Fundesa advierte sobre costo fiscal sin límites en la Ley de Cine aprobada por el Congreso

La Ley de Cine aprobada por el Congreso abre la posibilidad de que parte de los impuestos que deben pagar las empresas se destinen al financiamiento de producciones cinematográficas. Sin embargo, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) advierte que este mecanismo y otros beneficios fiscales no tienen un límite anual, lo que podría representar un costo sin techo definido para el Estado.

La normativa, aprobada de urgencia nacional el 10 de noviembre con 132 votos, crea el Instituto Guatemalteco de Cine (IGC), el Consejo Nacional de Cinematografía y el Registro Cinematográfico Guatemalteco. También establece un fondo público para apoyar producciones audiovisuales y contempla incentivos tributarios para atraer inversión a la industria.

Uno de los mecanismos aprobados permite que las empresas que aporten dinero a proyectos cinematográficos guatemaltecos certificados utilicen ese aporte para cubrir parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deben pagar.

El beneficio tiene un límite del 35% del impuesto determinado. Por ejemplo, si una empresa debe pagar Q100 mil de ISR, puede aportar hasta Q35 mil a un proyecto de cine y acreditar esa cantidad contra el impuesto. De esa manera, pagaría Q65 mil a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La ley también permite que los productores guatemaltecos recuperen hasta el 30% de su inversión y que los productores extranjeros no residentes reciban una devolución de hasta el 20%.

Es precisamente este esquema el que genera las principales observaciones de Fundesa. En un análisis divulgado el 11 de noviembre, la entidad advierte que los incentivos podrían reducir los ingresos tributarios del Estado sin que exista un límite global anual para su aplicación.

“El paquete fiscal es generoso y abierto”, señala la fundación. En su análisis explica que ni el crédito contra el ISR ni las devoluciones tienen un techo anual. Por ello, advierte que “el costo dependerá de la demanda, no de una decisión presupuestaria”.

Otro de los riesgos identificados es que un mismo proyecto pueda recibir dos beneficios al mismo tiempo, siendo el crédito fiscal para la empresa que aporta dinero y la devolución de una parte de la inversión al productor, citando el artículo 28 y 29 de la normativa aprobada por los congresistas. Según Fundesa, la ley no prohíbe expresamente esa combinación.

La fundación también cuestiona que el Ministerio de Finanzas deba asignar recursos al nuevo Instituto Guatemalteco de Cine según los proyectos que presente, sin que se haya establecido un monto inicial para ese financiamiento.

Fundesa pide poner límites a los beneficios

Además del impacto tributario, Fundesa identifica riesgos en la administración de los incentivos. El Instituto Guatemalteco de Cine tendrá la responsabilidad de certificar los proyectos que podrán acceder a los beneficios fiscales, mientras que el Consejo Nacional de Cinematografía tendrá participación en el nombramiento del director de esa entidad.

“El control de la SAT llega después de otorgado el beneficio”, advierte Fundesa, al señalar que la fiscalización tributaria se realiza después de que los proyectos reciben la certificación.

Ante estos riesgos, la fundación propone establecer un monto máximo anual para los créditos fiscales y las devoluciones, y que el Ministerio de Finanzas y la SAT publiquen cuánto dinero deja de recaudar el Estado por estos mecanismos.

Sin necesidad de reformar el decreto, Fundesa considera que el reglamento de la ley será una oportunidad para corregir, lo que según su evaluación, son los vacíos identificados.

Según su análisis, este deberá emitirse dentro de los 90 días posteriores a la integración del Consejo Nacional de Cinematografía y podrá establecer límites para evitar la acumulación de beneficios fiscales, reglas de transparencia y un trámite más ágil para la Licencia de Rodaje.

También recomienda impedir que un mismo gasto permita obtener dos beneficios fiscales, publicar los nombres de los beneficiarios y los montos otorgados y evaluar cada tres años cuánto empleo e inversión genera la industria frente al costo que representan los incentivos.

Fundesa reconoce que el cine puede generar empleo e inversión, pero considera necesario que el apoyo por parte del Estado tenga límites y mecanismos para medir sus resultados. “Para que la ley cumpla esa promesa, el apoyo debe ser medible, acotado y transparente”, concluye el análisis.

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