Exviceministro de Agricultura ligado a proceso por irregularidades en compra de fertilizantes por Q144 millones

El exviceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA),Nick Kenner Estrada Orozco, fue ligado a proceso penal el 25 de marzo de 2026 por tres delitos relacionados con irregularidades en la compra de fertilizantes que ascendió a Q144 millones 826 mil. La decisión fue tomada por el Juzgado Tercero Penal, que además dictó prisión preventiva para el funcionario mientras continúa la investigación.

Los delitos por los que se le procesa son peculado culposo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. El Ministerio Público (MP) contará con un plazo de tres meses para profundizar la investigación, y la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 14 de julio de este año.

Contexto del caso y denuncias

El caso se originó a partir de tres denuncias presentadas por el diputado César Dávila Córdoba, la entonces ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Estas denuncias alertaron sobre irregularidades en el proceso de adquisición y manejo de fertilizantes por parte del MAGA.

Según la auditoría realizada por la CGC, se identificaron diversas fallas en la adjudicación de la compra, entre ellas el uso de direcciones falsas por parte de los proveedores, la recepción de productos sin etiquetas técnicas que certificaran su calidad, y un almacenamiento inadecuado de los fertilizantes, incluso expuestos a la intemperie.

Además, la auditoría señaló que se adjudicaron cantidades superiores a la capacidad operativa de los proveedores y que no se pudo comprobar la entrega efectiva de los fertilizantes a los beneficiarios finales. Estos hallazgos ponen en evidencia debilidades en los controles logísticos y técnicos durante el proceso de compra y distribución.

Detalles de las irregularidades detectadas

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) indicó que el proceso de compra se realizó mediante mecanismos de compra directa con oferta electrónica, pero sin los controles necesarios para asegurar la transparencia y la correcta gestión. No se definieron con claridad los beneficiarios ni los puntos de entrega de los fertilizantes, lo que generó un alto riesgo de irregularidades y posibles actos ilícitos.

Esto provocó que el producto no fuera almacenado adecuadamente, aumentando la probabilidad de pérdidas o mal manejo del insumo agrícola que es vital para pequeños y medianos productores en Guatemala, un país donde la agricultura representa una parte importante de la economía y el sustento de muchas familias rurales.

Acciones judiciales y detenciones

Dos meses después de los primeros allanamientos relacionados con esta investigación, la Feci reportó la captura de Nick Kenner Estrada Orozco en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Paralelamente, se emitieron órdenes de aprehensión contra otras personas vinculadas al caso, entre ellas el exministro de Agricultura Mynor Estrada y la exviceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Klemen Gamboa.

El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, donde se continuará con el proceso judicial conforme a las etapas establecidas por la ley.

Impacto y relevancia del caso en Guatemala

Este caso adquiere especial importancia en el contexto de Guatemala, donde la transparencia en la administración pública y la lucha contra la corrupción son temas prioritarios para fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana. La compra irregular de fertilizantes no solo representa un perjuicio económico significativo para el Estado, sino que también afecta directamente a los agricultores que dependen de estos insumos para mantener su producción y seguridad alimentaria.

El seguimiento a este proceso judicial será clave para determinar responsabilidades y establecer sanciones conforme a la ley, además de promover mejores prácticas en la gestión pública en el sector agrícola.

Próximos pasos en la investigación

La investigación continuará abierta durante al menos tres meses adicionales, periodo en el cual el Ministerio Público deberá recabar y analizar más pruebas para robustecer el caso. La audiencia de etapa intermedia, prevista para julio, será un momento crucial para definir si el proceso avanza hacia un juicio oral y público.

El seguimiento de este caso es fundamental para evidenciar el compromiso de las instituciones guatemaltecas en la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos, elementos indispensables para el desarrollo sostenible y la justicia en el país.

El equipo de El Oficial mantendrá informada a la población sobre los avances y resoluciones en este proceso judicial, que involucra a altos funcionarios del sector agrícola y que tiene un impacto directo en la gestión pública y la seguridad alimentaria de Guatemala.