Estado de sitio en Guatemala: alcance, vigencia y ausencia de toque de queda en 2026

El 18 de enero de 2026, el Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio con el objetivo de enfrentar las acciones de maras y estructuras criminales que han puesto en riesgo la seguridad ciudadana, tras incidentes que dejaron como saldo la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Esta medida, vigente hasta el 16 de febrero del mismo año, ha generado inquietudes sobre sus alcances, restricciones y diferencias con otras figuras legales como el estado de prevención.

Marco legal y fundamento constitucional

Los estados de excepción en Guatemala, entre ellos el estado de sitio y el estado de prevención, están regulados en la Ley de Orden Público de 1965 y en la Constitución Política de la República de 1985. El artículo 138 constitucional establece que la limitación de ciertos derechos fundamentales solo puede darse en circunstancias excepcionales —como perturbaciones graves del orden público, amenazas a la seguridad del Estado, invasión del territorio nacional o calamidades públicas— y siempre de forma temporal.

La Ley de Orden Público contempla cinco estados específicos para responder a diferentes escenarios de crisis: prevención, alarma, calamidad pública, sitio y guerra. Según la gravedad y naturaleza del problema, el Ejecutivo puede ordenar medidas como controles de circulación, apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad, limitaciones a reuniones o intervenciones en servicios públicos.

Alcance del estado de sitio vigente

El estado de sitio decretado en enero de 2026, identificado como Decreto 1-2026, es el primer estado de sitio bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo y se emite en respuesta a un contexto específico: el aumento de ataques y amenazas por parte de grupos criminales contra la PNC y la población. El Congreso ratificó esta medida, estableciendo un plazo de vigencia hasta el 16 de febrero.

El mandatario enfatizó que esta declaratoria no implica una restricción generalizada ni afectará las actividades laborales, comerciales, religiosas o sociales que se desarrollan con normalidad en la mayoría del territorio nacional. Por ello, la vida cotidiana de los guatemaltecos no debe verse alterada de manera significativa.

Diferencias entre estado de sitio y estado de prevención

Aunque ambos forman parte de los estados de excepción, el estado de prevención y el estado de sitio difieren en su alcance y nivel de restricción. El estado de prevención permite medidas limitadas y temporales para anticiparse a posibles alteraciones del orden público, como el control de manifestaciones o reuniones, sin suspender derechos fundamentales.

En contraste, el estado de sitio se aplica en escenarios más graves que amenazan la seguridad del Estado, autorizando acciones más severas, incluso una mayor intervención de las fuerzas de seguridad. En diciembre de 2025, bajo esta administración, se decretó un estado de prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, tras un ataque armado atribuido a un grupo delincuencial que dejó 13 personas fallecidas.

¿Incluye el estado de sitio un toque de queda?

El toque de queda es una restricción que limita la circulación de personas en determinados horarios, generalmente nocturnos, para reducir riesgos y fortalecer la seguridad en momentos críticos. Aunque la Ley de Orden Público no menciona explícitamente el término “toque de queda”, sí contempla medidas que pueden funcionar como tal, tales como:

• Restringir la circulación de personas o vehículos en horarios específicos.
• Limitar la salida o ingreso a determinadas poblaciones.
• Establecer controles y registros en desplazamientos internos.
• Regular la libre locomoción en zonas y horarios determinados.

Estas medidas solo se aplican si el decreto respectivo lo indica expresamente. En el caso del estado de sitio vigente, ni el presidente ni el Congreso contemplaron la implementación de toque de queda ni restricciones que afecten las actividades cotidianas de la población.

Contexto histórico y reacciones sociales

La declaración de estados de excepción en Guatemala no es un hecho nuevo. En años recientes, especialmente durante la pandemia entre 2020 y 2021, los estados de calamidad pública implementaron medidas como toques de queda, restricciones de movilidad y suspensión de reuniones, lo que afectó considerablemente la vida laboral, educativa y social.

Ante el anuncio del estado de sitio en 2026, la sociedad guatemalteca manifiesta inquietudes y busca clarificación sobre las posibles implicaciones, en un contexto donde la seguridad sigue siendo un desafío importante para el país. Las autoridades han subrayado que la medida es puntual, orientada a combatir la violencia generada por estructuras criminales, y diseñada para minimizar el impacto en la vida diaria.

Rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil

Como parte del estado de sitio, las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional Civil en labores de seguridad pública en las calles, reforzando el control y la vigilancia en zonas consideradas de alto riesgo. Esta colaboración está prevista en la Ley de Orden Público para escenarios que requieren fortalecer la seguridad y el orden.

El despliegue busca restablecer la paz social y prevenir nuevos ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil. No obstante, las autoridades han reiterado que estas acciones se realizan respetando los derechos fundamentales y dentro de los límites legales establecidos.

Vigencia y seguimiento

El estado de sitio estará vigente hasta el 16 de febrero de 2026, fecha en la que el Ejecutivo deberá presentar un informe al Congreso para evaluar la continuidad, modificación o conclusión de esta medida. El Parlamento tiene la facultad de aprobar, modificar o rechazar los decretos relacionados con estados de excepción.

El seguimiento a la aplicación de estas disposiciones es fundamental para garantizar que las medidas respondan efectivamente a la situación de seguridad sin afectar innecesariamente los derechos y libertades de la ciudadanía.

Conclusión

El estado de sitio decretado en Guatemala en 2026 representa una respuesta legal y puntual ante la amenaza de grupos criminales que afectan la seguridad ciudadana. Aunque implica la intervención de las fuerzas de seguridad para restaurar el orden, no conlleva restricciones como toque de queda ni limita las actividades cotidianas de la población en general. Esta medida se enmarca en el respeto a la ley y a los derechos constitucionales, con un plazo definido y sujeta a supervisión legislativa.