Exmagistrados ven riesgos a la independencia judicial por supuestos acuerdos en las resoluciones de CSJ

Estuardo Cárdenas, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),en entrevista con Prensa Libre expuso una división nunca vista en el Organismo Judicial (OJ), con señalamientos que incluso sugieren que hay negociaciones externas que luego se aprueban por mayoría en las plenarias. Estas declaraciones, según exmagistrados consultados, comprometen la independencia judicial.

Cárdenas explicó la forma con la que el actual pleno judicial conoce los casos, señalando una serie de reuniones con actores ajenos al Poder Judicial antes de resolver cada expediente.

Esta práctica comenzó durante la presidencia del magistrado Teodulo Cifuentes, del periodo 2024 al 2025, pero se extendió a la gestión de Claudia Paredes, del 2025 al 2026, según las declaraciones del magistrado.

Cárdenas forma parte del grupo minoritario de la CSJ, que comenzó con cinco integrantes en la magistratura, pero actualmente solo con él y los magistrados Carlos Rodimiro Lucero Paz y Flor de María Gálvez ejercen oposición.

El grupo dominante en la cúpula del Organismo Judicial (OJ) pasó de tener a ocho miembros a consolidar un bloque de 10, la cantidad necesaria para definir sin problemas los amparos y antejuicios que se discuten en la CSJ.

Según las declaraciones de Cárdenas, el grupo mayoritario celebra reuniones previas a cada pleno, mismas que pasaron de tener como punto de encuentro las vocalías a lugares ajenos al Palacio de Justicia.

En esta serie de “pre-plenos”, como denominan a este tipo de sesiones no oficiales, se estarían acordando las agendas, la cantidad de votos y la dirección que cada uno de los casos.

Peligra la independencia

Para Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, es hasta cierto punto normal que el pleno judicial tenga diferencia de criterios, pero aclara que esa división no había escalado tanto como ahora.

Según él, una reunión entre el bloque mayoritario del Poder Judicial no tiene nada de malo, por el contrario, puede ayudar a que ciertos temas caminen con más ligereza cuando se sostenga la plenaria.

En cambio, sí ve peligroso que en esas reuniones estén participando personas ajenas a la CSJ, ya que, de confirmarse los señalamientos de Cárdenas, estaría en riesgo la independencia del OJ.

“Eso realmente estaría minando la independencia, la autonomía, la ética de los propios magistrados. Me cuesta creerlo, en el sentido de que con esas reuniones reciben instrucciones, reciben lineamientos, y repito, es una situación desagradable y preocupante”, apunta.

En un sentido similar opinó Oscar Cruz, expresidente de la CSJ, quien destaca que en su paso por el OJ en ningún momento se celebraron reuniones fuera al Palacio de Justicia, mucho menos vulnerando los casos con actores externos.

“Ya hay desconfianza de la población, y cuando hay reuniones con personas externas, creo que es más complicado, porque la CSJ es un organismo independiente, que no debe de recibir presiones de ningún sector y sus resoluciones deben de apegarse únicamente a la Constitución, a las leyes y a la petición de cada una de las partes”, señala Cruz.

Anabella Cardona, exmagistrada de Corte de Apelaciones y expresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados coincide con sus colegas en que las declaraciones de Cárdenas abren un escenario inédito para la administración de justicia.

“Esto atenta contra la independencia judicial, que sabemos que está consagrada en la Constitución Política de la República de Guatemala, y a través de esta independencia judicial sabemos que tanto jueces como magistrados solo deben estar sujetos a la Constitución”, dijo Cardona.

Posibles delitos

Los tres exmagistrados coinciden que de confirmarse esas negociaciones alrededor de los casos, los magistrados y los denominados “actores externos”, podrían estar cometiendo delitos que ameritan ser investigados.

“Sí habría delito, en el sentido de los magistrados sería incumplimiento de deberes en cuanto a no tomar esos debates a lo interno; y segundo, algunas formas de variables de cohecho o u otra forma de manipulación de resoluciones”, explicó Fernández.

Los posibles delitos pueden variar según el análisis del expresidente Cruz, ya que también se debería de analizar si esos actores externos forman parte de algún grupo o sector o estén representandolo.

“En algún momento sí (podría haber delitos) porque son funcionarios públicos y pudiera caber alguna figura delictiva como tráfico de influencias; se puede dar dependiendo de quiénes participen e intervengan en el sistema de justicia”, refiere Cruz.

Por el tipo de señalamientos, según Cruz, debería de haber un pronunciamiento del mismo OJ que aclare la situación. “Eso es grave, porque pone en duda la institucionalidad, pone en duda la misma confianza del pleno de Magistrados de la CSJ y debilita la institucionalidad como OJ”.

Cardona por su parte recomienda que las autoridades judiciales instruyan a sus unidades de comunicación acciones para rechazar los señalamientos, en caso de contar con los argumentos para hacerlo, pero hasta ahora no hay pronunciamientos en las redes sociales del OJ.

“Por respeto a la población, a los jueces, magistrados y al personal del OJ, sería lo más ético salir y decir: ‘miren, no es cierto, nosotros las decisiones las tomamos conforme a los expedientes y a los casos concretos’, sería una primera medida, si es que no es cierto”, concluyó.

Mientras tanto el vocero del OJ explicó que la presidenta Claudia Paredes se encuentra fuera del país atendiendo una agenda oficial, por lo que será a su regreso que se trasladarán las consultas de este medio y la solicitud de entrevista que se ha planteado.