ICE captura en EE.UU. a exfutbolista Pedro Samayoa y familiares por asesinato de Claudina Velásquez

En un operativo internacional coordinado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al exfutbolista guatemalteco Pedro Julio Samayoa Moreno, así como a su madre, Zully Moreno Barbier, y a su hermano, Eduardo Alejandro Samayoa Moreno. Los tres están implicados en el caso del asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en 2005, y se encuentran en un centro de detención migratoria en el estado de Georgia, Estados Unidos, a la espera de su deportación a Guatemala.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden internacional emitida por la justicia guatemalteca, tras una investigación y coordinación entre autoridades migratorias y la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público (MP). Los tres individuos habían sido declarados en rebeldía en 2025 ante la falta de presentación en el proceso judicial que se les sigue por los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

Antecedentes del caso

Claudina Velásquez, estudiante universitaria de 19 años, desapareció el 12 de agosto de 2005 tras asistir a una fiesta. Su cuerpo fue encontrado un día después en un terreno baldío, presentando evidentes señales de violencia. El caso conmocionó a la sociedad guatemalteca y permanece abierto en los tribunales más de dos décadas después, sin que hasta la fecha se hayan esclarecido los motivos que rodearon su asesinato.

Durante las primeras investigaciones, los padres de Claudina recibieron una llamada telefónica de Zully Moreno, madre de Pedro Samayoa, quien les comunicó que escuchó gritos de desesperación provenientes de Claudina. Posteriormente, los familiares de la víctima denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional Civil (PNC),lo que inició el proceso de búsqueda y posterior investigación.

Procesos legales y coordinación internacional

El MP detalló que las detenciones fueron posibles gracias a la activación de alertas internacionales y a la cooperación entre organismos de seguridad de Guatemala y Estados Unidos. Actualmente, se realizan los trámites para el traslado de los sindicados a territorio guatemalteco, donde deberán enfrentar el proceso judicial pendiente.

Las órdenes de aprehensión contra Pedro Samayoa y sus familiares fueron emitidas luego de que la fiscalía solicitara su declaración en rebeldía debido a su ausencia prolongada en el proceso judicial. La Fiscalía de Casos Especiales enfatizó que el caso continúa en curso y que la captura representa un avance importante para la justicia en Guatemala.

Contexto y repercusiones

El caso de Claudina Velásquez ha sido uno de los más emblemáticos en Guatemala en materia de violencia contra la mujer y desaparición forzada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en diciembre de 2025 en contra del Estado guatemalteco por la falta de diligencia en la investigación y atención de la denuncia presentada por la familia de Claudina.

Asimismo, la alerta Isabel-Claudina, activada en Guatemala, rinde homenaje a los casos de María Isabel Véliz Franco (2001) y Claudina Velásquez (2005),dos jóvenes víctimas de violencia extrema que fueron localizadas sin vida tras reportarse como desaparecidas. Esta alerta busca mejorar la respuesta institucional y social para prevenir y atender casos similares.

Expectativas para el proceso judicial en Guatemala

Con la detención de Pedro Samayoa y sus familiares, se abre una nueva etapa en el caso, enfocada en la resolución judicial definitiva. Las autoridades guatemaltecas se preparan para recibir a los detenidos y garantizar que se respeten sus derechos durante el proceso judicial, al tiempo que se busca justicia para Claudina Velásquez y su familia.

Este hecho resalta la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de personas prófugas de la justicia y subraya la persistencia del Estado guatemalteco en esclarecer crímenes de alto impacto social, especialmente aquellos relacionados con violencia contra la mujer.

La sociedad guatemalteca sigue atenta al desarrollo de este caso, que representa una prueba significativa para el sistema judicial y para los mecanismos de protección y derechos humanos en el país.