Gobernación presenta nuevo protocolo de visitas para evitar ingreso de ilícitos en prisiones guatemaltecas

El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció la preparación de un nuevo protocolo con la finalidad de reforzar el control en los centros penitenciarios y evitar el ingreso de objetos ilícitos durante las visitas a privados de libertad. Esta medida responde a la urgente necesidad de mejorar la seguridad dentro del Sistema Penitenciario (SP),que actualmente enfrenta un problema crítico de hacinamiento y deficiencias en infraestructura y recursos humanos.

En una reciente entrevista concedida a un medio nacional, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que Guatemala cuenta con 24 cárceles con capacidad para aproximadamente seis mil personas, sin embargo, la población penitenciaria asciende a casi 24 mil privados de libertad, lo que representa un hacinamiento del 340%. Esta situación dificulta el control efectivo y genera condiciones propicias para la corrupción y el ingreso de ilícitos.

Detalles del nuevo protocolo de visitas

El funcionario señaló que el protocolo contempla la implementación de módulos de visitas con separación física entre los visitantes y los privados de libertad. Esta barrera permitiría minimizar la posibilidad de ingreso de objetos prohibidos y facilitaría un mejor control de la comunicación durante las visitas. Se planea iniciar esta implementación en prisiones de alta complejidad como Renovación 1, Pavoncito, El Boquerón y Chimaltenango.

Además, para garantizar la seguridad de los menores que visitan a personas privadas de libertad, se firmó un convenio con el Registro Nacional de las Personas (Renap) que exige la presentación de partida de nacimiento y comprobación de parentesco. Sin esta documentación, no se permitirá la visita. Actualmente, las visitas están suspendidas debido al estado de sitio y se evalúa su reanudación una vez que finalice el estado de prevención.

Medidas contra el ingreso de ilícitos y corrupción interna

El ministro informó que se mantienen operativos conjuntos con el Ejército para apoyar en los controles de ingreso y fortalecer la seguridad perimetral de los centros penitenciarios. También se realiza un control militar permanente que incluye requisas tanto a privados de libertad como a guardias, con el objetivo de evitar la introducción de objetos ilícitos y disminuir la connivencia dentro de las prisiones.

Se han aislado a cabecillas de estructuras criminales y mejorado los protocolos para el ingreso de encomiendas. Entre las acciones destacadas está el desmantelamiento de “call centers” desde donde se coordinaban extorsiones, así como la detección de dispositivos tecnológicos no autorizados, incluyendo la utilización de antenas satelitales tipo Starlink para generar señales independientes dentro de las cárceles.

Desafíos estructurales y reformas en el sistema penitenciario

El ministro Villeda reconoció que el SP enfrenta tres retos principales: el hacinamiento, la infraestructura y la insuficiencia del recurso humano. Actualmente, solo cuatro mil guardias penitenciarios custodian a casi 24 mil privados de libertad; además, su salario ronda los Q4 mil mensuales, y no existe una estructura jerárquica definida, lo que afecta el control y facilita actos de corrupción.

Como parte de las estrategias para reducir el hacinamiento, se trabaja en reformas legales, entre ellas una modificación a la Ley contra el Lavado de Dinero que permitiría la excarcelación de aproximadamente seis mil personas que ya cumplieron sus condenas pero permanecen detenidas por multas impagas. Asimismo, se impulsa el uso de controles telemáticos como medidas sustitutivas para evitar que personas con delitos menores ingresen o permanezcan en prisión preventiva innecesariamente.

Colaboración con el Ejército y debate sobre militarización

El funcionario señaló que, aunque la guardia penitenciaria requiere formación especializada, el Ejército colabora principalmente en el control externo y en la seguridad perimetral de las prisiones. Respecto a la posibilidad de militarizar las cárceles, indicó que dicho tema es objeto de debate, dado que la función militar está orientada a otras áreas, y que la formación específica para custodiar centros penitenciarios es indispensable.

Impacto del Plan Centinela y operaciones en Escuintla

En relación con la seguridad pública, el ministro destacó que tras los ataques a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos en enero, fue necesario aislar a líderes criminales dentro de las cárceles, lo que ha contribuido a una reducción significativa en los homicidios, alcanzando niveles mínimos no vistos en los últimos 25 años.

Sobre el Plan Centinela, implementado inicialmente en Escuintla, el funcionario resaltó las operaciones conjuntas con el Ejército, el fortalecimiento de la comisaría local y la instalación de una oficina de Investigaciones Criminológicas. Gracias a estas acciones, lograron registrar 12 días consecutivos sin homicidios en el departamento. El plan se ha ampliado con la puesta en marcha del Plan Centinela Metropolitano, que comenzó en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala y se proyecta extender a otras áreas.

Proyectos de infraestructura penitenciaria y relación con comunidades

El ministro también informó sobre los proyectos para construir nuevas cárceles en Masagua, Escuintla, e Izabal. Se han iniciado acercamientos con las comunidades locales para explicar los beneficios de estos proyectos, incluyendo la generación de empleo local durante la construcción. Se advirtió que cualquier intento de bloquear estas obras por parte de autoridades municipales podría constituir un delito y dar lugar a denuncias formales.

Respecto a la cárcel en Izabal, se aclaró que estará ubicada alejada de centros urbanos, con la población más cercana aproximadamente a dos kilómetros, y contará con estrictos controles de seguridad.

Conclusiones

El Ministerio de Gobernación reafirma su compromiso con la transformación y control efectivo del Sistema Penitenciario guatemalteco. Las nuevas medidas, que incluyen la implementación del protocolo de visitas con barreras físicas, el fortalecimiento de controles internos y la colaboración con las fuerzas de seguridad, buscan atender de manera integral los problemas de hacinamiento, corrupción y seguridad que afectan a las prisiones del país.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo mayor para mejorar la seguridad pública y garantizar un sistema penitenciario que cumpla con las normativas, proteja los derechos humanos y contribuya a la reducción de la criminalidad en Guatemala.