Gobierno de Guatemala avanza en estudio para verificar y ordenar recursos humanos estatales

El Gobierno de Guatemala se encuentra en la fase de desarrollo de un estudio exhaustivo para verificar la asignación y funciones del personal que labora en las instituciones públicas del Estado. Esta iniciativa busca ordenar tanto la estructura del recurso humano como las escalas salariales, con el objetivo de optimizar la administración pública y garantizar una remuneración competitiva y justa.

Contexto y alcance del estudio

Durante una conferencia de prensa el 27 de enero de 2026, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que el proceso de verificación y comparecencia en materia de recursos humanos está en marcha y no se limita únicamente al Organismo Ejecutivo, sino que aborda una problemática estructural que afecta a todo el Estado guatemalteco.

El mandatario destacó que “existe un desorden absoluto en términos de escalas de remuneración por las funciones que se están cumpliendo” en las diferentes instituciones públicas. Por esta razón, el estudio pretende avanzar hacia la construcción de una escala salarial razonable que permita la comparabilidad entre cargos que desempeñan funciones similares y que, a la vez, sea competitiva frente al sector privado.

“El Estado necesita tener salarios que sean atractivos también para los mejores profesionales”, señaló Arévalo, quien reconoció que este es un trabajo complejo, de mediano plazo, que requiere un análisis detallado para poder presentar propuestas concretas en los próximos meses.

Mecanismos de verificación y procesos involucrados

El estudio se realiza con el acompañamiento de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC),que desde finales de 2024 inició un proceso de verificación y comparecencia en recursos humanos en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP). La ONSEC explicó que su Unidad de Auditorías de Recursos Humanos supervisa que los servidores públicos y contratistas estén debidamente asignados y cumplan con las funciones correspondientes a sus cargos.

La SCEP se convirtió así en la institución número 33 del Organismo Ejecutivo donde se implementa este mecanismo. El procedimiento consiste en citar a los servidores públicos y contratistas para que se identifiquen y detallen las actividades que desempeñan. Posteriormente, esta información es cotejada con las bases de datos oficiales, como Guatenóminas y el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos (SIARH),con el fin de validar la adecuada asignación del personal.

Antecedentes y problemática salarial

El anuncio del Gobierno surge en un contexto marcado por la polémica en torno a los salarios de la Superintendencia de Competencia, un ente autónomo del Estado que había aprobado un aumento salarial para sus directores, fijando remuneraciones de hasta Q75 mil mensuales. Posteriormente, los integrantes del directorio revirtieron esta medida tras críticas públicas.

El presidente Arévalo comentó que, dado el carácter autónomo de esta institución, pudo fijar salarios que no habrían sido autorizados dentro del Organismo Ejecutivo, calificando estos montos como “fuera de proporción para lo que eso funciona”. Asimismo, expresó su expectativa de que se adopten “decisiones razonables” en materia salarial, en coherencia con los resultados del estudio que se está realizando.

Datos históricos y retos estructurales

El último censo nacional que midió el recurso humano del Estado se llevó a cabo entre 2017 y 2018, con resultados publicados en noviembre de 2019. Este Primer Censo Nacional del Recurso Humano del Estado reveló que Guatemala contaba con 292,753 funcionarios públicos distribuidos en 85 instituciones.

El estudio evidenció que el 64% de los trabajadores tenía plazas fijas, mientras que un 32% ocupaba cargos temporales y un porcentaje menor se encontraba bajo modalidades “a destajo” o “ad honorem”. Por otro lado, aunque la distribución por género era casi equitativa (50.15% mujeres y 49.85% hombres),se detectó una brecha salarial significativa en los cargos con remuneraciones superiores a mil 500 dólares mensuales, favoreciendo mayoritariamente a los hombres.

Este panorama refleja la necesidad de una revisión integral que garantice la equidad y la eficiencia en la gestión del recurso humano estatal.

Implicaciones para la administración pública guatemalteca

El proceso en marcha pretende no solo ordenar las escalas salariales, sino también asegurar que cada servidor público y contratista cumpla con funciones adecuadas a su perfil y al espacio administrativo que ocupa. Esto tiene un impacto directo en la mejora de la gestión estatal, el control del gasto público y la transparencia en la administración de recursos humanos.

Además, establecer una estructura salarial competitiva es fundamental para atraer y retener talento calificado en el sector público, aspecto clave para fortalecer las instituciones y mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Perspectivas y próximos pasos

El Gobierno ha señalado que el estudio es un trabajo de mediano plazo que requiere análisis detallados y la colaboración de diversas entidades públicas. Se espera que en los próximos meses se presenten propuestas concretas que orienten las políticas salariales y de gestión de personal en el Estado.

Esta iniciativa es parte de un esfuerzo mayor por modernizar y transparentar la administración pública guatemalteca, en línea con los retos que enfrenta el país para lograr mayor eficiencia, equidad y competitividad en el sector estatal.

En resumen, el estudio en curso representa un paso significativo hacia la ordenación del recurso humano público y la construcción de un sistema salarial más justo y funcional en Guatemala.