerce sus funciones de promoción de la competencia, revisa la normativa vigente para identificar posibles barreras y emitió una primera recomendación al Congreso.
Además, esta semana quedaron aprobados los instrumentos que permiten ejecutar el gasto en bienes, servicios y equipo.
Entre las tareas pendientes antes del 9 de diciembre están la aprobación de la estructura organizacional actualizada, la integración de los equipos técnicos, la aprobación y publicación de la guía y el procedimiento para notificar concentraciones económicas, así como los procedimientos de denuncia e investigación, y la adquisición del equipamiento y los sistemas informáticos indispensables.
¿Cuántas plazas necesita Sicom para comenzar a operar plenamente en diciembre y cuántas están pendientes de contratación?
El Directorio conocerá próximamente la propuesta de estructura organizacional, que incluye las plazas.
En la actualidad, la Superintendencia cuenta con el personal administrativo y de apoyo necesario para construir su parte sustantiva. En las próximas semanas se incorporará al personal necesario para que los procesos que establece la ley estén en condiciones de operar el 9 de diciembre.
¿Cuál es la estructura organizativa de la Superintendencia y cuántas intendencias, unidades técnicas, direcciones y jefaturas estarán funcionando el 9 de diciembre?
La estructura vigente es la del Reglamento Orgánico Interno, aprobado por el Directorio mediante la Resolución 7-2025.
Además del Directorio y del superintendente, contempla cuatro intendencias: Investigación, Promoción de la Competencia, Estudios Económicos y Gestión Administrativa y Financiera, con sus respectivas unidades de apoyo.
Preparamos una actualización de ese reglamento, diseñada a partir de los procesos que exige la ley, que el Directorio conocerá próximamente.
Por ello, no puedo adelantar qué órganos se crearán, pero la prioridad está definida: que desde el 9 de diciembre funcionen los procesos de concentraciones económicas y denuncias.
Presupuesto y ejecución de recursos
En el proyecto de presupuesto del Estado para el 2027, el Gobierno propuso al Congreso Q21 millones para la Superintendencia de Competencia. A su criterio, ¿cuál es el presupuesto que necesita la institución para operar adecuadamente durante ese año?
Los Q21 millones del proyecto corresponden al aporte mínimo que fija la Ley de Competencia en el artículo 118: no menos del 4% del presupuesto de egresos de administración del Ministerio de Economía.
Ese monto es un límite inferior: asegura lo mínimo, pero no cubre los costos de consolidar una autoridad de competencia.
Por eso, en junio, la Superintendencia planteó al Ministerio de Finanzas Públicas un techo presupuestario de Q45 millones para el 2027 y dio seguimiento para que el proyecto incluyera, al menos, el aporte que establece la ley.
El 2027 será un año de consolidación: primeras investigaciones, plataformas tecnológicas especializadas y equipos técnicos completos.
Los saldos que no se ejecuten este año, que por ley forman parte del capital privativo de la Superintendencia, ayudarán a cubrir las inversiones de instalación, que se realizan una sola vez, como mobiliario, equipo y sistemas informáticos.
Sin embargo, el costo de una autoridad plenamente operativa, con personal especializado y mantenimiento de sus sistemas, es permanente.
Haremos las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para contar con el financiamiento.
¿Cuánto se ha ejecutado del presupuesto de Sicom este año y qué ocurrirá con los fondos pendientes?
El presupuesto vigente del 2026 es de Q45 millones y se integra con dos fuentes: los Q25 millones del aporte del Estado para este año y los Q20 millones asignados en el 2025 como aporte inicial, que no se ejecutaron ese año y se incorporaron completos como saldo de caja.
Al 28 de octubre, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), se habían ejecutado Q8.9 millones, equivalentes al 19.9% del presupuesto.
De ese monto, Q7.4 millones corresponden a recursos del 2025, con una ejecución del 37.1%, y Q1.5 millones al aporte del 2026, equivalente al 6.1%. Los recursos se han destinado casi en su totalidad a servicios personales.
Con los instrumentos aprobados y completados esta semana, la ejecución se acelerará en noviembre y diciembre, con la incorporación de personal y las primeras adquisiciones de equipamiento.
Estos instrumentos incluyen el registro, la planificación y la normativa interna de adquisiciones que exige la Ley de Contrataciones del Estado para que la Superintendencia pueda comprar bienes, servicios y equipo.
El gasto en personal ya se venía ejecutando. Con estos instrumentos se habilita la ejecución del resto del presupuesto.
Los fondos que no se ejecuten no se pierden, ya que, por mandato del artículo 118 de la Ley de Competencia, pasan a formar parte del capital privativo de la Superintendencia y deben mantener su destino.
Procedimientos para concentraciones económicas
¿Cuáles son los instrumentos técnicos que deben estar aprobados el 9 de diciembre y qué avance registran?
Deben estar aprobados los instrumentos que permiten tramitar los procedimientos que entran en vigor ese día: el procedimiento y la guía para la notificación de concentraciones económicas, que el reglamento de la ley exige expresamente; las tasas por los procesos de autorización de concentraciones económicas, y los procedimientos para la recepción de denuncias y la investigación preliminar, que incluye las prácticas anticompetitivas.
A estos les siguen las guías para determinar el mercado relevante, evaluar la posición de dominio y desarrollar programas de cumplimiento.
Estos instrumentos los aprueba el Directorio, a propuesta del superintendente, y se publican en el Diario de Centro América.
Con un trabajo técnico ya avanzado, buscamos tenerlos aprobados lo antes posible, con especial atención a los relacionados con las concentraciones económicas.
¿Qué ocurrirá si una empresa presenta una notificación de concentración económica el 9 de diciembre y Sicom todavía no cuenta con todos los equipos técnicos necesarios para evaluarla dentro del plazo legal?
La Superintendencia contará con el equipo y los procedimientos para analizar las concentraciones económicas que se notifiquen.
Poner en marcha un proceso nuevo es un reto y lo asumimos con esa seriedad. El equipo responsable tendrá todo el apoyo institucional para resolver cada solicitud dentro de los plazos legales.
La ley y su reglamento establecen esos trámites.
El superintendente tiene 10 días para verificar si la notificación está completa.
Desde su admisión corre un plazo de 30 días hábiles para resolver, que se interrumpe cuando se requiere información adicional a los agentes económicos notificantes, hasta por 30 días hábiles en total.
¿Cómo evitará Sicom que los procedimientos de autorización de concentraciones económicas se conviertan en obstáculos burocráticos que retrasen inversiones, fusiones o adquisiciones empresariales?
La propia ley previene ese riesgo: solo deben notificarse las operaciones que superan los umbrales establecidos; se exceptúan, entre otras, las reestructuraciones corporativas dentro de un mismo grupo de interés económico, y el plazo para resolver es corto.
Si la Superintendencia no resuelve a tiempo, opera el silencio administrativo: se entiende que no tiene objeción y los agentes económicos pueden llevar a cabo la operación, según el artículo 21 de la ley.
Por nuestra parte, aplicaremos tres principios: establecer requisitos claros desde el inicio para evitar trámites repetitivos, solicitar información adicional solo cuando sea necesario y concentrar el análisis a profundidad en las operaciones que puedan restringir la competencia.
La experiencia internacional muestra que la mayoría de las concentraciones económicas no plantea problemas de competencia y puede autorizarse con agilidad.
Denuncias por prácticas anticompetitivas
¿Qué acciones desarrollará Sicom para que las pequeñas y medianas empresas puedan presentar denuncias por prácticas anticompetitivas sin enfrentar costos legales elevados o temor a represalias comerciales?
La información de los procedimientos es confidencial frente a terceros y el reglamento restringe el acceso a la información de los denunciantes bajo protección, según el artículo 107.
Además, todo el personal está obligado a guardar reserva y revelar información constituye una falta grave, de acuerdo con el artículo 76 de la ley.
La Superintendencia puede iniciar investigaciones de oficio a partir de información que reciba por cualquier medio. De esa manera, puede actuar sin que una empresa tenga que figurar como denunciante.
Difundiremos estos mecanismos entre las gremiales empresariales y, en general, entre todos los agentes económicos del país.
Personal de la Superintendencia de Competencia
Al 28 de octubre del 2026, Sicom contaba con 17 trabajadores, incluidos colaboradores de distintas áreas técnicas. Sin embargo, continuaba el proceso de contratación de tres intendentes y personal para otras áreas.
La estructura institucional estaba integrada de la siguiente manera:
Directorio: Seis directores, tres titulares y tres suplentes: Javier Bauer, Edgar Guzmán, Jorge Mario González, Luis Velásquez, Alfredo Skinner-Klee y Jorge Alberto Santiago Chen Sam.
Superintendente: Carlos Federico Ortiz Ortiz, quien asumió el cargo el 9 de octubre del 2026.
Intendencias: Tomás Xoyón Acán, intendente de Gestión Administrativa y Financiera. Estaban pendientes los nombramientos de los intendentes de Investigación, Promoción de la Competencia y Estudios Económicos.
Direcciones: Evelyn Carolina Guerrero Pineda de Barillas, directora de Recursos Humanos y Carrera Administrativa; Siomara Indira Mazariegos Alvizurez de Barrios, directora Administrativa; Héctor Aníbal de León Polanco, director de Asuntos Jurídicos; Sergio Rolando González Rodríguez, director Financiero, y Evelyn Carolina Morales Ruiz, directora de Planificación y Desarrollo Institucional.
Jefaturas: La institución también cuenta con cinco jefaturas de área.
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