Guatemala mantiene rezagos en cumplimiento del dictamen de la ONU por embarazo en niñas y adolescentes

En junio del 2025, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) dictaminó que el Estado de Guatemala no protegió y vulneró los derechos de Fátima ―seudónimo para proteger la identidad de la víctima― cuando quedó embarazada a los 14 años, producto de una violación sexual sistemática.

Transcurrido un año, los 11 puntos que se mencionan en el dictamen y que el país debe atender tienen escaso avance, según Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, organización que da acompañamiento al caso.

El Comité de la ONU estableció que el Estado guatemalteco debe enmendar la situación vivida por Fátima y su hijo: proporcionar una reparación integral por el daño sufrido, que incluya una indemnización adecuada; reparar la afectación infligida a su proyecto de vida, con apoyo para que pueda terminar su educación superior y llevar adelante su plan de vida, y garantizar el acceso a la educación, en todos los niveles, para el niño.

Además, debe proporcionar atención psicológica especializada para ella y para su hijo; garantizar el acceso efectivo a la justicia mediante el avance eficiente del proceso penal, y llevar a cabo un reconocimiento público de responsabilidad.

Barrios indica que hay avances en tres de las medidas: una beca que le permite cursar una maestría, la gestión de la reparación económica y la posibilidad de una beca de estudios para el niño. Las otras medidas están en proceso.

Sin embargo, para continuar con sus estudios, Fátima ha tenido que adaptarse a los programas de becas que tiene el Gobierno, lo que, a criterio de Barrios, no responde al “espíritu” del dictamen del Comité de Derechos Humanos y constituye un mal precedente, pues lo que se solicita es que el Estado genere un mecanismo específico para atender las necesidades de la joven y de su hijo.

El acceso a la atención psicológica lo ha tenido por medio de Mujeres Transformando el Mundo.

El punto con mayor rezago es el acceso a la justicia. El hombre que violó a Fátima permanece prófugo desde hace más de 15 años. Que el Ministerio Público investigue cuál es su paradero sería un comienzo para que hechos como el sufrido por la joven no queden en la impunidad, según Barrios.

“El Gobierno no ha generado ni los mecanismos legales ni administrativos que le permitan establecer un estándar de reparación acorde con las necesidades de Fátima y con lo establecido en el dictamen”, indica Barrios.

Agrega que han identificado un “vacío técnico, administrativo y financiero” en las instituciones que deben cumplir los mecanismos establecidos en el informe para transformar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan niñas en Guatemala.

Niñas madres

Este año, entre enero y mayo, se registraron 844nacimientos de madres de entre 10 y 14 años. Fueron cinco alumbramientos por día, como detalla el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar).

Según el Código Penal, los embarazos en niñas menores de 14 años, como ocurrió a Fátima, son producto de abuso sexual y deben denunciarse. Sin embargo, son contados los casos en los que el agresor recibe una condena.

El informe Forzadas a renunciar a sus sueños, violencia sexual contra niñas en Guatemala, de Human Rights Watch, reporta que entre el 2018 y octubre del 2023 hubo 12 mil 743 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años y que, de los casos denunciados, solo el 0.8% de los agresores fue condenado.

Fátima es originaria de la aldea San Lorenzo, Huehuetenango. El dictamen relata que fue agredida sexualmente por el director del Centro de Atención Integral de la localidad al que asistía cuando tenía 13 años. Los abusos continuaron, quedó embarazada y no pudo seguir con sus estudios. Debido a que el victimario era un hombre influyente en la comunidad, los señalamientos y las amenazas recaían sobre la menor.

Durante el embarazo y el parto no recibió la atención adecuada en los servicios de salud, lo que puso en riesgo su vida y la del bebé. El daño también fue psicológico, al punto de que la jovencita intentó terminar con su existencia en varias ocasiones.

En el 2010, la madre de Fátima denunció al agresor. El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango emitió una orden de aprehensión en su contra, pero a la fecha no ha sido capturado. Su caso forma parte de ese 99.2% en el que el victimario no recibe una condena.

Alcance del dictamen

Barrios lamenta que los embarazos en niñas sean “normalizados” por la sociedad, y señala que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU busca reparar el daño causado al forzarlas a la maternidad e interrumpir su proyecto de vida.

El dictamen también incluye puntos de alcance general, como emprender acciones para prevenir la violencia sexual en todos los sectores por medio del fortalecimiento de la educación sexual integral, campañas de sensibilización pública y acciones en el ámbito de la administración de justicia.

Además, establece brindar capacitación sobre atención integral en casos de violencia sexual a profesionales de la salud, personal de clínicas especializadas en atender a niñas y adolescentes víctimas del flagelo y operadores de justicia.

También dispone establecer un sistema de registro de casos de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas y adolescentes que permita monitorear el avance en la erradicación de estos casos.

Al igual que ocurre con las medidas individuales del dictamen a favor de la joven, Barrios considera que las de impacto general tampoco registran avances.

Agrega que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) es la entidad a la que le corresponde viabilizar el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas en el dictamen. Si bien lidera mesas de trabajo con otras instituciones para atender este asunto, aún no se han identificado mecanismos que permitan generar los cambios que establece el Comité y que impacten en las niñas y adolescentes que hoy se enfrentan, en soledad, a la maternidad forzada, señala la entrevistada.

Consultada la Copadeh sobre el avance de las medidas implementadas en el caso de Fátima, señaló que, en el marco de sus atribuciones, ha realizado diversas acciones orientadas al cumplimiento de medidas de reparación, en coordinación con la representación de la víctima.

Sin embargo, por tratarse de “un caso que involucra a una niña y que se encuentra vinculado a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, la información específica sobre las actuaciones realizadas está sujeta a estrictos estándares de confidencialidad y reserva, de conformidad con la legislación vigente”. Por ello, no puede dar más detalles.