FMI urge destrabar la Dipp ante retrasos en reglamento, presupuesto y financiamiento

infraestructura en Guatemala

|

Suscriptores

Al menos tres factores administrativos que el directorio de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (Dipp) aún no ha resuelto han impedido el avance institucional y retrasado la operatividad del modelo para el mantenimiento y control de la red vial terrestre aprobado por el Congreso de la República.

El cronograma de implementación refleja atrasos. Lo más evidente son los pendientes relacionados con sus funciones, atribuciones y competencias desde la perspectiva administrativa. En cuanto a los tramos prioritarios y la ejecución de obras, los avances han sido escasos.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI),que concluyó la evaluación de Guatemala conforme al Artículo IV, recomendó el pasado 5 de junio “desbloquear la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Si ello requiere modificaciones legislativas, estas también deberían garantizar que la estructura de financiamiento de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria no incremente las elevadas rigideces presupuestarias”.

Además, recomendó fomentar una mayor participación del sector privado en la inversión en infraestructura mediante la aprobación de las leyes de puertos y aeropuertos, así como la plena aplicación de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Estas conclusiones del FMI se dieron en el marco de la sostenibilidad de la economía nacional para los próximos años, en función de posibles medidas compensatorias ante una desaceleración de las remesas familiares, que representan el 20% del producto interno bruto (PIB),así como del objetivo de alcanzar el grado de inversión.

Dipp acumula atrasos

Consultado sobre este asunto, el viceministro de Finanzas, Carlos Augusto Melgar Peña, quien actúa como representante suplente ante el directorio de la Dipp, confirmó que existen tres aspectos pendientes de resolver. Indicó que esperan concluirlos en los próximos meses y que se trabaja en distintos mecanismos para superar esos obstáculos, un asunto en el que se ha insistido.

Durante el primer semestre, el directorio redujo la frecuencia de sus sesiones a dos por mes. Anteriormente celebraba una por semana, es decir, unas cuatro sesiones mensuales.

Según el viceministro, está pendiente la incorporación de la Dipp al sistema de finanzas públicas, de manera que cuente con una estructura presupuestaria propia. Explicó que ese proceso aún no ha concluido y que se trabaja para completarlo.

Otro aspecto pendiente es la aprobación del reglamento de la ley para que pueda entrar en funcionamiento. Se conoce que se han presentado varias versiones del reglamento, pero aún no han sido aprobadas porque continúan en revisión por parte de instituciones como la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La ley no puede cobrar vigencia si no cuenta con el reglamento.

El directorio de la Dipp está integrado por un representante titular y uno suplente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; del Ministerio de Finanzas Públicas; del Ministerio de Economía; así como del Colegio de Ingenieros de Guatemala y del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala.

Fondo vial sigue pendiente

Hay avances en ese proceso, pero aún es necesario continuar con la arquitectura institucional, remarcó el viceministro durante una conferencia de prensa.

Para el funcionamiento operativo, explicó, es necesaria la creación del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip),conforme lo establece la ley.

Añadió que, mientras no se completen los requisitos legales para transferir los recursos financieros previstos en la normativa, el Fovip no podrá constituirse. A su juicio, esta es la segunda decisión importante que debe asumir el directorio.

Posteriormente vendrá la fase operativa de la Dipp, que incluye su implementación, la revisión de los tramos carreteros y su atención.

“Todavía estamos en esta fase. Hasta que el directorio de la Dipp termine este ciclo, el Ministerio de Finanzas Públicas tendrá la habilitación para trasladar los recursos. Estas fases no se han agotado y por eso no se han hecho los traslados”, aclaró Carlos Augusto Melgar Peña.

En todo caso, afirmó que la expectativa es concluir estas fases en los próximos meses.

Dipp existe, pero no opera

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa),indicó que la Dipp existe como mandato legal mediante el Decreto 24-2024, pero aún no en la práctica. Además, sostuvo que esa situación responde a una cultura institucional de incumplimiento de la ley arraigada durante años.

Respecto del reglamento pendiente, afirmó que, sin esa norma secundaria, los procedimientos de contratación, supervisión y recepción de obras carecen de una base reglamentaria sólida.

Añadió que aún no se ha definido el mecanismo de transferencia financiera ni se cuenta con un clasificador y un programa presupuestarios propios.

Asimismo, señaló que tampoco se ha definido el salario de la gerente de la Dipp, Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado, conforme a lo establecido en la ley, lo que evidencia que la implementación de la normativa no figura entre las prioridades.

En cuanto a las implicaciones de estos vacíos, el directivo afirmó que la ejecución de proyectos bajo el nuevo modelo, en el que podrían participar empresas de Estados Unidos, sigue sin concretarse, lo que, a juicio de Zapata, constituye un incumplimiento del acuerdo arancelario suscrito con ese país.

Los proyectos priorizados en el portafolio de la Dipp, como corredores viales, puentes estratégicos y vías de exportación no pueden iniciar el proceso de contratación porque no existe una unidad ejecutora con capacidad legal para comprometer gasto.

Según Zapata, esta situación genera:

• Atraso en la cartera de infraestructura vial prioritaria, que constituía el activo político-institucional más visible del Decreto 24-2024.
• Pérdida de la ventana de ejecución. En Guatemala, el ciclo efectivo para ejecutar obras abarca de marzo a octubre. Cada mes perdido en la estructura institucional representa un mes menos de trabajo en campo.
• Señales negativas para la inversión privada.
• Riesgo reputacional para el Gobierno.

Proponen ruta para activar la Dipp

Zapata indicó que, como parte de una solución de corto plazo, se ha trazado una hoja de ruta para que, en un plazo de tres a cuatro meses, se cuente con un reglamento y se emita el acuerdo gubernativo correspondiente.

Las acciones previstas son las siguientes:

• El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) lideran una mesa técnica con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Dipp para aprobar el reglamento por la vía de urgencia.
• Se crea un programa presupuestario específico en el presupuesto vigente mediante una modificación presupuestaria, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto.
• Se habilita una cuenta bancaria institucional en el Banco de Guatemala (Banguat).
• Se define un esquema de transferencia mediante un fondo especial con una subcuenta de la Dipp dentro del Minfin, con informes trimestrales a la Contraloría General de Cuentas.

Según Zapata, estas medidas permitirían cumplir con la ley, comenzar a remunerar a la gerente conforme a condiciones de mercado y dotar al modelo de una base legal ordenada y de plena certeza jurídica.

Dipp sigue sin operar plenamente

Consultada sobre las implicaciones de que aún estén pendientes varios procesos administrativos, la Gremial Logística de Guatemala (GLG),adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG),señaló que, aunque la Dipp ya fue creada, todavía no cuenta con todos los mecanismos administrativos, presupuestarios y financieros necesarios para operar plenamente.

Explicó que aún faltan normas y procedimientos que permitan recibir, administrar y ejecutar recursos de manera eficiente y transparente. Sin esa estructura, la institución enfrenta serias limitaciones para convertir la planificación en proyectos ejecutados.

Retrasos elevan costos logísticos

Al igual que Fundesa, la Gremial Logística de Guatemala (GLG) considera que la principal consecuencia ha sido el retraso en la puesta en marcha de proyectos de infraestructura vial prioritaria.

“Para el sector productivo, las consecuencias son tangibles. Guatemala enfrenta costos logísticos superiores a los de varios países de la región debido a problemas de conectividad, congestionamiento, deterioro de carreteras y limitaciones en corredores estratégicos. Cada retraso en la modernización de la infraestructura implica mayores costos de transporte, menor productividad, tiempos de tránsito más prolongados y una reducción de la competitividad nacional”, remarcaron.

Añadieron que esta situación también puede generar incertidumbre entre inversionistas y organismos de financiamiento.

Gremial pide agilizar operación de la Dipp

En cuanto a las posibles soluciones de corto plazo, la Gremial Logística de Guatemala (GLG) considera que la prioridad es completar los instrumentos reglamentarios y financieros pendientes para que la Dipp pueda operar plenamente.

“Paralelamente, se pueden establecer mecanismos transitorios de coordinación con el Ministerio de Finanzas y otras entidades para evitar retrasos adicionales. También sería importante definir una hoja de ruta clara con plazos y responsabilidades para dar certeza sobre la implementación. Lo importante es evitar que los desafíos administrativos se conviertan en una barrera permanente para la ejecución de infraestructura que el país necesita con urgencia”, resaltaron.