Estado de sitio en Guatemala 2026: Así quedan las modificaciones del decreto 1-2026 tras ratificación del Congreso

El Congreso de la República ratificó el 19 de enero de 2026 el Decreto Gubernativo 1-2026, que mantiene vigente el estado de sitio en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días. La decisión se adoptó con 145 votos a favor, 5 en contra y la asistencia de 150 diputados, de un total de 160, asegurando el quórum legal necesario para la aprobación.

Esta medida, anunciada previamente por el presidente Bernardo Arévalo y promovida por el Ejecutivo, tiene como objetivo principal restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana en el país. La declaratoria responde a una serie de incidentes críticos que incluyen motines carcelarios simultáneos y ataques armados que han dejado un saldo de diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos.

Contexto y fundamento del estado de sitio

El estado de sitio es una figura constitucional excepcional que permite al Ejecutivo restringir temporalmente ciertas garantías individuales y colectivas frente a amenazas graves a la seguridad del Estado o al orden público. Está regulado por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Orden Público, que establecen que las limitaciones deben ser necesarias, proporcionales y justificadas.

El decreto 1-2026 fue promulgado tras confirmarse motines simultáneos en centros penitenciarios clave como Renovación 1 en Escuintla, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo de la zona 18, donde se registraron tomas de rehenes y enfrentamientos armados. Las autoridades han reiterado que no negociarán con las estructuras criminales responsables, principalmente maras como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), catalogadas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas mediante el Decreto 11-2025.

Modificaciones introducidas por el Congreso

Durante la sesión plenaria, los legisladores introdujeron diversas enmiendas al texto original enviado por el Ejecutivo, buscando ajustar las medidas para hacerlas más específicas y proteger ciertos derechos fundamentales.

• Reforzamiento de la exposición de motivos: Se detalló la existencia de acciones coordinadas de pandillas contra las fuerzas de seguridad, justificando la necesidad del estado de sitio.
• Ajustes en medidas de seguridad (Artículo 6): Se estableció que, solo cuando sea estrictamente necesario, se podrá limitar o impedir reuniones y manifestaciones públicas o privadas que alteren el orden público; disolver por la fuerza reuniones armadas o violentas incluso sin advertencia previa; restringir la circulación vehicular en zonas y horarios determinados; ordenar detenciones sin orden judicial a sospechosos vinculados a pandillas; y reprimir acciones colectivas que amenacen la seguridad ciudadana.
• Garantías y excepciones: Se incluyó la prohibición expresa de que el estado de sitio sea utilizado para persecución política o ideológica. Asimismo, se exceptuaron las reuniones vinculadas a procesos de elecciones de segundo grado, como las comisiones de postulación.
• Protección de actividades culturales y religiosas: Se garantizó el libre ejercicio de actividades culturales, religiosas, deportivas y ferias patronales sin restricciones durante la vigencia de la medida.
• Portación de armas: Se permitió portar armas de fuego debidamente autorizadas por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).
• Suspensión de visitas en cárceles: Por 30 días se suspendieron las visitas familiares, sociales y conyugales en los centros penitenciarios donde estén recluidos integrantes de las maras Barrio 18 y MS-13, como medida para evitar la comunicación entre pandillas y el exterior.

Vigencia y aplicación

El estado de sitio estará vigente hasta el 16 de febrero de 2026, conforme al plazo establecido en el decreto ratificado. Durante este periodo, se mantendrán vigentes también medidas como el toque de queda, suspensión temporal de visitas a reos y restricciones en la movilidad y reuniones que puedan afectar la seguridad pública.

El Ejecutivo ha enfatizado que las limitaciones a derechos se aplicarán exclusivamente en la medida necesaria para proteger a la población y restaurar la normalidad, sin afectar garantías fundamentales ni derechos humanos en forma arbitraria.

Reacciones y perspectivas

La ratificación del estado de sitio ha generado diversas opiniones en el ámbito político y social. Por un lado, autoridades y sectores de seguridad consideran que esta medida es indispensable para contener la violencia generada por las pandillas y restablecer el control en los centros penitenciarios y zonas afectadas por la criminalidad.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores sociales han expresado preocupación por posibles abusos en la aplicación de la medida y la suspensión de garantías constitucionales, demandando que la vigilancia y control se realicen bajo estrictos marcos legales y respetando los derechos fundamentales.

Antecedentes históricos en Guatemala

El estado de sitio ha sido aplicado en Guatemala en diferentes momentos de crisis, desde gobiernos anteriores hasta la actualidad, con distintos alcances y resultados. Su uso ha estado vinculado a situaciones de violencia política, conflictos sociales y crisis de seguridad pública. La experiencia histórica resalta la necesidad de un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos.

Conclusión

La ratificación y modificación del decreto 1-2026 por parte del Congreso representan un esfuerzo del Estado guatemalteco para enfrentar la compleja situación de inseguridad generada por las pandillas y motines carcelarios. Las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad ciudadana, reforzar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y proteger ciertas garantías fundamentales, bajo un marco legal excepcional y temporal.

El próximo mes será clave para evaluar la efectividad de estas disposiciones y el impacto en la tranquilidad social, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una prioridad nacional para Guatemala.