Exautoridades de prisión en Cantel condenadas a 18 años por muerte de recluso tras tortura

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango dictó una condena de 18 años de prisión contra el exalcaide Carmelo López Velázquez y el exsubdirector Luis Osvaldo Rivera García, responsables por la muerte del recluso Allan de León Uluán ocurrida en la Granja Penal Cantel en 2020.

De acuerdo con la investigación judicial, el reo, originalmente consignado por supuesta portación ilegal de arma de fuego, fue trasladado de forma irregular desde el preventivo para hombres de Quetzaltenango hacia la Granja Penal Cantel, un centro penitenciario donde cumplen condena reos sentenciados. Este traslado fuera del protocolo establecido marcó el inicio de una serie de abusos cometidos contra la víctima.

Hallazgos forenses contradicen versión oficial

Las autoridades penitenciarias inicialmente afirmaron que la causa de muerte de Allan de León Uluán fue una infección por covid-19. Sin embargo, el análisis forense posterior descartó esta hipótesis y determinó que la verdadera causa fue la tortura infligida al interno mientras permanecía bajo custodia. Este hallazgo fue clave para esclarecer los hechos y avanzar en el proceso judicial.

Contexto y abuso de poder

Según el abogado representante de la familia del fallecido, el caso constituye un claro ejemplo de homicidio en comisión por omisión. El Código Penal guatemalteco establece que quienes tienen la responsabilidad legal de resguardar la integridad de los reclusos deben responder penalmente si incumplen sus funciones, como ocurrió en este hecho.

Además, se reveló que los exfuncionarios abusaron de su autoridad al mantener al reo en una prisión para condenados cuando él aún se encontraba en una etapa preventiva. Más grave aún, tras conocerse que el recluso fue absuelto en una sentencia posterior, los acusados y sus cómplices incrementaron las extorsiones mediante la denominada "talacha" —un cobro ilegal dentro de las cárceles— exigiendo montos que ascendieron a Q200 mil.

Extorsión y corrupción en el sistema penitenciario

El abogado explicó que, por no pagar un monto de Q6 mil, la víctima fue sometida a torturas que derivaron en su muerte. Este caso evidencia un esquema de corrupción y violencia dentro del sistema penitenciario que afecta a los internos y sus familias, y que muchas veces queda impune.

Por ello, se hace un llamado a las víctimas y familiares a denunciar cualquier acto de extorsión, abuso o maltrato en los centros carcelarios del país para contribuir a erradicar estas prácticas. La sentencia representa un precedente que puede fortalecer la lucha contra la impunidad en estos casos.

Reacción de la familia y llamado a la justicia

La madre de Allan de León Uluán expresó su satisfacción por la condena, aunque reconoció el dolor y desgaste emocional que le ha generado la pérdida de su hijo, ocurrida seis meses después de enterarse de los abusos sufridos. En sus declaraciones, resaltó que su hijo no era delincuente y que estaba próximo a salir en libertad tras su absolución.

Asimismo, hizo un enfático llamado a la población para que denuncie este tipo de abusos y corrupción dentro de las prisiones guatemaltecas, reiterando que "sí hay justicia en Guatemala" cuando se toman acciones contra los responsables.

Implicaciones para el sistema penitenciario guatemalteco

Este caso pone en evidencia las deficiencias y problemas estructurales del sistema penitenciario en Guatemala, donde la corrupción, la extorsión y la violencia son elementos persistentes que afectan la integridad y los derechos humanos de los internos.

Organismos estatales y la sociedad civil han denunciado reiteradamente la necesidad de implementar reformas profundas que garanticen la seguridad, el respeto a los derechos y la administración transparente en las cárceles. La sentencia contra los exfuncionarios de Cantel podría marcar un precedente para fortalecer la rendición de cuentas y reducir los abusos dentro de las prisiones.

Contexto nacional

Guatemala enfrenta desde hace años una crisis penitenciaria caracterizada por la sobrepoblación carcelaria, la presencia de pandillas, y un sistema judicial con limitaciones para asegurar un debido proceso y la protección de los derechos humanos. En este contexto, casos como el ocurrido en Cantel reflejan la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir la violencia institucional y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

La condena a los exautoridades de la Granja Penal Cantel es una muestra del avance en la lucha contra la impunidad, pero también evidencia los retos pendientes en materia de seguridad y derechos humanos en el sistema penitenciario guatemalteco.

Este pronunciamiento judicial llega en un momento en que la sociedad guatemalteca demanda mayor transparencia, justicia y respeto a la dignidad humana dentro de las instituciones del Estado, especialmente aquellas relacionadas con el cumplimiento de penas y la reinserción social.

El caso Allan de León Uluán permanecerá como un referente en la búsqueda de justicia para los reclusos y sus familias, y un llamado para que las autoridades fortalezcan los controles y sanciones contra la corrupción y la violencia dentro de las prisiones del país.