Gobierno mantiene bajo revisión la subasta 5G en Guatemala

La Presidencia de la República confirmó que, tres años después de la adjudicación de la banda de 700 MHz por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), mantiene bajo análisis técnico y jurídico el proceso. La PGN asegura que no ha recibido ningún expediente relacionado con el caso, mientras las revisiones generan incertidumbre y preocupación por la certeza jurídica en el sector.

La subasta de frecuencias de la banda de 700 MHz, efectuada en septiembre del 2023 por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para ampliar la capacidad de las telecomunicaciones móviles y la banda ancha en Guatemala, continúa bajo revisión tres años después de su adjudicación.

Durante el primer semestre del 2026, diputados del Congreso de la República señalaron posibles anomalías en el proceso. A estas acciones se suma una revisión administrativa de la Contraloría General de Cuentas (CGC), cuyos resultados aún no se conocen.

Este jueves 10 de septiembre, la Presidencia de la República confirmó que el proceso continúa bajo análisis técnico y jurídico y aclaró: “el expediente continúa siendo objeto de análisis técnico y jurídico por las instancias correspondientes. Cualquier determinación deberá sustentarse en los antecedentes, documentación y dictámenes que forman parte del proceso”.

Las revisiones y los cuestionamientos generan incertidumbre en la industria de telecomunicaciones, un sector que atrajo alrededor de US$4 mil millones —unos Q30 mil millones— en inversión extranjera directa (IED) entre el 2008 y el primer trimestre del 2026.

Representantes de la industria advierten de que la falta de certeza sobre el desenlace del proceso puede incidir en decisiones de inversión de largo plazo, sobre todo en una actividad que requiere desembolsos constantes para ampliar redes, incorporar tecnología y desplegar nueva infraestructura.

El proceso llega al Congreso

Este año, en medio del comienzo de la campaña política, la adjudicación comenzó a ser objeto de cuestionamientos de legisladores en el Congreso de la República.

Durante una citación el pasado 11 de agosto del 2026, autoridades de la SIT, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), así como diputados de la bancada Cabal, abordaron el caso y requirieron los análisis para una posible declaración de lesividad.

Los parlamentarios también solicitaron agilizar los informes relacionados con las investigaciones, al considerar que se aproximaba el vencimiento del plazo legal para efectuar una eventual declaratoria.

En la sesión, los diputados indicaron el 11 de septiembre del 2026 como fecha límite, tomando como referencia que la subasta y adjudicación se efectuaron el 12 de septiembre del 2023.

Según los congresistas, el planteamiento se relaciona con el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96, que establece que un acto o resolución administrativa puede ser declarado lesivo para los intereses del Estado mediante un acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros.

La misma disposición establece un período de tres años a partir de la fecha del acto o resolución que origina la declaratoria.

Presidencia dice que aún evalúa cuál es el plazo

Consultada acerca de la fecha límite y de si existe una decisión sobre la subasta, la Presidencia de la República, por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, afirmó que todavía revisa el expediente.

“Como parte de la revisión integral del expediente de la subasta pública SIT-SPF02-2023, se están analizando las distintas actuaciones administrativas posteriores, incluyendo las resoluciones y sus respectivas notificaciones, a efecto de determinar jurídicamente el plazo aplicable”, respondió Presidencia a una consulta de Prensa Libre.

La postura oficial agrega que “en este momento no sería responsable anticipar una fecha definitiva mientras dicho análisis no haya concluido”.

Esto significa que, frente a la fecha planteada durante las citaciones del Congreso, el Gobierno sostiene que aún debe establecer jurídicamente desde qué actuación administrativa debe computarse el plazo correspondiente.

Al consultar sobre una decisión, Presidencia informó: “el expediente continúa siendo objeto de análisis técnico y jurídico por las instancias correspondientes. Cualquier determinación deberá sustentarse en los antecedentes, documentación y dictámenes que forman parte del proceso”.

Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, una vez concluido el análisis y adoptada la decisión que corresponda legalmente, esta será comunicada.

PGN afirma que no ha recibido el expediente

Durante la citación de agosto, una representante de la PGN explicó que las entidades involucradas debían trasladar sus expedientes para que esa institución efectuara los análisis correspondientes.

La institución informó que hasta el 10 de septiembre no contaba con un expediente relacionado con un dictamen u opinión jurídica sobre el evento.

“Luego de realizar la consulta correspondiente, en la Procuraduría General de la Nación, no se registra el ingreso de expediente o gestión relacionada con los hechos a los que se hace referencia de la subasta en mención”, informó la institución por medio de su oficina de comunicación.

En cuanto a la fecha en que vencería el plazo, la PGN confirmó que los aspectos relacionados con las actuaciones o competencias del CIV y de la SIT debían ser atendidos directamente por esas instituciones.

La Procuraduría agregó que tampoco puede hacer referencia a consultas relacionadas específicamente con actuaciones, decisiones o información de la Presidencia de la República.

La subasta de septiembre del 2023

La SIT efectuó el 12 de septiembre del 2023 la subasta pública número SIT-SPF02-2023 para frecuencias de la banda de 700 MHz.

De acuerdo con el comunicado oficial de la SIT sobre aquel evento, la banda fue dividida en tres bloques. Comunicaciones Celulares, S. A., obtuvo los bloques A+A’ y C+C’, mientras Telecomunicaciones de Guatemala, S. A., ganó el bloque B+B’.

Las ofertas ganadoras fueron de Q335 millones 458 mil 111 para el primer bloque y de Q335 millones 397 mil para cada uno de los otros dos. El comunicado de la SIT reportó que la subasta alcanzó en total Q1 mil 6 millones 252 mil 111.

En aquel momento, la SIT informó que la banda estaba destinada a la explotación de tecnología de quinta generación, 5G, y destacó que el proceso permitiría avanzar en el desarrollo de las telecomunicaciones del país.

La institución también indicó entonces que el proceso había contado con participación nacional e internacional y que había concluido con la adjudicación de los tres bloques disponibles.