Estado de prevención en Guatemala: tres medidas clave vigentes por 15 días

El Gobierno de Guatemala oficializó la declaración de estado de prevención en todo el territorio nacional por un período de 15 días, a partir del 17 de febrero de 2026, mediante el Decreto 2-2026 publicado en el Diario Oficial.

Esta medida responde a la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público ante recientes ataques coordinados por grupos de maras y pandillas contra autoridades civiles, así como a alteraciones graves de la paz pública. Los incidentes previos incluyen motines en cárceles del país y agresiones armadas contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC),que han dejado un saldo significativo de víctimas.

Contexto y antecedentes

El estado de prevención sucede al estado de sitio que concluyó el 16 de febrero de 2026, el cual tuvo una duración de un mes y fue implementado para controlar disturbios en prisiones clave como Renovación 1 en Escuintla, Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres en la zona 18 de la capital. Durante ese periodo se registraron tomas de rehenes por parte de la mara del Barrio 18 y otros actos violentos que afectaron la estabilidad interna del sistema penitenciario.

Además, en varias localidades, miembros de pandillas atacaron a balazos a agentes policiales, resultando en al menos diez policías fallecidos, según reportes oficiales.

Objetivos del estado de prevención

El decreto establece que el estado de prevención tiene como propósito principal brindar un marco jurídico excepcional que permita a las fuerzas de seguridad del Estado actuar de forma coordinada y eficiente para prevenir y reprimir actos que perturben gravemente la paz y el orden público.

Asimismo, se busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, salvaguardando el ejercicio normal de las actividades cotidianas, sin afectar el funcionamiento de las instituciones estatales ni los procesos constitucionales en marcha.

Medidas principales durante el estado de prevención

En cumplimiento del decreto, se han establecido tres medidas fundamentales que regirán durante los 15 días que dure el estado de prevención:

• Restricción de reuniones y manifestaciones públicas: Se limita la celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos, pudiendo impedir su realización cuando se considere que ponen en riesgo la seguridad o el orden público.
• Disolución inmediata de grupos violentos: Las autoridades están facultadas para disolver por la fuerza, sin necesidad de advertencia previa, cualquier grupo, reunión o manifestación pública que utilice armas o realice actos de violencia.
• Control de circulación y vehículos: Se podrá prohibir la circulación o el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horarios determinados, impedir que salgan de las poblaciones o someterlos a revisiones y registros según lo establecido por las autoridades de seguridad.

Colaboración institucional y respeto a derechos

El decreto señala que todas las entidades y dependencias del Organismo Ejecutivo deben participar activamente y colaborar dentro de sus competencias para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas adoptadas.

Además, se precisa que estas disposiciones no afectarán la operatividad ni las prerrogativas legales de los organismos del Estado, incluyendo la inmunidad de sus integrantes ni los procesos de designación de funcionarios públicos. Tampoco se restringirá el funcionamiento de los partidos políticos.

Implicaciones para la seguridad nacional

La implementación del estado de prevención se enmarca en la estrategia gubernamental para enfrentar la violencia generada por pandillas que continúan operando con acciones violentas, desafiando a las autoridades y poniendo en riesgo la estabilidad social.

Expertos en seguridad han señalado que esta medida busca proporcionar un margen de acción legal para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con mayor eficacia en la prevención y control de actividades delictivas, sin las limitaciones que imponen las normativas en situaciones de normalidad.

Sin embargo, también se ha advertido la necesidad de que dichas medidas respeten los derechos humanos y se apliquen con transparencia para evitar abusos o excesos que puedan afectar a la población civil.

Próximos pasos y seguimiento

El estado de prevención entró en vigor el mismo día de su publicación, el 17 de febrero, y se mantendrá vigente durante 15 días, período durante el cual se espera que las autoridades reporten avances significativos en el control de la violencia y la seguridad ciudadana.

Ciudadanos y sectores interesados podrán mantenerse informados a través de los comunicados oficiales y el seguimiento del desarrollo de las medidas en los diferentes puntos del país donde se implementan operativos conjuntos.

Conclusiones

La declaración del estado de prevención en Guatemala refleja la persistencia de retos en materia de seguridad pública, especialmente relacionados con la actividad de maras y pandillas que amenazan la convivencia pacífica. Las tres medidas adoptadas buscan equilibrar la necesidad de control y prevención con la protección de los derechos y garantías constitucionales.

Este nuevo marco jurídico permitirá a las fuerzas de seguridad desplegar acciones coordinadas y excepcionales para enfrentar esta problemática durante el plazo establecido, contribuyendo a la estabilidad y tranquilidad de la población guatemalteca.

El seguimiento puntual a la aplicación y resultados de estas medidas será fundamental para evaluar su efectividad y diseñar políticas públicas que atiendan de manera integral la seguridad en el país.