Fundesa analiza transformación del sistema penitenciario para combatir el crimen

El cuarto de los foros que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) desarrolla previo al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) del 2026 se centró en los “Retos y oportunidades del Sistema Penitenciario”.

Durante el evento, realizado este 22 de julio, se abordó la crisis del sistema penitenciario guatemalteco, con ejes como el déficit de personal y la gestión de recursos humanos, el control interno y la seguridad en los centros carcelarios, así como la rehabilitación social como fin último del sistema penitenciario.

Kane Matheu, asesor del Ministerio de Gobernación, reconoce que existe una deuda histórica en el sistema penitenciario, que se traduce en un grave déficit de personal técnico, así como de guardias en los centros carcelarios.

“Se mencionaba una cifra preocupante, sí, de un guardia por cada quince privados de libertad, pero es en un día bueno, ideal, pero a veces, contemplando las faltas por suspensión, por salud, por llamadas de atención, llegan a ser incluso de un guardia por cada treinta privados de libertad, entonces la magnitud se amplía”, afirma.

Control interno y modelos de gestión

Luis José Juárez, exinspector general y exdirector del Sistema Penitenciario (SP), comentó durante el foro que, en su gestión, se dio una experiencia exitosa en el centro carcelario Renovación 1, donde durante cinco meses no hubo ingreso de ilícitos. Según indicó, la clave de este logro fue el intercambio de inteligencia entre la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), la inteligencia penitenciaria y la inteligencia militar del Ejército.

También aseguró que se mantuvo un monitoreo y vigilancia permanentes con cámaras y escáneres desde un centro externo, a cargo de una empresa privada y no de guardias del Sistema Penitenciario.

“En mi tiempo que fui inspector general, cuando se hizo Renovación 1, yo fui el encargado de perfilar a todas esas personas que iban a ir a Renovación 1 —reclusos— junto con un equipo que tenía el Ministerio de Gobernación, Dirección General de Inteligencia Civil y Sistema Penitenciario. Durante cinco meses no hubo un solo ingreso de ilícitos a esa cárcel”, aseguró.

Según indicó Juárez, cada vez que un guardia se acercaba a un privado de libertad, se verificaba por medio de las cámaras de seguridad y se le cuestionaba sobre los motivos por los cuales había realizado el acercamiento; además, se le sancionaba si no había alguna justificación. También aseguró que en este centro carcelario se buscó una guardia nueva, sin vínculos con otros centros, lo que evitaba malas prácticas.

El exfuncionario también indicó que es de suma importancia que exista un aparato eficaz de inteligencia penitenciaria, por medio del cual se pueda accionar de manera inmediata ante cualquier situación que pueda darse dentro de las cárceles.

“La inteligencia no sirve, si no te alimenta con información. Esas alertas preventivas nos facilitan llegar a tiempo al lugar”, comentó.

Rehabilitación social y desafío sistémico

Alejandro Marambio, asesor penitenciario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), explica que el problema es sistémico y que la reinserción social es el eslabón “más débil”, precisamente porque todos los demás componentes dentro del sistema penitenciario fallan.

“La protección de la sociedad contra el crimen no descansa solo en el encierro, sino trabajar con las personas privadas de libertad. Cómo se hace, a través del trabajo penitenciario de tratamiento. Ahora, si todos los otros componentes están fallando, inevitablemente va a ser el último eslabón de la cadena, el tema de reinserción”, asegura.

Marambio también comenta que la institución penitenciaria ha perdido de vista ese fin, ya que actualmente el propósito es evitar fugas, decomisar celulares y evitar la corrupción. Además, aclara que la reinserción social no es competencia exclusiva del Sistema Penitenciario.

“El sistema penitenciario brinda las condiciones, debe brindar las condiciones de posibilidad para que el resto de las carteras del Estado, para que la sociedad civil, para que las empresas apoyen en la reinserción social. No es un tema penitenciario, porque además no va a haber un experto penitenciario en reinserción social realmente, porque el componente de reinserción social empieza en la cárcel y termina en la sociedad”, aseveró.

Datos presentados

En el evento también se presentaron datos y estadísticas recopilados por la Coalición por la Seguridad Ciudadana, integrada por Fundesa, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y Crime Stoppers Guatemala.

La información presentada revela que, a nivel global, la tasa promedio de privados de libertad por cada 100 mil habitantes es de 145. Sin embargo, Guatemala presenta la menor tasa de encarcelamiento de Latinoamérica, con 123, muy por debajo de la media, mientras que El Salvador reporta una tasa de 1 mil 659, la más alta de la región.

El estudio también indica que la población reclusa en el país se triplicó entre el 2008 y el 2020, superando los 25 mil internos. Aunque desde la pandemia de covid-19 se registró un descenso, la cifra se estancó en el 2025. El análisis también revela que el costo diario por privado de libertad asciende a Q118.41, mientras que el presupuesto vigente del Sistema Penitenciario para este año es de Q991 millones, equivalente al 0.08% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio centroamericano de 0.17%.

El Sistema Penitenciario opera con un déficit de personal, ya que hay aproximadamente 4 mil guardias por cada 15 reos. Los guardias reciben un salario de Q6 mil 100 mensuales y trabajan en turnos de ocho por ocho días. Esto se agrava porque no existe una carrera penitenciaria ni un régimen disciplinario propio, por lo que el personal se rige por la Ley de Servicio Civil y permanece en el nivel 1 sin posibilidades de ascenso.

En materia de control interno, entre enero y julio del 2026 se incautaron 1 mil 780 celulares. La falta de tecnología, como escáneres y bloqueo de señal, facilita el ingreso de ilícitos a las cárceles. Asimismo, se han registrado 178 denuncias por cobro de “talacha”, con más de Q2 millones pagados por este delito tipificado en la Ley Antipandillas.

El estudio también indica que el área de rehabilitación recibe solo el 0.4% del presupuesto total. La reincidencia alcanza el 60% y el personal de rehabilitación incluye únicamente a nueve médicos, uno por cada 2 mil 500 internos; 22 psicólogos, uno por cada 1 mil 45 internos; 66 enfermeros y 13 trabajadores sociales, entre otros.

Los datos también revelan que en el 2019 la ocupación carcelaria alcanzó el 374% de la capacidad instalada, según un estudio del Cien.

Otro aspecto que resalta el informe es que en los últimos 15 años no se ha construido ningún centro carcelario nuevo. En las cárceles, los espacios aumentaron de 6 mil 812 en el 2023 a 7 mil 922 en el 2025 y únicamente se han realizado ampliaciones menores y la reubicación de instalaciones de la PNC.