Guatemala suspende IVA e IDP a combustibles: estos son los efectos fiscales que anticipan analistas
La suspensión temporal del IVA y el IDP a los combustibles (decreto 22-2026), reducirá la recaudación y plantea riesgos para la política fiscal de Guatemala, según analistas políticos y económicos.
En los últimos 30 años, Guatemala no había experimentado una exención o suspensión de impuestos, sobre todo del impuesto al valor agregado (IVA), como ocurrió la noche del martes 22 de septiembre, cuando los diputados, en el pleno del Congreso de la República, decidieron otorgar una exención temporal durante un trimestre: octubre, noviembre y diciembre.
La medida se da en medio del proceso de discusión del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2027 por la Comisión de Finanzas. A decir de los analistas consultados, la suspensión tiene un trasfondo político de cara a las elecciones generales del próximo año.
Los diputados de la actual legislatura “alteraron” la política fiscal, es decir, el sistema tributario, ante el alza de los combustibles en el mercado internacional y su efecto en el mercado interno. El temor es que esta medida continúe el próximo año, lo que desequilibraría el programa de gasto, refirieron los analistas consultados.
Las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informaron que, tras la aprobación del decreto relacionado con la exención temporal de impuestos a los combustibles, la institución realiza las acciones necesarias para su implementación, en cumplimiento de lo establecido por el Congreso de la República.
La medida representa una disminución estimada de Q3 mil 400 millones en la recaudación durante su período de vigencia, indicó la SAT.
Exención fiscal altera las cuentas
Prensa Libre consultó a los analistas Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes); Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y Douglas González, analista político independiente, y coinciden en que se está a las puertas del proceso electoral, por lo que queda claro que la medida responde al objetivo de captar simpatizantes, más que a buscar una solución de fondo al problema de la escalada de los precios internacionales del petróleo y los combustibles en el mercado interno.
Otras fuentes consultadas aseguran que se rompe la cadena del seguimiento del impuesto al valor agregado (IVA) y que esto generará un sacrificio, es decir, que el Ministerio de Finanzas (Minfin) deberá hacer recortes, posiblemente en gasto prioritario para los ciudadanos, y redestinarlo.
“La eliminación del IVA genera un agujero en la recaudación y crea un precedente muy nefasto para la política fiscal y la cultura tributaria”, resaltó González.

Volatilidad limita efecto de rebaja
Para Coyoy, si la volatilidad de los precios continúa, la rebaja de impuestos no tendrá un impacto significativo y sostenible en los precios. Por ello, también es necesario fortalecer las capacidades de supervisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) para asegurar que el beneficio llegue al consumidor.
Aclaró que el IVA es un impuesto difícil de rastrear porque, en el caso de las empresas, está compuesto por créditos por el IVA pagado en las compras y débitos por el IVA cobrado en las ventas. “Así que, sin una adecuada fiscalización, pueden diluirse los efectos de la rebaja del impuesto y no llegar al consumidor final”, advirtió.
El decreto 22-2026 plantea la suspensión temporal del impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados (IDP) y del impuesto al valor agregado (IVA) aplicado a los combustibles, con una tasa de cero.

Exenciones amenazan la base del IVA
A Maul le preocupa la suspensión temporal del IVA a los combustibles, pues era un tributo que había resistido tentaciones populistas durante varias décadas. “Ojalá una vez se rota esa barrera simbólica no se venga eliminar el IVA para medicinas, canasta básica, útiles escolares y demás”, consideró.
“Resulta muy contradictorio que un gobierno que se definía como social demócrata haya hecho la mayor cantidad de impuestos de la última década. La eliminación del IVA genera un agujero en la recaudación y crea un precedente muy nefasto para la política fiscal y la cultura tributaria”.
Douglas González, analista político
El sistema recaudatorio del IVA en Guatemala, según el analista del Cien, ha sido reconocido internacionalmente por tener uno de los mejores diseños, precisamente porque no tenía exenciones.
Pero, una vez se abre esa puerta, sobre todo en el contexto actual, de cara a una campaña electoral y dado el antecedente del impuesto único sobre inmuebles (Iusi), existe el riesgo de que se destruya la base imponible del IVA, “porque esa es la vaca lechera tributaria guatemalteca”.
Menos recaudación presiona el gasto
El analista del Cien afirmó que, más allá de la reducción de los impuestos, a su juicio, lo que más preocupa es que no exista una reducción del gasto público de la misma magnitud que la de los tributos. “Si se reduce la recaudación tributaria y no se reduce el gasto, habrá que buscar la forma de llenar el vacío que dejan los ingresos que no se cobran”, ejemplificó.
Las asignaciones específicas de estos dos impuestos que el Ministerio de Finanzas incluyó en el proyecto de presupuesto se mantienen, pero sin fuente de financiamiento, advirtió.
“El problema que yo veo es que estas asignaciones deben financiarse con fuente de ingresos tributarios, porque así habían quedado presupuestadas debido a que se nutrían de los impuestos. Me parece complicado que, a estas alturas del año, el Ministerio de Finanzas públicas pueda conseguir Q2 mil o Q2 mil 500 millones o lo que fuera el monto que se reduce la recaudación de ingresos tributarios libres para dedicar a estas fuentes. Lo que tendrá que hacer es ver a qué otras instituciones les quita financiamiento de esta fuente y se lo sustituye por endeudamiento”, aclaró.

Medida fiscal envía mala señal
González explicó que se envía un mal mensaje a las calificadoras de riesgo-país y que se debilita la posición fiscal ante los compradores de bonos y la banca multilateral.
Al igual que Coyoy y Maul, el analista político afirmó que, aunque la medida es temporal, sus efectos son más perceptibles en el mediano plazo por el precedente que sienta.
“De ahora en adelante, habrán más iniciativas para reducir impuestos en el Congreso, las cuales se unen a las de los ex patrulleros y veteranos militares, sindicatos, entre otros, unos pidiendo eliminar impuestos y otros pidiendo más indemnizaciones y repartos. Afectan la sostenibilidad fiscal”, anticipó.
Decisiones fiscales marcan ruta electoral
En ese contexto, el analista de Asíes aseguró que el Congreso ha caído en una dinámica de aprobar cualquier medida que considere que podrá usar a su favor para captar simpatizantes y posibles votos en las elecciones.
Si se reduce la recaudación tributaria y no se reduce el gasto, habrá que buscar la forma de llenar el vacío que dejan los ingresos que no se cobran.
“Es muy negativo que esas medidas hayan llegado hasta el sistema de impuestos, que es la principal fuente de financiamiento del Estado. Es un precedente negativo para nuevas medidas que puedan aprobarse en el futuro con el objetivo de castigar al Gobierno Central, a menos que haya alianzas de por medio, que como se ha visto en este periodo, se han logrado a costa de dejar a disposición de los diputados importantes montos del presupuesto estatal, como es el caso del aporte extraordinario a los Codedes”, agregó.
Maul indicó que, más que una minirreforma fiscal, lo que estamos observando es “una fiesta desenfrenada de rebajas impositivas”.
“Cuando esto que acaba de suceder se suma al Iusi y, del lado del gasto, a lo que ocurrió con los fondos para los Cocodes, estamos atestiguando un manejo de la política fiscal por parte del Congreso con el único fin de satisfacer intereses político-electorales”, resaltó el analista del Cien.
Menos impuestos, reto para el próximo año
En cuanto a las implicaciones desde la perspectiva fiscal y de cara a un nuevo gobierno en el 2028, Maul consideró que el verdadero problema reside en lo que podría suceder en enero del próximo año si los precios de los combustibles no se han normalizado.
“Será que el Congreso con el mismo nivel de convicción y de coincidencia de intereses, va a permitir que los impuestos hoy rebajados vuelvan a la normalidad, aunque eso implique un aumento de precios en los combustibles”, cuestionó.
Agregó que, definitivamente, quienes compran combustibles resultarán beneficiados, pero habría que esperar que los precios de los productos en los mercados populares también disminuyan en la misma proporción que la reducción de impuestos.
“Los transportistas deberían ser los primeros en ajustar sus fletes hacia abajo y luego los distribuidores mayoristas y minoristas de productos de primera necesidad. Si los precios no bajan, quedará probado que todo lo que estos sectores demandaron no era del todo cierto, porque el ahorro resultante la rebaja de impuestos terminaría en manos de transportistas o de vendedores de productos de primera necesidad”, enfatizó el analista del Cien.
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