Guatemala moderniza legislación antilavado y evita ingreso a la lista gris internacional

El Congreso de Guatemala aprobó recientemente el Decreto 15-2026, una nueva ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT),que moderniza el marco normativo del país conforme a estándares internacionales y reduce el riesgo de que Guatemala sea incluida en la llamada "lista gris".

Esta legislación sustituye y unifica las disposiciones contenidas en el Decreto 67-2001, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, y el Decreto 58-2005, Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, las cuales habían quedado desfasadas frente a las nuevas tipologías delictivas y desafíos del sector financiero global.

Un marco legal actualizado y unificado

La nueva ley representa una reforma estructural al integrar en un solo cuerpo legal los aspectos administrativos preventivos y el régimen penal represivo relacionados con el LD/FT. Entre sus aspectos más destacados se encuentra la adopción de un enfoque basado en riesgo (EBR) que opera a tres niveles para fortalecer la supervisión y regulación del sistema financiero y otros sectores vinculados.

Asimismo, establece la obligación de identificar al beneficiario final (Ultimate Beneficial Owner, UBO) con un umbral de participación del 15%, lo que implica que toda persona con una participación igual o superior a ese porcentaje en una entidad jurídica debe ser registrada y monitoreada.

Incorporación de nuevas tipologías y sectores

La ley responde a la evolución de los delitos financieros, incorporando controles sobre activos virtuales y criptomonedas, un área que ha cobrado relevancia a nivel mundial y que representa un riesgo creciente para la integridad del sistema financiero.

Se reconoce como personas obligadas a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV),incluyendo actividades como el intercambio de activos, la custodia y administración de criptomonedas, y la transferencia por cuenta de terceros.

Además, se amplía el universo regulado para incluir no solo al sector financiero supervisado, sino también a profesionales, inmobiliarias, empresas comerciales y de servicios, con el fin de cubrir estructuras complejas utilizadas para el lavado de activos.

Fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional

Para garantizar la implementación efectiva de la normativa, se creó el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFT),encargado de articular las acciones entre las diversas entidades involucradas.

También se fortalecen las funciones de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE),esta última desempeñando el rol de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),con mayores atribuciones para supervisar, investigar y sancionar actividades sospechosas.

Reformas complementarias

La nueva ley conlleva modificaciones en diversos cuerpos legales, como el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Notariado, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Privada, garantizando así un tratamiento integral y coherente del LD/FT en el sistema jurídico nacional.

Evitar la inclusión en la lista gris y sus implicaciones

La actualización normativa responde a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),que en evaluaciones anteriores detectaron deficiencias en el marco legal guatemalteco.

La próxima evaluación internacional está programada para 2027, por lo que la puesta en marcha de esta ley es fundamental para demostrar el compromiso y la capacidad del país en la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La inclusión en la lista gris podría generar consecuencias negativas significativas, tales como la reducción de inversiones extranjeras, dificultades en las transacciones comerciales internacionales, encarecimiento de operaciones crediticias, pérdida de corresponsalías bancarias, impacto en la calificación crediticia del país y complicaciones en la recepción de remesas familiares.

Principales disposiciones y mecanismos de control

• Personas expuestas políticamente (PEP): La ley establece que la condición de PEP tendrá una vigencia de un año después de cesar en el cargo, tras lo cual dejarán de ser consideradas como tal sin necesidad de trámite adicional. La SIB publicará un listado oficial de cargos públicos considerados PEP, clasificándolos en tres categorías: supervisados por la SIB, financieros no supervisados y comerciales y de servicios.
• Debida diligencia: Se establecen tres niveles de debida diligencia para clientes y operaciones: simplificada (para riesgos bajos comprobados),estándar (requerida para la mayoría de relaciones comerciales) e intensificada (aplicable en casos de alto riesgo, como transacciones con PEP o transferencias que superen ciertos umbrales).
• Registro actualizado de acciones: Las sociedades anónimas deberán mantener actualizado su registro de accionistas para facilitar la identificación de los beneficiarios finales reales.
• Control de activos virtuales: Incorporación de controles específicos para proveedores de servicios relacionados con activos virtuales, incluyendo intercambio, custodia y transferencia.

Retos y próximos pasos para el sector financiero

El sector financiero guatemalteco enfrenta ahora el desafío de implementar los nuevos requerimientos legales, lo que implicará inversiones en tecnología, capacitación especializada y la reingeniería de procesos para la gestión de riesgos y la debida diligencia.

Garantizar el cumplimiento efectivo de esta ley será clave para mantener la confianza de los mercados internacionales y fortalecer la integridad del sistema financiero nacional.

La colaboración entre autoridades, reguladores, instituciones financieras y el sector privado será esencial para la transición hacia un marco regulatorio más complejo, dinámico y acorde con las mejores prácticas internacionales.

Conclusión

La aprobación del Decreto 15-2026 representa un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala. Esta actualización normativa no solo fortalece el sistema de prevención y control, sino que también posiciona al país en un camino más seguro para evitar sanciones internacionales y preservar su estabilidad económica y reputacional.

La implementación efectiva de esta ley será determinante para consolidar un sistema financiero transparente y robusto, capaz de enfrentar las nuevas amenazas y desafíos del delito financiero en el contexto global.