Guatemala aprueba nueva ley antilavado que amplía controles a criptomonedas y sectores clave

El Congreso de Guatemala aprobó recientemente una nueva legislación para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, actualizando un marco normativo que permanecía vigente desde hace 25 años. La Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Decreto 15-2026, representa una de las reformas más significativas en materia financiera y corporativa en décadas, alineando al país con las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Un marco legal unificado y más riguroso

Esta nueva normativa deroga la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001) y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005),para consolidar ambos cuerpos legales en un solo marco integral. Esta unificación busca mejorar la eficacia en la supervisión y regulación financiera, adaptándose a los nuevos riesgos y modalidades de lavado de dinero en la economía global.

A pesar de que todavía está pendiente la publicación oficial y la emisión de su reglamento, la ley ya establece cambios sustanciales en la prevención, detección, investigación y sanción de estos delitos, con un fuerte enfoque en la transparencia y el cumplimiento normativo.

Ampliación de sectores sujetos a control

Una de las novedades más relevantes es la ampliación del universo de sujetos obligados a cumplir con las disposiciones antilavado. Ya no se limita únicamente a bancos y entidades financieras, sino que incorpora sectores tradicionalmente fuera del radar regulatorio. Entre ellos se incluyen:

• Empresas inmobiliarias
• Comercializadores de vehículos
• Comerciantes de joyas, metales preciosos y obras de arte
• Casinos, rifas y loterías
• Casas de empeño
• Empresas de transferencia de dinero
• Profesionales universitarios, como abogados, notarios, contadores, auditores y asesores financieros, en determinadas operaciones
• Proveedores de servicios corporativos
• Proveedores de servicios de activos virtuales, es decir, relacionados con criptomonedas

Esta ampliación implica un incremento significativo en los costos de cumplimiento para estos sectores, que deberán implementar medidas más estrictas de control, monitoreo y reporte.

Regulación de criptomonedas y activos virtuales

Por primera vez, la legislación guatemalteca incorpora de manera explícita a los proveedores de servicios de activos virtuales. Esta inclusión contempla actividades como intercambio, custodia, transferencia, plataformas de negociación y emisión de criptoactivos, así como servicios financieros asociados.

Esta regulación responde a los riesgos emergentes vinculados con el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y se ajusta a las recomendaciones del GAFI para combatir el lavado de dinero mediante activos digitales.

Transparencia corporativa y beneficiario final

La ley fortalece el concepto de beneficiario final, obligando a identificar a la persona natural que controla directa o indirectamente una empresa o estructura jurídica. Se establece que quien posea al menos el 20% de participación o ejerza control efectivo debe ser identificado.

Esta medida busca reducir el anonimato societario y dificultar el uso de sociedades ficticias para ocultar activos ilícitos, aumentando considerablemente la transparencia en la propiedad corporativa.

Reformas al registro mercantil y gestión basada en riesgos

Las sociedades están obligadas a mantener actualizada la información sobre accionistas, beneficiarios finales, fideicomisos y estructuras patrimoniales. Además, el Registro Mercantil deberá contar con mecanismos para verificar la veracidad de estos datos.

Asimismo, la ley adopta un enfoque basado en riesgos que exige a las empresas identificar, evaluar y clasificar a sus clientes para aplicar controles diferenciados según el nivel de riesgo detectado. Esto implica mayores inversiones en sistemas tecnológicos, auditorías y capacitación para asegurar una gestión activa y efectiva del riesgo.

Controles reforzados para personas expuestas políticamente

Se amplía la vigilancia sobre personas expuestas políticamente (PEP),incluyendo funcionarios públicos, exfuncionarios, familiares cercanos y asociados comerciales. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) deberá publicar periódicamente los cargos que se consideran PEP para transparentar y facilitar el control.

Obligación de reportar operaciones sospechosas y umbral de control

Las entidades sujetas a la ley deberán monitorear transacciones, detectar operaciones inusuales y reportar las sospechosas a la IVE. La protección legal para quienes realicen estos reportes se fortalece para incentivar la colaboración con las autoridades.

Se mantiene el umbral de US$10 mil para la aplicación de controles especiales sobre transacciones y movimientos de efectivo, así como para la declaración de ingresos o egresos de dinero en efectivo en operaciones transfronterizas.

Fortalecimiento institucional y sanciones

La ley refuerza la función de dos organismos fundamentales en la lucha antilavado: el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAFT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE),que contará con mayores facultades para requerir información, analizar inteligencia financiera, coordinar con autoridades nacionales y extranjeras, y aplicar sanciones administrativas.

El régimen sancionatorio establece multas administrativas que pueden variar entre US$500 y US$300 mil, según la gravedad de la infracción, y contempla penas de prisión de seis a veinte años para el delito de lavado de dinero, además de multas equivalentes al beneficio económico obtenido y la publicación de la sentencia.

Por primera vez, se amplía la responsabilidad penal a las personas jurídicas, que podrán enfrentar multas de hasta US$625 mil y la cancelación definitiva de su personalidad jurídica en casos graves o reincidencia, incrementando los riesgos legales para juntas directivas y accionistas en materia de cumplimiento.

Impacto económico y retos para Guatemala

Entre los beneficios esperados destacan la mejora en la imagen internacional de Guatemala, al cumplir con los estándares del GAFI, lo que puede favorecer la inversión extranjera, las corresponsalías bancarias y el acceso al sistema financiero internacional. Además, la ley promueve una mayor transparencia empresarial y un control actualizado sobre los riesgos asociados a las criptomonedas.

No obstante, la implementación de estos cambios implica desafíos importantes. El incremento de los costos de cumplimiento afectará especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que deberán invertir en oficiales de cumplimiento, tecnología, auditorías y capacitación. También habrá una mayor carga regulatoria para los profesionales universitarios que ahora están sujetos a nuevas obligaciones.

Finalmente, la obligación de revelar beneficiarios finales podría generar resistencia en algunos sectores empresariales acostumbrados a estructuras societarias opacas, lo que requerirá un proceso de adaptación y diálogo para lograr un equilibrio entre transparencia y competitividad.

En este contexto, Guatemala recibirá en junio una misión técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),como parte de la preparación para su Evaluación Mutua, que evaluará el cumplimiento del país con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.