Guatemala, de país de tránsito a territorio en disputa por el narcomenudeo
Las pandillas se disputan el control del narcomenudeo entre ataques armados que se extienden a varios departamentos.
Durante más de dos décadas, la extorsión fue el principal ilícito explotado por las pandillas en Guatemala. Sin embargo, a partir del 2010 incursionaron en la venta ilegal de pequeñas cantidades de cocaína, crack y mariguana.
El giro trajo consigo consecuencias violentas: la Policía Nacional Civil (PNC) identifica no menos de siete episodios armados con un saldo de 31 muertos, atribuidos a disputas por el narcomenudeo entre el 2024 y el 2026. Las investigaciones en torno a estos hechos apuntan a que la venta de drogas ha ganado peso como fuente financiamiento de las pandillas y ha desatado una disputa por el control de barrios, municipios, centros nocturnos y corredores de distribución en distintos puntos del país.
La transformación también obliga a replantear la manera de entender el narcotráfico en Guatemala. El país ya no enfrenta únicamente su condición de corredor para el tráfico transnacional de drogas: entre tiroteos y trasiego minorista, emerge una disputa interna por el control territorial y de los mercados locales.
La PNC sitúa alrededor del 2010 el ingreso de la Mara Salvatrucha (MS-13) al mercado de la venta de droga al menudeo, mientras el Barrio 18 continuaba principalmente, cometiendo extorsiones. Para entonces, el grupo criminal Los Caradura controlaba la distribución de droga en bares, discotecas y centros nocturnos de las zonas 9, 10 y 14 de la capital, con el barrio El Gallito, zona 3, como su principal centro de operaciones.
Quince años después, ese mapa criminal cambió, las investigaciones policiales sostienen que las alianzas se rompieron, las pandillas comenzaron a disputar el control de los puntos de venta y la violencia se expandió del departamento de Guatemala hacia Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, El Progreso y otros municipios del país.
Del país de tránsito al crecimiento del mercado interno
Desde la década de los 80 el territorio guatemalteco ha sido un corredor para la cocaína procedente de Suramérica con destino a Estados Unidos. El dinero producto de esas transacciones ilícitas se mueve en sentido opuesto, de acuerdo con las fuerzas antidrogas de Estados Unidos.
La dinámica se mantiene, con algunos cambios. Sin embargo, especialistas y la policía coinciden en que el país comenzó a experimentar otro fenómeno: el crecimiento del mercado interno.
Alan Ajiatas, exfiscal de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) y analista en seguridad, explica que existe una diferencia importante entre ambos fenómenos.
“Guatemala históricamente ha sido más utilizada para el transporte y almacenamiento temporal de grandes cargamentos de droga que posteriormente eran trasladados hacia países más al norte. Eso no significa que nunca hubiera consumo; significa que, comparado con el volumen de droga que transitaba por el país, el consumo era mínimo”, indica.
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Ajiatas señala que el narcomenudeo tampoco es un fenómeno reciente. Explica que siempre existieron estructuras dedicadas al microtráfico, aunque durante muchos años permanecieron en segundo plano frente al tráfico internacional de drogas.
“El problema es que cuando se deja crecer un fenómeno durante años, llega un momento en que su impacto ya no resulta pequeño, sino mucho mayor de lo que inicialmente se pretendía combatir”, comenta.
El analista añade que el crecimiento urbano también modificó la dinámica criminal en la venta y distribución de estupefacientes.
“Entre más se desarrolla una ciudad o un país, también aparecen nuevos mercados. Lo vimos incluso en investigaciones donde detectábamos centros de distribución dentro de cárceles o lugares donde se confeccionaban distintas presentaciones de droga. A eso se suma la aparición de drogas sintéticas, que requieren menos logística y permiten hacer más eficiente el negocio ilegal”, explica.
El cambio de las pandillas
La Policía sostiene que ese crecimiento del mercado interno cambió la economía de las pandillas.
David Custodio Boteo, director general de la PNC, afirma que las estructuras criminales dejaron de depender exclusivamente de las extorsiones y encontraron en el narcomenudeo una fuente de ingresos mucho más rentable.
“Las maras antes eran únicamente intermediarias; ahora ya son narcotraficantes, porque distribuyen la droga en los diferentes puntos donde antes únicamente eran proveedores. Prácticamente han ido adueñándose de ese mercado criminal que les está generando más dinero, más beneficios que la extorsión”, comenta.
Según la reconstrucción elaborada por investigadores de la Policía, la Mara Salvatrucha comenzó a incursionar en el narcomenudeo alrededor del 2010.
Las investigaciones de la PNC establecen que durante esa época cinco estructuras dominaban buena parte de la actividad criminal en el departamento de Guatemala: la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, Los Caradura, Break Dance 33 y White Fence.
Con el paso de los años, Break Dance 33 y White Fence casi desaparecieron tras la captura de sus principales cabecillas.
La alianza criminal dominante
Según las investigaciones policiales, Los Caradura controlaban la distribución de droga en bares, discotecas y centros nocturnos de la capital.
La PNC sostiene que durante varios años trabajaron en alianza con la Mara Salvatrucha. Mientras Los Caradura se dedicaban al narcomenudeo y utilizaban centros nocturnos para lavar dinero, la Mara Salvatrucha mantenía el control territorial y desarrollaba otras actividades criminales, entre ellas explotación sexual de mujeres en esos establecimientos.
Al mismo tiempo, el Barrio 18 seguía concentrado principalmente en las extorsiones. Según investigadores consultados por Prensa Libre, esa pandilla cobraba entre Q6 mil y Q 8mil semanales a empresas de distribución, comercios y transportistas que operaban en la capital y municipios cercanos. Pero ese modelo comenzó a agotarse.
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Cuando la extorsión dejó de ser suficiente
Entre 2018 y 2020 ocurrió uno cambio en la estructura criminal del país. La Policía afirma que el Barrio 18 decidió ingresar al negocio del narcomenudeo después de comprobar que generaba mayores ganancias que las extorsiones. Las primeras disputas ocurrieron en Mixco.
A partir de entonces comenzaron a registrarse ataques armados entre operadores de distintas estructuras y aumentó la disputa por puntos de distribución.
Las pandillas diversificaron sus actividades económicas. El Barrio 18 adquirió líneas de taxis para lavar dinero y durante la pandemia mutaron a redes de taxis piratas.
Según la PNC, durante los últimos 15 años, la Mara Salvatrucha creó empresas de cable, negocios de venta de vehículos importados, abarroterías y otros negocios.
La ruptura que cambió el mapa criminal
Durante varios años, la Policía Nacional Civil documentó una alianza entre la Mara Salvatrucha (MS) y el grupo conocido como Los Caradura.
Para los investigadores, aquella alianza permitió consolidar uno de los mercados ilícitos más rentables del departamento de Guatemala. Pero ese equilibrio terminó rompiéndose.
La Policía sostiene que el crecimiento del mercado interno modificó los intereses de ambas organizaciones.
La venta de droga dejó de ser un negocio complementario y pasó a convertirse en el principal objetivo de las estructuras criminales.
Luego de la pandemia por el coronavirus, comenzaron las disputas por el control de las plazas de distribución.
El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, advirtió en septiembre de 2025 que la Mara Salvatrucha había convertido el narcomenudeo en una prioridad estratégica.
“Descubrimos que la Mara Salvatrucha tiene un objetivo estratégico para este año y es recuperar para ellos los espacios de venta de droga para el consumo. La venta de droga para consumo es un negocio con un rédito altísimo. Yo diría que, en este momento, puede ser hasta más alto que la propia extorsión”.
El 22 de noviembre de 2025, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, afirmó que Guatemala enfrentaba una delincuencia “mucho más compleja, sofisticada y tecnificada”.
El Gallito: el inicio de la guerra
Las investigaciones ubican el barrio El Gallito, zona 3 capitalina, como uno de los principales escenarios donde comenzó la disputa.
Durante años, ese sector funcionó como centro de operaciones de Los Caradura. La PNC dice que la Mara Salvatrucha inició una ofensiva para desplazar a esa estructura y asumir el control del mercado.
Los investigadores atribuyen esa estrategia a Jorge Yahir de León Hernández, alias “El Diabólico”, el cabecilla de la Mara Salvatrucha, y a Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, señalado por la PNC como operador del narcomenudeo en el departamento de Guatemala.
Según la información de inteligencia, De León fortaleció alianzas con integrantes de la pandilla en El Salvador para ampliar las operaciones en Guatemala.
Las pesquisas también señalan que comenzaron a ingresar pandilleros provenientes de Honduras y El Salvador para ejecutar ataques armados y proteger puntos de distribución de droga.
De acuerdo con la Policía, algunos utilizan documentos falsificados o de personas fallecidas para ocultar su verdadera identidad.
Además, han detectado que varios de ellos utilizan viviendas en sectores como la colonia Bethania, zona 7 capitalina, como refugio.
El negocio ilegal que desató la pugna
La ruptura entre la Mara Salvatrucha y Los Caradura marcó un cambio en la violencia asociada al narcomenudeo.
Según la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), los primeros ataques estuvieron dirigidos contra presuntos distribuidores de droga y operadores que controlaban puntos de venta en el departamento de Guatemala.
Conforme avanzó la investigación, la Policía detectó un patrón que hasta entonces no había documentado con esa frecuencia: cadáveres abandonados envueltos en sábanas y bolsas plásticas.
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Para los investigadores, las víctimas eran presuntos distribuidores de droga vinculados con Los Caradura asesinados por la Mara Salvatrucha para ganar más territorios. Esa confrontación dejó de concentrarse únicamente en el departamento de Guatemala.
Las pesquisas comenzaron a documentar la expansión de la disputa hacia Villa Nueva, San José Pinula, Mixco, Villa Canales y, posteriormente, hacia Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla y El Progreso, donde los homicidios empezaron a reproducir el mismo patrón: ataques contra presuntos distribuidores, ajustes de cuentas entre estructuras y asesinatos para controlar puntos de venta.
Para Ajiatas, esa transformación responde a una lógica similar a la de cualquier organización empresarial.
Agrega que cuando la organización dominante pierde fuerza y deja espacios vacíos, esos son ocupados por otra estructura.
“Supongamos que es un negocio legal que tiene su centro de operaciones en una zona determinada. Cuando ese negocio comienza a crecer abre sucursales y luego busca expandirse hacia otros municipios e incluso otros países mediante alianzas. El narcotráfico funciona igual”, añade.
La expansión territorial del narcomenudeo
Uno de los primeros focos fue Villa Nueva. El 24 de junio del 2026, Gustavo Adolfo Jiménez Guarcas, señalado por investigadores como presunto operador de Los Caradura y dedicado al sistema de préstamos conocido como gota a gota, murió durante un ataque armado en la zona 4 de ese municipio. Dos presuntos prestamistas más resultaron heridos y cinco sospechosos fueron capturados tras una persecución. La principal hipótesis de la Deic fue un ajuste de cuentas relacionado con la disputa entre Los Caradura y la Mara Salvatrucha.
La violencia alcanzó San José Pinula, el 1 de mayo del 2026, un grupo de hombres que vestía uniformes similares a los de la PNC y del MP ingresó a un residencial para asesinar a José Aníbal Pérez Juárez y Mayra Nineth Lucas Urías de Pérez. Durante el procesamiento de la escena, fiscales localizaron 487 cartuchos, 24 tolvas, cinco portatolvas y unos 3 mil recipientes plásticos, utilizados presuntamente para la distribución de droga. La investigación apuntó a un ajuste de cuentas entre estructuras dedicadas al narcomenudeo.
Dos semanas después, el 14 de mayo del 2026, una pareja fue asesinada en Antigua Guatemala. En la escena, el MP localizó dinero en efectivo, teléfonos celulares, envoltorios de crack y pipas para consumir droga. La PNC abrió dos líneas de investigación: una venganza vinculada con una estructura de narcomenudeo y una disputa por el control territorial.
El 18 de julio del 2026, dos presuntos integrantes del Barrio 18 y operadores de Los Caradura, Cristián Alexander López Pérez, alias el Tiny, y Héctor David Noriega Sotoj, murieron en una emboscada en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.
Tres días después, el 21 de julio, documentos de inteligencia de la Dipanda revelaron que la Mara Salvatrucha mantenía presencia mediante las clicas Locos Centrales Salvatrucha (LCS) y Teclas Locos Salvatrucha (TLS), mientras que el Barrio 18 operaba a través de la clica Raza Chapina, respaldada por Los Caradura. Según esos informes, varios de los cabecillas continuaban dirigiendo operaciones desde prisión.
La violencia continuó expandiéndose.
El 29 de junio del 2026, siete personas murieron en Sanarate, El Progreso, en un ataque que la Deic atribuyó a una disputa entre la clica Solo Para Locos, del Barrio 18, y la estructura criminal conocida como Los Tambora, dedicada al narcomenudeo.
El 25 de julio del 2026, otras siete personas fueron asesinadas en Boca del Monte, Villa Canales. El Ministerio de Gobernación informó que una de las principales líneas de investigación era la disputa entre estructuras criminales por el control del narcomenudeo.
El 7 de agosto del 2026, cuatro personas murieron en La Gomera, Escuintla. La PNC informó que el móvil preliminar era un ajuste de cuentas entre grupos dedicados a la distribución de droga.
Para entonces, las investigaciones ya no describían hechos aislados. La PNC sostenía que la guerra por el narcomenudeo había dejado de concentrarse en el departamento de Guatemala y se había extendido.
La respuesta de la Policía contra el narcomenudeo
Para el director de la PNC, la transformación del narcomenudeo obligó a replantear la forma en que la Policía combate estas estructuras.
Las investigaciones dejaron de abordarse únicamente desde la perspectiva de las pandillas o del narcotráfico. Ahora, explicó, trabajan de forma coordinada la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).
El objetivo es investigar simultáneamente homicidios, narcotráfico, lavado de dinero, inteligencia financiera, extinción de dominio y análisis tecnológico para atacar toda la estructura criminal y no solo a los distribuidores de droga.
Como parte de esa estrategia, la Policía también intensificó las requisas en cárceles, incrementó los allanamientos contra puntos de distribución y retiró cámaras instaladas ilegalmente por pandillas para vigilar territorios.
Solo durante el 2026, las autoridades retiraron más de 120 cámaras utilizadas para controlar puntos de venta de droga en la ciudad capital.
Boteo explicó que uno de los mayores retos es impedir que las estructuras vuelvan a ocupar los inmuebles utilizados para distribuir estupefacientes.
“Uno de los problemas reales que tenemos es que el narcomenudeo o microtráfico se tiene que abordar de una forma estratégica, inclusive por el tema de extinción de dominio”, añade.
Según el director, aunque la Policía captura a los responsables y el Ministerio Público ejecuta allanamientos, muchas veces los inmuebles vuelven a ser utilizados pocos días después.
“Necesitamos el apoyo del Ministerio Público y del Organismo Judicial para extinguir los domicilios, bares, hoteles y discotecas donde se distribuye droga. A la semana siguiente de haber cerrado el negocio y capturado a los sospechosos, la estructura vuelve a utilizar esos inmuebles”, afirma.
La Policía también reforzó la vigilancia en 38 centros educativos considerados de alto riesgo, donde desarrolla registros preventivos de mochilas y mantiene presencia permanente para evitar el reclutamiento de menores por estructuras dedicadas al narcomenudeo.
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