Gremial de alimentos y bebidas respalda medidas de salud, pero pide reglas regionales para el etiquetado

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La iniciativa 5504, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, volvió a estancarse el 13 de octubre, cuando el Congreso decidió retirarla de la agenda de la sesión en la que estaba prevista su tercera lectura, ocho años después de su presentación.

El objeto de la ley, de acuerdo con el artículo 1 de la iniciativa, es “proteger el derecho a la salud mediante la promoción de una alimentación saludable, con el fin de reducir las enfermedades crónicas no transmisibles, las muertes prematuras y la discapacidad que estas provocan, así como su impacto económico en las familias y el Estado.

Se propone “incorporar sellos de advertencia nutricional en la parte frontal de los envases de alimentos preenvasados para informar a los consumidores sobre su contenido y
características, en relación con excesos de determinados nutrientes, como azúcares, sodio y grasas.

Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos advirtió de posibles aumentos en los costos y señaló que el sistema de etiquetado propuesto podría elevar los precios de la canasta básica.

Al respecto, Juan Pablo Mancilla, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), respondió a Prensa Libre la postura del sector sobre el contenido de la iniciativa, sus posibles efectos económicos y las alternativas que propone para regular el etiquetado nutricional.

¿Cuáles son las reservas o desacuerdos que tiene el sector con el contenido de la actual iniciativa de ley y cuáles les preocupan?

La Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), siempre estará a favor de las medidas que promuevan la salud y permitan a los consumidores tomar decisiones informadas. Sin embargo, nuestra principal preocupación es que se avance o se apruebe una regulación nacional que no esté armonizada con el marco centroamericano de integración regional.

Es fundamental que el etiquetado frontal se desarrolle mediante los reglamentos técnicos centroamericanos (RTCA), para contar con reglas claras y uniformes que brinden certeza jurídica, faciliten el comercio, simplifiquen procesos, reduzcan costos de producción, logísticos, operativos y administrativos, y permitan a las empresas adaptarse de forma ordenada.

¿Qué efectos se tendrían si se aprueba como está la iniciativa de ley y sus enmiendas?

Una regulación distinta a la del resto de Centroamérica podría generar barreras al comercio, fragmentar la integración regional, aumentar los costos para las empresas, reducir las economías de escala y complicar la distribución de productos en la región.

Por otro lado, podría confundir a los consumidores al encontrar diferentes etiquetas para un mismo producto, según el país.

Es importante resaltar que esto afectaría especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen menos recursos para adaptarse a múltiples requisitos, con posibles efectos en la inversión, el empleo y la competitividad.

¿De qué forma afectaría los costos?

Las empresas podrían tener que rediseñar empaques y etiquetas diferentes para cada país, adaptar sus procesos y realizar análisis nutricionales y trámites adicionales. Esto aumentaría los costos de producción, almacenamiento, distribución, administrativos, entre otros.

El impacto sería mayor para las más de dos mil mipymes del sector de alimentos y bebidas en Guatemala, que tienen menos capacidad para asumir estos gastos. También podrían verse afectados los proveedores locales, el crecimiento de los negocios y su acceso al mercado regional.

¿Qué proponen para legislar el tema del etiquetado?

Que el etiquetado nutricional frontal se regule a nivel centroamericano, mediante el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), cuya elaboración fue aprobada por Comieco (Consejo de Ministros de Integración Económica) en junio del 2025.

En Guatemala hay un proceso técnico nacional sobre el tema, en el que participan autoridades de salud y economía, el sector privado, la academia y otros actores clave. Este proceso debe continuar basándose en evidencia científica, criterios técnicos y diálogo integral.

La normativa debe brindar información clara y confiable a los consumidores, promover la salud pública y establecer reglas uniformes para toda la región.

Por ello, hacemos un llamado al Congreso a considerar el proceso regional en marcha y evitar regulaciones que generen diferencias entre países. Reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades para construir una normativa que proteja la salud sin afectar innecesariamente el comercio, la inversión y la competitividad.