Exgobernantes internacionales expresan inquietud por elecciones judiciales y criminalización en Guatemala

Una delegación internacional conformada por expresidentes y exprimeros ministros visitó Guatemala para observar los procesos de elección de autoridades clave del sistema judicial, manifestando preocupación por diversas irregularidades y la situación de criminalización que afecta a sectores críticos en el país.

Misión internacional vigila elecciones judiciales en Guatemala

La misión, que concluyó su visita de tres días el 11 de febrero de 2026, tuvo como objetivo principal observar los procesos de designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC),así como el nombramiento del próximo fiscal general, que se espera para mayo de este año.

La comitiva estuvo integrada por figuras políticas internacionales de renombre, entre ellos el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada (2018-2022); el exprimer ministro de Noruega, Kjell Magne Bondevik (1997-2000 y 2001-2005); y el exprimer ministro de Suecia, Stefan Löfven (2014-2021). La visita fue organizada por el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión (CDI) con el respaldo del Club de Madrid, una organización que agrupa a más de un centenar de exmandatarios para fortalecer la democracia global.

Preocupaciones sobre el proceso electoral judicial

Durante su estadía, la delegación expresó inquietudes sobre la complejidad y riesgos del proceso electoral judicial en Guatemala. Según declaraciones, muchas personas entrevistadas manifestaron temor a expresar opiniones debido a posibles represalias.

“Hemos observado aspectos preocupantes en este proceso. Numerosas personas están en exilio, incluyendo periodistas, ambientalistas, exjueces y exfiscales, quienes han sido presionados o criminalizados por sus posturas”, señalaron los integrantes de la misión.

El expresidente Alvarado Quesada enfatizó que estas elecciones son “clave” para el futuro del país, dado que la disputa central gira en torno a quién tendrá el control de los sistemas de administración de justicia. La designación de los nuevos magistrados del TSE es especialmente relevante, pues esa entidad tendrá a su cargo la organización de las elecciones generales de 2025.

Por su parte, Stefan Löfven destacó que estos comicios representan una “gran oportunidad para elegir el camino correcto”, pero también un “gran riesgo” si se opta por una ruta equivocada que podría afectar la independencia judicial.

Contexto de la criminalización y exilio de opositores

La misión también visitó a personajes emblemáticos que han sido detenidos o enfrentan procesos judiciales cuestionados. Entre ellos, el periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace casi cuatro años sin cargos probados, considerado por organizaciones internacionales como un preso político.

Los exgobernantes calificaron esta situación como “lamentable” y destacaron la importancia de que la comunidad internacional profundice en el análisis de cómo ocurre esta situación en un país con un Poder Ejecutivo electo democráticamente.

Asimismo, se entrevistaron con los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos desde abril de 2025 sin cargos formales. Ambos forman parte de los 48 Cantones de Totonicapán, organización que defendió los resultados electorales en 2023 y cuyo liderazgo ha sido objeto de acciones judiciales controvertidas.

Implicaciones para el sistema judicial y la democracia guatemalteca

Este semestre se definirá también al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP),en sustitución de Consuelo Porras Argueta, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a acusaciones relacionadas con la corrupción durante su gestión.

La designación de esta autoridad tiene un impacto directo en la independencia y eficacia del MP, un organismo fundamental en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala.

El proceso electoral judicial y las designaciones que se avecinan son observadas con atención por diversos sectores nacionales e internacionales, que advierten que el control de estas instituciones definirá la dirección de la justicia y la democracia en Guatemala en los próximos años.

Organizaciones detrás de la misión

El Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión es una entidad no partidista que promueve la protección ambiental y la ampliación de la democracia. El Club de Madrid, por su parte, reúne a expresidentes y exprimeros ministros de todo el mundo con la finalidad de fortalecer los sistemas democráticos a nivel global.

La colaboración entre estas organizaciones para llevar a cabo esta misión refleja el interés internacional por la situación política y judicial en Guatemala, así como la preocupación por posibles retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos.

Situación en Guatemala

Guatemala atraviesa un momento crítico en su sistema judicial y político. En los últimos años, el país ha enfrentado múltiples denuncias sobre la erosión de la independencia judicial, la criminalización y persecución de opositores, y la falta de transparencia en procesos electorales de segundo grado que definen órganos clave como la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.

Además, la presión sobre periodistas, defensores ambientales e integrantes de comunidades indígenas ha aumentado, generando un clima de temor y autocensura.

La comunidad internacional, a través de misiones como esta, busca aportar vigilancia y recomendaciones que promuevan elecciones transparentes y el respeto a los derechos fundamentales en Guatemala.

Conclusión

La visita de esta misión internacional de exgobernantes pone en el centro del debate público la importancia de preservar la independencia judicial y proteger a quienes defienden la democracia y los derechos humanos en Guatemala. Las próximas elecciones judiciales y la designación del fiscal general serán determinantes para el rumbo institucional y democrático del país.

La comunidad nacional e internacional seguirá de cerca estos procesos, convocando a la transparencia, el respeto por el estado de derecho y la protección de las libertades fundamentales.