Exmagistrados instan a diálogo y priorización de temas en la nueva Corte de Constitucionalidad

El próximo 14 de mayo se cumplirá el primer mes desde la toma de posesión de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, un órgano clave en la interpretación y aplicación de la Carta Magna. En este periodo se ha evidenciado una marcada división entre los magistrados que integran esta novena magistratura, situación que ha generado preocupación en distintos sectores del país.

La Corte está conformada actualmente por dos bloques: uno integrado por tres magistrados y otro por dos, lo que ha generado tensiones internas y dificultades para el desarrollo fluido de su trabajo. Esta división escaló hasta la emisión de un comunicado institucional en el que la CC denunció amenazas contra su presidenta, Anabella Morfín, y la secretaria de la institución.

Contexto de la división interna

Las intimidaciones denunciadas por la CC están vinculadas con cuestionamientos hacia la presidenta Morfín y la secretaria, acusadas de supuestos retrasos en la programación y discusión de algunos casos en el pleno del tribunal. Estas acusaciones han generado un ambiente de confrontación que preocupa a expertos en derecho constitucional y exmagistrados, quienes llaman a la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y el respeto institucional.

La división interna se refleja en la conformación de los dos grupos mencionados. Por un lado, Morfín y Astrid Lemus, designadas respectivamente por el Ejecutivo y el Colegio de Abogados de Guatemala, forman un bloque. Por otro lado, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, designados por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario, constituyen el segundo grupo.

Primeras manifestaciones de la fractura

Desde los primeros días, la diferencia de posiciones fue palpable. Apenas asumieron, los magistrados Molina Barreto, Ochoa y Rivera solicitaron a la presidenta que un amparo relacionado con el trabajo de la postuladora para el Ministerio Público fuera conocido con carácter de urgencia. Posteriormente, seis de los 10 magistrados firmaron una petición para que las sesiones plenarias continuaran realizándose de forma virtual, contraviniendo la propuesta de Morfín de celebrarlas presencialmente.

Perspectivas de exmagistrados y especialistas

Ante esta situación, expertos en derecho constitucional y exmagistrados han señalado que la existencia de diferencias en un tribunal colegiado es normal, especialmente al inicio de una nueva magistratura. Sin embargo, advierten que estas diferencias deben manejarse con base en criterios técnicos y no políticos para evitar confrontaciones que afecten la institucionalidad.

Una exmagistrada de Apelaciones señaló que la división era previsible desde la integración de la CC y que, si no se maneja adecuadamente, podría derivar en una confrontación que perjudique el trabajo judicial. En este sentido, enfatizó que la clave está en mantener debates técnicos y buscar consensos que permitan avanzar en las funciones del tribunal.

Por su parte, un abogado constitucionalista destacó que los criterios divergentes en estos procesos son parte del mecanismo de adaptación natural en un nuevo periodo de magistrados. No obstante, subrayó que las presiones y amenazas externas no deben tolerarse y que, en caso de presentarse, es indispensable denunciar y actuar conforme a la ley.

La administración y el rol de la presidencia

Se recordó además que la administración del trabajo de la Corte corresponde exclusivamente a la presidencia, en este caso a Anabella Morfín. Sin embargo, el resto de magistrados tiene el derecho de formular peticiones internas sobre los temas a tratar en las sesiones plenarias, lo que debe facilitar un trabajo colegiado y coordinado.

Recomendaciones para evitar una crisis institucional

Para superar esta etapa inicial y evitar una crisis que impacte negativamente en la institucionalidad, exmagistrados y expertos recomiendan abrir canales de diálogo efectivos que permitan a los magistrados sentarse a discutir las prioridades y obligaciones que tienen ante el país.

Se enfatiza la necesidad de crear un ambiente de trabajo donde predominen los debates técnicos y se prioricen los temas pendientes de gran relevancia nacional, tales como amparos relacionados con la elección de fiscal general y otros asuntos que requieren pronta resolución por parte de la Corte.

Asimismo, se hace un llamado a respetar la independencia judicial y a rechazar cualquier tipo de intimidación que busque influir o entorpecer el ejercicio legítimo de las funciones de los magistrados.

Conclusión

La nueva Corte de Constitucionalidad enfrenta un reto importante en su inicio: superar sus diferencias internas y consolidar un trabajo colegiado que garantice la estabilidad institucional y la confianza ciudadana. El diálogo abierto, la priorización de temas pendientes y el respeto mutuo entre magistrados son elementos fundamentales para cumplir con el mandato constitucional que les fue encomendado.

El desarrollo de esta magistratura será observado de cerca por la sociedad guatemalteca, que demanda transparencia, independencia y eficacia en las decisiones que afectan el sistema jurídico y el funcionamiento democrático del país.