Gobierno enfrenta retrasos en ejecución de proyectos carreteros a mitad de mayo

A casi seis meses de iniciado el 2026, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) mantiene un preocupante retraso en la ejecución de proyectos viales fundamentales para el país. A poco más de 18 meses para el cierre de la actual administración gubernamental, decenas de obras para el mantenimiento y mejoramiento de la red carretera guatemalteca aún no han comenzado a implementarse, lo que podría afectar la movilidad y seguridad vial, especialmente con la llegada de la temporada de lluvias.

Plan de Acción y Mantenimiento pendiente de ejecución

En enero pasado, el Consejo Consultivo del Ministerio aprobó el Plan de Acción y Mantenimiento para las distintas rutas nacionales y departamentales. Este plan contempla una serie de proyectos que incluyen bacheo, limpieza, mantenimiento de terracerías, reparación de puentes y señalización vial, distribuidos a lo largo del territorio nacional.

Sin embargo, la mayoría de estos trabajos aún no han sido iniciados formalmente. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial),responsable de la ejecución, reporta que aún están pendientes de concluir trabajos adjudicados en el último trimestre del año anterior, lo que genera un efecto dominó en la puesta en marcha de las nuevas obras.

Detalles del Plan y presupuesto asignado

• 41 proyectos de bacheo con una inversión de Q162 millones
• 62 proyectos de limpieza vial por Q84 millones
• 36 proyectos de mantenimiento de terracería por Q162 millones
• 9 proyectos para mantenimiento de puentes por Q36 millones
• 5 proyectos de señalización vial con una inversión prevista de Q75 millones, en etapa de prebases para licitación

Estos proyectos forman parte del plan aprobado para el 2026, pero su ejecución está aún en fase inicial o pendiente de adjudicación.

Presupuesto y baja ejecución

Covial cuenta con el presupuesto más alto dentro del Ministerio de Comunicaciones para el presente año. Inicialmente se asignaron Q2 mil 210 millones, pero tras ajustes internos, el monto final disponible asciende a Q3 mil 123 millones.

A pesar de contar con estos recursos, la ejecución hasta la fecha es limitada, alcanzando solo Q290 millones, lo que representa alrededor del 12% del total presupuestado. Esta baja cobertura en la inversión preocupa a expertos y sectores relacionados con la infraestructura vial.

Contratos bajo Ley de Infraestructura Vial Prioritaria

Además de los proyectos del plan anual, Covial tiene comprometidos Q1 mil 318 millones para la ejecución de diez proyectos contratados bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, enfocados en mantenimiento y rehabilitación de rutas nacionales y centroamericanas. Esta suma representa poco más del 36% del presupuesto total de Covial para este año.

Algunos de los proyectos contemplados incluyen mantenimiento en vías clave como:

• RN-02 Fraijanes–Santa Elena Barillas
• CA-01 Oriente
• CA-02 Oriente entre El Jobo y Chiquimulilla
• CA-10 Aldea El Ingeniero–Quezaltepeque
• CA-09 Norte
• RN-17 La Cumbre–Niño Perdido
• CA-14
• CA-01 Occidente San Carlos Sija–Palogá
• CA-02 Occidente Escuintla–Siquinalá
• CA-02 Occidente Retalhuleu–Coatepeque

También se adjudicó la rehabilitación del puente sobre el río Dulce, en Izabal, dentro de esta modalidad.

Expertos señalan baja cobertura y falta de planificación

Especialistas en infraestructura vial han reconocido el esfuerzo del Ministerio por utilizar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para atender de forma expedita proyectos de emergencia. Sin embargo, advierten que la cobertura que estos contratos ofrecen es insuficiente para la magnitud de la red vial nacional, estimada en aproximadamente 15 mil kilómetros.

Los proyectos contratados bajo esta ley suman apenas 245 kilómetros, incluyendo caminos rurales, lo que representa una porción marginal del total.

Además, se critica la falta de planificación oportuna para adelantar trabajos antes del inicio de la temporada lluviosa, cuando las condiciones climáticas dificultan la labor de mantenimiento y construcción. Las contrataciones se realizan con retrasos significativos, lo que reduce la capacidad de respuesta y mejora real en el corto plazo.

Impacto y perspectivas

El retraso en la ejecución y la baja cobertura plantean desafíos para la movilidad segura en las rutas del país, especialmente en zonas vulnerables a las lluvias. La red vial deteriorada afecta el transporte de personas y mercancías, con efectos directos en la economía y en la calidad de vida de los guatemaltecos.

Con poco más de un año y medio de gestión restante, las autoridades enfrentan la presión de acelerar los procesos para lograr avances significativos, principalmente en las vías principales –como las rutas centroamericanas y departamentales– que conectan el país.

Observaciones desde la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios

La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) ha adjudicado 22 proyectos por más de Q1 mil 300 millones bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. No obstante, se ha señalado que esta ley se emplea más como un mecanismo excepcional y no como una herramienta institucional especializada para la gestión técnica de proyectos, lo que contribuye a la lentitud en la ejecución.

Situación actual y retos futuros

Entre los proyectos que aún enfrentan retrasos se encuentra el mantenimiento de la ruta CA-02 Oriente, cuyo proceso de adjudicación tuvo que reiniciarse debido a que las ofertas iniciales no cumplieron con los requisitos establecidos.

El contexto actual obliga a una revisión urgente de los procesos administrativos y de planificación para maximizar el uso de los recursos públicos y lograr mejoras tangibles en la infraestructura vial antes de la llegada del invierno y la conclusión del período gubernamental.

Conclusión

La red vial de Guatemala enfrenta retos importantes debido a la demora en el arranque y ejecución de proyectos clave. La combinación de baja ejecución presupuestaria, limitada cobertura territorial y deficiencias en la planificación pone en riesgo la integridad y funcionalidad de las carreteras, afectando la movilidad nacional y el desarrollo económico.

El Gobierno tiene el desafío de optimizar la implementación de los proyectos pendientes para mitigar el impacto de la temporada lluviosa y mejorar las condiciones viales en el menor tiempo posible, dado el tiempo limitado que resta para completar su gestión.