
FECI solicita orden de captura contra Amelia Flores por compra de vacunas Sputnik V y descarta megacaso de corrupción
La FECI solicitó orden de captura contra Amelia Flores y otros exfuncionarios por irregularidades en la compra de vacunas Sputnik V. Fiscalía minimiza el caso y espera información de Rusia y EE.UU.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) ha solicitado la orden de captura contra la exministra de Salud, María Amelia Flores González, en el marco de la investigación sobre la compra de las vacunas Sputnik V contra el covid-19. La acción judicial, autorizada por el Juzgado Cuarto B de Primera Instancia Penal, se fundamenta en presuntas anomalías detectadas en el proceso de adquisición durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, aclaró que el caso no corresponde al denominado “megacaso” de corrupción que algunos sectores han intentado presentar. En cambio, lo calificó como un proceso con incumplimientos y fallas administrativas que han derivado en denuncias y requerimientos legales contra varios exfuncionarios.
Exfuncionarios implicados y delitos señalados
Además de Amelia Flores, la Fiscalía ha solicitado órdenes de captura contra Nancy Pezzarossi, exviceministra de Salud; Rommel Noguera Ávila, exjefe financiero; y Erick Delgado Urbina, todos ellos señalados por delitos relacionados con abuso de autoridad, falsedad ideológica, malversación e incumplimiento de deberes.
Estas acciones judiciales se derivan de denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC),diputados del Congreso de la República y ciudadanos, quienes señalaron irregularidades en el contrato y en la facultad para firmar el acuerdo de compra con la empresa Human Vaccine, proveedora de las dosis rusas.
Detalles del contrato y la compra de vacunas
El contrato para la adquisición de las vacunas Sputnik V se firmó en 2021 bajo cláusulas de confidencialidad, lo que dificultó la transparencia del proceso. Según la investigación, el acuerdo establecía la compra de 16 millones de dosis, que incluyen dos componentes por vacuna. Sin embargo, solo llegó al país el 50% de esa cantidad, aproximadamente 4 millones de dosis.
El costo pagado al Gobierno de Rusia ascendió a Q614 millones, con precios de US$9.95 y US$19.90 por vacuna. Este contrato fue complementado posteriormente con un acuerdo para incluir dosis de Sputnik Light, bajo condiciones adicionales que complicaron la ejecución del plan gubernamental.
Vencimiento y desperdicio de vacunas
La investigación también ha puesto en evidencia que los primeros lotes de Sputnik V caducaron en febrero de 2022, mientras que los últimos viales vencieron el 30 de abril del mismo año. Este vencimiento provocó el desperdicio de casi cinco millones de dosis, que permanecieron almacenadas en bodegas del Ministerio de Salud durante más de tres años, según reportes oficiales.
Las autoridades han señalado que una parte significativa de la población evitó aplicarse la vacuna debido a restricciones de ingreso a Estados Unidos para personas inmunizadas con dosis rusas, lo que complicó aún más la campaña de vacunación nacional.
Cooperación internacional y seguimiento al caso
Para profundizar en la investigación, la FECI ha solicitado cooperación internacional. El 15 de octubre de 2024 se solicitó asistencia formal a la Federación de Rusia para obtener información sobre la compra y distribución de las vacunas, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta.
Asimismo, se ha pedido colaboración a Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, para esclarecer la posible implicación del expresidente Alejandro Giammattei y del exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, ambos señalados en investigaciones relacionadas con sanciones bajo la Ley Engel y Magnitsky.
Curruchiche señaló que, aunque no se descartan acciones legales contra estas figuras, se debe esperar la información requerida para avanzar en la investigación. Cabe destacar que Giammattei actualmente goza de inmunidad parlamentaria por su condición de diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Balance y postura de la Fiscalía
El titular de la FECI reiteró que, a diferencia de las expectativas generadas por algunos sectores políticos, la compra de las vacunas Sputnik V no constituye un mega caso de corrupción, sino que se trata de incumplimientos contractuales y administrativos que han tenido repercusiones legales.
Entre las acciones que se cuestionan está la aceptación de vacunas con un tiempo de vida útil muy limitado, lo que generó pérdidas significativas para el Estado. La Fiscalía indicó que estas irregularidades serán sometidas a consideración judicial conforme avance el proceso.
Contexto en Guatemala
El caso de las vacunas Sputnik V se enmarca en un contexto nacional marcado por la gestión de la pandemia y la necesidad urgente de inmunización masiva. La adquisición de vacunas fue un tema sensible, dada la urgencia sanitaria y las limitaciones presupuestarias del Estado guatemalteco.
La investigación sobre esta compra se suma a otros procesos judiciales que buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, especialmente en áreas críticas como la salud.
Conclusiones
- La FECI ha solicitado órdenes de captura contra Amelia Flores y otros exfuncionarios por irregularidades en la compra de vacunas Sputnik V.
- Se descarta que este proceso sea un megacaso de corrupción y se orienta a incumplimientos contractuales y administrativos.
- Existen denuncias y solicitudes de cooperación internacional para esclarecer la participación de altos funcionarios, incluyendo al expresidente Giammattei.
- La compra involucró un contrato confidencial y la adquisición de aproximadamente 8 millones de dosis, de las cuales solo se recibió el 50%.
- La expiración y el desperdicio de las vacunas han sido factores críticos en la evaluación del caso.
El seguimiento de esta investigación continúa y se espera que en los próximos meses se tengan avances significativos que contribuyan a la transparencia en la gestión pública y al fortalecimiento institucional en Guatemala.
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