Guardia Nacional de EE.UU. se retira discretamente de ciudades clave ante obstáculos judiciales

En un movimiento que pasó desapercibido para el público general, el gobierno de Estados Unidos ha procedido a retirar discretamente a las tropas federalizadas de la Guardia Nacional desplegadas en diversas ciudades del país, tras enfrentar una serie de obstáculos judiciales y una resistencia significativa por parte de autoridades estatales y locales.

Este cambio se concretó a finales de enero de 2026, sin anuncios oficiales ni reconocimiento público por parte de la Casa Blanca o el Pentágono. La decisión representa un giro significativo respecto a la postura inicial del gobierno, que bajo la administración anterior consideraba necesaria la presencia militar para contener lo que describió como una ola de violencia y para reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

Contexto del despliegue y oposición local

A mediados de 2025, más de cinco mil soldados de la Guardia Nacional federalizada fueron desplegados en Los Ángeles, mientras que en Chicago y Portland se movilizaron aproximadamente 500 y 200 efectivos, respectivamente. Estas acciones se llevaron a cabo bajo órdenes federales amparadas en el Título 10 del Código de Estados Unidos, que permite al presidente federalizar tropas estatales, especialmente en situaciones excepcionales o de emergencia nacional.

Sin embargo, la respuesta de los gobiernos estatales y locales fue mayormente adversa. Gobernadores y alcaldes de los estados afectados calificaron el despliegue como un abuso ilegal de la autoridad presidencial, argumentando que la presencia militar federalizada en sus jurisdicciones violaba competencias estatales y generaba tensiones innecesarias.

Limitaciones legales y operativas

El despliegue bajo el Título 10 implicó restricciones legales estrictas para la actuación de las tropas. Por ejemplo, la Guardia Nacional bajo jurisdicción federal no puede realizar actividades propias de la aplicación de la ley, tales como arrestos o registros, lo que limitó severamente su capacidad operativa en el terreno. En muchos casos, el personal se limitó a vigilar edificios federales o realizar tareas de apoyo logístico, alejándose de la función de control de disturbios que se esperaba originalmente.

Estas limitaciones provocaron que los efectivos fueran catalogados como “ineficaces” para cumplir con las metas establecidas por la administración, lo que generó cuestionamientos internos y externos sobre la viabilidad del plan.

Intervención judicial y consecuencias

En diciembre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden temporal que impidió el despliegue en Chicago, argumentando que la facultad presidencial para federalizar la Guardia Nacional debe aplicarse únicamente en circunstancias excepcionales. Esta decisión judicial representó un revés importante para el gobierno y puso en duda futuros intentos de utilizar tropas federales para responder a disturbios civiles dentro del país.

Como consecuencia, el Comando Norte de Estados Unidos confirmó que las tropas federalizadas en Los Ángeles, Chicago y Portland serían retiradas, mientras que en Washington, D.C., permanecían más de 2,500 miembros de la Guardia Nacional con estatus no federal, asignados a misiones de limpieza y apoyo logístico que se esperan continúen hasta finales de año.

Presencia bajo control estatal y acuerdos federales

A diferencia de los despliegues federalizados, en ciudades como Memphis y Nueva Orleans la Guardia Nacional mantiene una presencia activa bajo el Título 32, que permite a los estados conservar el control operativo y de mando. Estas misiones, aunque financiadas parcialmente por el gobierno federal, son supervisadas directamente por los gobernadores y permiten una mayor flexibilidad para la aplicación de la ley, incluyendo arrestos.

Este modelo contó con el apoyo de gobernadores republicanos locales que facilitaron las operaciones y coordinaron el financiamiento con la administración central, evidenciando diferencias políticas y administrativas en la gestión de seguridad a nivel nacional.

Impacto y desafíos futuros

El retiro silencioso de las tropas federalizadas enfrenta múltiples interrogantes sobre la estrategia de seguridad nacional para responder a disturbios civiles y manifestaciones. El plan del gobierno para crear una fuerza nacional de reacción rápida integrada por miembros de la Guardia Nacional ha quedado en entredicho, y en su lugar se ha observado un mayor énfasis en el despliegue de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP),quienes operan con menos restricciones legales.

Críticos y expertos señalan que la retórica oficial sobre una violencia desenfrenada no se correspondió con la realidad de los eventos en las ciudades mencionadas, donde las protestas y disturbios nunca alcanzaron niveles de crisis mayor. Además, se documentaron casos donde las tropas fueron utilizadas para tareas fuera del alcance de su misión original, como apoyo a redadas específicas alejadas de los centros urbanos.

El despliegue en Minneapolis, previsto para enero de 2026 en respuesta a protestas masivas por operaciones federales migratorias y muertes de ciudadanos estadounidenses, fue cancelado tras críticas generalizadas, incluso dentro del partido gobernante. Esta decisión reflejó la creciente presión social y política contra el uso militar en funciones civiles.

Incidentes y riesgos durante los despliegues

Durante el periodo de despliegue, se registraron incidentes que evidencian los riesgos inherentes a la presencia militar en entornos urbanos. En noviembre de 2025, dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados cerca de la Casa Blanca, resultando en la muerte de una especialista del ejército y heridas graves para otro efectivo, lo que subraya la complejidad y peligrosidad de estas operaciones.

Conclusiones

La retirada de las tropas federalizadas de la Guardia Nacional en ciudades claves de Estados Unidos refleja un ajuste de la política de seguridad nacional ante limitaciones legales, resistencia local y cuestionamientos públicos. Este episodio destaca la dificultad de equilibrar la autoridad federal con las competencias estatales y los derechos civiles en un contexto de tensiones sociales. Además, pone en evidencia la necesidad de estrategias más integrales y consensuadas para abordar la seguridad interna sin comprometer las garantías constitucionales ni la legitimidad institucional.