Expertos alertan sobre riesgos fiscales y clientelismo por subsidio a combustibles en Guatemala

El Gobierno de Guatemala implementó un subsidio temporal para el diésel y la gasolina con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis energética que afecta al país, asignando un monto de Q2 mil millones para cubrir Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina durante un periodo de tres meses, que concluirá el 31 de julio de 2026. Sin embargo, expertos en economía y finanzas públicas han advertido sobre los riesgos fiscales de esta medida, así como sobre la posibilidad de clientelismo político en el marco del proceso electoral que se aproxima en 2027.

Contexto y alcance del subsidio

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo y aprobada en abril pasado por el Congreso de la República. Este subsidio representa un promedio diario de Q22 millones destinados a aliviar la carga económica sobre los consumidores, en un contexto donde el precio internacional del petróleo se ha incrementado debido a factores geopolíticos y la persistencia del conflicto en Medio Oriente.

A pesar de su carácter temporal, la medida ha sido cuestionada por especialistas debido a su carácter generalizado, que beneficia por igual a propietarios de vehículos particulares de distintas categorías, incluyendo aquellos de alta gama, y a sectores que podrían no requerir el apoyo estatal.

Impacto en las finanzas públicas y economía nacional

El expresidente del Banco de Guatemala señaló que, aunque la asignación de recursos para el subsidio responde a una situación coyuntural, es fundamental mantener un equilibrio para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas. El subsidio, al ser generalizado, podría tener un costo elevado que afecte la sostenibilidad fiscal del Estado.

Actualmente, las autoridades reportan disponibilidad de recursos en el Gobierno central, con un gasto público contenido especialmente en proyectos de gran envergadura como infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, que históricamente han impulsado la economía y generado empleo.

Vacíos en la formulación de planes de emergencia

Especialistas enfatizan que, más allá del subsidio, el Gobierno carece de un plan integral y focalizado para enfrentar la crisis energética y sus efectos colaterales en la economía nacional. La ausencia de estrategias que incluyan apoyo a la seguridad alimentaria, transferencias monetarias focalizadas o medidas específicas para zonas vulnerables, como el Corredor Seco, podría agravar la situación de la población más afectada.

El fenómeno climático de El Niño, que podría prolongar la sequía en diversas regiones del país, amenaza con impactar la producción agrícola, la generación de electricidad hidroeléctrica y los costos de alimentos básicos, lo que añade un componente adicional de riesgo a la seguridad alimentaria y estabilidad social.

Riesgo de clientelismo político en vísperas electorales

Con el proceso electoral general previsto para enero de 2027, se observa una creciente preocupación sobre la posible utilización política de los subsidios. Analistas advierten que la ampliación o extensión de estos apoyos podría estar motivada por intereses electorales, con propuestas que buscan congraciarse con la población sin un análisis técnico riguroso.

Se ha señalado que iniciativas presentadas por legisladores para eliminar impuestos o crear fondos adicionales para financiar subsidios reflejan un enfoque clientelista, que no considera los impactos fiscales ni la efectividad a largo plazo de estas medidas.

Necesidad de liderazgo y propuestas técnicas desde el Ejecutivo

Especialistas coinciden en que la conducción de la respuesta ante la crisis energética debe estar liderada por el Ejecutivo, a través del Gabinete Económico y entidades técnicas como el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán). La ausencia de propuestas concretas y el protagonismo del Congreso en la definición de estas medidas han sido criticados como un vacío en la gestión estatal.

El Ejecutivo cuenta con el personal técnico y la experiencia necesaria para diseñar programas focalizados, eficientes y sostenibles que prioricen a los sectores vulnerables y mitiguen el impacto inflacionario sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

Escenarios futuros y recomendaciones

El subsidio actual concluirá en julio próximo, pero se prevé que la crisis energética y el alza de precios continúen afectando a Guatemala durante el segundo semestre y probablemente en 2027. Se anticipa que el efecto del subsidio se diluya antes de agotar el presupuesto asignado, lo que podría generar una situación económica más crítica para la población, especialmente en un año electoral.

Ante esta perspectiva, existe la posibilidad de que el Congreso impulse la ampliación del subsidio o la implementación de bonos directos a familias, similares a los entregados durante la pandemia de COVID-19. No obstante, para evitar un aumento insostenible de la presión fiscal, se recomienda que estas medidas se financien con saldos de caja y subejecuciones presupuestarias, evitando recurrir a préstamos adicionales o emisión monetaria inorgánica.

En conclusión, la crisis energética en Guatemala plantea desafíos complejos que requieren una respuesta técnica, coordinada y transparente por parte del Gobierno, con especial atención a la sostenibilidad fiscal y la protección de los sectores más vulnerables, a fin de evitar efectos adversos sociales y económicos en el corto y mediano plazo.