Gas natural en la PEG 5: oportunidades y desafíos en contratos, precios y regulación

La quinta licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG 5) en Guatemala ha marcado un precedente al incluir la generación eléctrica a partir de gas natural y otros tipos de gas, principalmente propano y etano. Esta innovación ha despertado tanto expectativas como cuestionamientos en el sector energético, especialmente en lo referente a la instalación de plantas, almacenamiento flotante y la capacidad regulatoria del país para gestionar estos proyectos.

Durante la fase de recepción de ofertas, se registraron propuestas por un total de 3,797 megavatios (MW),de los cuales aproximadamente 1,220 MW corresponden a diferentes tipos de gas. Esta cifra representa una participación significativa de este recurso energético en comparación con licitaciones anteriores, evidenciando el interés de inversionistas en diversificar la matriz energética nacional.

Aspectos técnicos y regulatorios en debate

Entre las inquietudes planteadas por los participantes destacan la capacidad del sistema de transmisión eléctrica para soportar el volumen generado por las nuevas plantas a gas, así como los permisos necesarios para su instalación y operación. La coordinación interinstitucional y el acompañamiento gubernamental en la gestión de aprobaciones se consideran elementos clave para el desarrollo exitoso de estos proyectos.

El gas natural es visto como una tecnología transitoria que puede facilitar la transición hacia fuentes renovables, aunque su implementación en Guatemala representa un desafío pionero. La ausencia de una regulación específica para el almacenamiento flotante de gas en el mar ha sido un tema recurrente, aunque se han realizado avances mediante la publicación de anexos técnicos en las bases de licitación que establecen requisitos para los oferentes.

El almacenamiento flotante y la complejidad normativa

El almacenamiento flotante implica la utilización de buques tanque que almacenan gas licuado en alta mar y lo regasifican antes de su transporte terrestre hacia las plantas generadoras. Sin embargo, la falta de una regulación clara sobre la jurisdicción y autorización de estas instalaciones genera incertidumbre. Instituciones como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de la Defensa Nacional y la Comisión Portuaria Nacional se perfilan como actores involucrados en la aprobación y supervisión de estas infraestructuras.

Asimismo, las autoridades están trabajando en mesas interinstitucionales para definir con claridad qué entidad debe otorgar los permisos y bajo qué condiciones se debe operar, especialmente en lo relativo al tendido de gasoductos submarinos y la protección ambiental.

Contratos, precios y riesgos financieros

El modelo de contratación para la generación a gas natural presenta desafíos particulares, sobre todo en relación con el esquema "take or pay", que obliga a los compradores a pagar por el gas contratado aunque no sea consumido. Esto se complica por el carácter de la subasta inversa que prioriza la generación más económica, lo que podría favorecer a las fuentes renovables y desplazar temporalmente a las plantas a gas.

Este escenario introduce incertidumbre en la planificación financiera y logística, ya que los inversionistas deben equilibrar la magnitud de la inversión, los riesgos contractuales y la posible volatilidad de los precios internacionales del gas. Además, la logística de importar y transportar gas natural representa un costo considerable que puede limitar la reducción de precios en la generación eléctrica.

Inversiones y actores participantes

Entre los oferentes que presentaron propuestas para generación con gas natural destacan empresas como Aurora Energy (405 MW),Cardinal Energy (310 MW),CH4 Systems LLC (230 MW),Genor y Supra Energy (45 MW cada una),City Petén (15 MW) y Energía del Caribe (120 MW). La participación de estas compañías refleja un interés creciente en incorporar esta tecnología al mercado eléctrico guatemalteco.

Algunos actores, como City Petén, que produce gas natural en la región de Petén, reconocen los retos logísticos que implica la importación de gas, particularmente en puertos, aunque consideran viable la expansión de sus operaciones y una posible contribución a la estabilización o reducción de precios eléctricos, pese a los costos asociados.

Perspectivas y desafíos para el sector eléctrico guatemalteco

Expertos señalan que la ampliación de la red de transporte eléctrico será fundamental para integrar la generación a gas natural. Se espera que el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) juegue un papel relevante en el desarrollo de nuevas líneas de transmisión, así como que se promueva la inversión privada en este ámbito.

El suministro de tecnología y equipos especializados, junto con la especialización del personal en temas de almacenamiento y regasificación, son aspectos que podrían incidir en los plazos de ejecución y los costos finales. Por ello, la flexibilidad en la definición de fechas de inicio de suministro que ofrece la PEG 5 representa un elemento positivo para adecuar los proyectos a la realidad del mercado.

Infraestructura portuaria y marítima

La infraestructura para el almacenamiento y transporte de gas natural, ya sea mediante gasoductos submarinos o instalaciones en puertos, enfrenta limitaciones físicas y regulatorias. En Puerto Quetzal, por ejemplo, se ha propuesto un modelo similar al manejo de gas propano, con tuberías bajo la dársena hasta los depósitos terrestres.

Otra opción es ubicar los buques de almacenamiento mar afuera, amarrados a boyas conectadas a tuberías submarinas, lo cual requeriría la autorización del Ministerio de la Defensa Nacional, dada la jurisdicción sobre la franja marina. Esta alternativa podría ser más viable dada la capacidad limitada de las instalaciones portuarias actuales.

Conclusiones

La incorporación del gas natural en la licitación PEG 5 representa una oportunidad para diversificar la matriz energética de Guatemala y avanzar en la transición hacia fuentes más limpias. No obstante, este proceso implica retos técnicos, regulatorios y financieros que deberán ser abordados con un enfoque coordinado entre el sector público y privado.

El éxito de la implementación dependerá en gran medida del desarrollo normativo que regule aspectos como el almacenamiento flotante, la infraestructura portuaria y marítima, así como la gestión eficiente de permisos y autorizaciones. Asimismo, será fundamental diseñar esquemas contractuales que incentiven la inversión y mitiguen riesgos, garantizando la estabilidad y competitividad del mercado eléctrico guatemalteco.