Gobierno inicia inspecciones a buses y transporte pesado por limitadores de velocidad mientras Congreso evalúa prórroga

El Gobierno de Guatemala ha puesto en marcha un plan de inspección para verificar la instalación y funcionamiento de los sistemas limitadores de velocidad (SLV) en vehículos de transporte pesado y buses extraurbanos, en medio del debate legislativo sobre una posible prórroga para la aplicación de esta normativa.

La obligatoriedad del uso de estos dispositivos está establecida en el Decreto 11-2017, que reforma el Decreto 45-2016, el cual obliga a instalar limitadores de velocidad en vehículos con un peso igual o superior a 3.5 toneladas. Esta medida busca disminuir los riesgos en las vías y reducir la incidencia de accidentes de tránsito, que en Guatemala continúan siendo una problemática grave con un promedio de siete muertes diarias en lo que va del año.

Inicio de inspecciones a pesar de debate en el Congreso

Aunque el 2 de marzo de 2026 estaba previsto que la normativa entrara en plena vigencia, su implementación quedó suspendida debido a la presión de transportistas y algunos diputados que solicitaron una ampliación del plazo y modificaciones en la regulación, especialmente en cuanto a las multas por incumplimiento.

Sin embargo, el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, confirmó que las inspecciones ya comenzaron de forma activa. Señaló que la Dirección General de Transporte (DGT) y Provial están realizando revisiones semanales y que ya cuentan con un informe preliminar, aunque no detalló los resultados específicos hasta el momento.

“Ya se hicieron algunas revisiones, hay empresas que cumplen y que tienen su certificado”, afirmó el viceministro, quien destacó que, pese a la percepción pública de que la norma no se está aplicando, existen transportistas que han acatado los requisitos.

Además, reiteró que los resultados de las inspecciones serán comunicados públicamente cuando se tenga un panorama más claro, y aseguró que las acciones se desarrollan con prudencia, respetando el marco del Estado de Derecho.

Posturas divididas en el sector transporte

El sector transporte en Guatemala presenta distintas posiciones frente a la implementación del SLV. Por un lado, el sector empresarial organizado respalda la medida, considerando que es una herramienta que fortalece la seguridad vial y contribuye a la prevención de accidentes. Muchas empresas ya utilizan mecanismos de control de velocidad como parte de sus políticas internas y requerimientos de las aseguradoras.

Por otro lado, transportistas individuales han expresado su rechazo a la entrada en vigor inmediata de la normativa. Estos demandan una prórroga y cambios en la forma en que se aplican las multas, argumentando que la regulación actual no se adecúa a la realidad del sector y que la instalación y certificación de los limitadores representa un costo y un proceso complejo.

Esta división mantiene abierto el debate en el Congreso de la República, donde se estudian propuestas para ampliar el plazo de implementación y, eventualmente, evaluar una reforma integral al marco legal del transporte pesado.

Enfoque en la seguridad vial y la protección de vidas

El viceministro Fernando Suriano enfatizó que el propósito central de la normativa es salvaguardar la vida de los guatemaltecos. Destacó que la discusión no debe centrarse únicamente en sanciones o prórrogas, sino en la urgente necesidad de reducir muertes y lesiones en accidentes de tránsito.

“Lo primero y lo más importante es la vida”, expresó, haciendo referencia a los recientes siniestros en las carreteras y a las deficiencias estructurales que se han evidenciado en el sector transporte.

Además, puntualizó que los limitadores de velocidad no son una solución aislada ni definitiva, sino parte de un sistema integral que debe incluir controles sobre el estado físico y mental de los conductores, prevención del consumo de sustancias prohibidas, y una mayor responsabilidad empresarial en la contratación y supervisión de pilotos.

El funcionario explicó que mantener parámetros máximos de velocidad permite una mejor administración del vehículo, reduce riesgos y ofrece mayor margen de reacción ante imprevistos, especialmente en descensos pronunciados donde el control es más complejo.

Aplicación de sanciones y coordinación institucional

En cuanto a la aplicación de sanciones, Suriano fue categórico al señalar que la ley vigente desde 2018 se aplicará de forma transversal y sin excepciones. No obstante, la implementación se hará por fases, priorizando inicialmente sectores con mayores niveles de incumplimiento, como el transporte ilegal o “pirata”.

También indicó que algunas empresas han informado que ya cuentan con limitadores instalados, aunque están en proceso de obtener la certificación correspondiente.

El viceministro recordó que el Congreso tiene la potestad para decidir si concede una prórroga que permita una implementación más ordenada. Sin embargo, advirtió que en caso de no aprobarse dicha extensión, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda continuará con el plan de inspecciones y reforzará la coordinación con Provial y la Policía Nacional Civil de Tránsito para asegurar el cumplimiento.

Llamado a la ciudadanía y cultura vial

Suriano hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie irregularidades en el cumplimiento de la normativa, reconociendo que existe desconfianza en las instituciones, pero asegurando que las denuncias reciben atención y seguimiento.

Finalmente, destacó que la obligación de instalar limitadores de velocidad no es una medida reciente ni coyuntural, sino que lleva más de 15 años contemplada en la legislación guatemalteca, con más de una década de vigencia efectiva.

En conclusión, mientras el Congreso de la República define si otorga una prórroga o modifica el marco legal vigente, el Ejecutivo mantiene una postura firme en que la seguridad vial es una prioridad inaplazable, ya que de ello depende la vida y el bienestar de los usuarios de las carreteras en Guatemala.