Implementación de la Ley del Cáncer podría tomar años por las estructuras que exige el reglamento

Comunitario

|

Suscriptores

Después de 119 semanas de aprobada la Ley de Atención Integral del Cáncer ―7 de marzo del 2024―, el Ministerio de Salud publicó el pasado 24 de junio el reglamento que permitirá la aplicación de la norma, la cual se creó con el propósito de dar asistencia especializada a pacientes dentro de un sistema de salud que tenga la capacidad de detección temprana, provea tratamiento y dé seguimiento a los pacientes.

El reglamento está integrado por 93 artículos y 14 capítulos, en los que se detalla la integración de toda una estructura que permitirá implementar la normativa, la cual estará a cargo del ministerio. Pero, a criterio de pacientes y sociedad civil, conformar cada una de las nueve unidades que se mencionan en el instrumento llevará tiempo, por lo que podrían pasar varios años para que se resuelvan los problemas de la falta de atención a pacientes oncológicos.

En primera instancia se debe crear la Dirección Nacional de Atención Integral del Cáncer, que se encargará de coordinar las políticas, normas, planificación, vigilancia y de articular, a nivel nacional, la atención a la población. También se tienen que integrar el Consejo Nacional contra el Cáncer, el Comité de Farmacoterapia, la Red Nacional de Apoyo contra el Cáncer y las Mesas de Trabajo, en las cuales deben involucrarse personal especializado en atender la enfermedad, además de la participación de la red de servicios de salud para brindar una atención integral.

Como parte de los componentes a implementar, y a los que se les debe dar prioridad, está el Registro Nacional del Cáncer, que permitirá contar con información confiable sobre incidencia, mortalidad, supervivencia y prevalencia de la enfermedad en el país, para orientar la toma de decisiones y la planificación en los servicios de salud. Además, está el listado básico de medicamentos, que está sujeto a protocolos y lineamientos de farmacoterapia, de acuerdo con las características epidemiológicas locales.

La especialización del recurso humano es otro de los puntos que aborda el reglamento, para la formación, capacitación y especialización del personal de salud en el campo de la oncología; pero el proceso debe ser continuo para desarrollar las capacidades en todos los niveles de atención y con pertinencia cultural. La investigación también debe propiciarse, y el ministerio debe garantizar los recursos para implementarla.

El reglamento señala la creación del Hospital Especializado contra el Cáncer, que deberá tener una unidad de radioterapia, equipo médico, medicamentos y recurso humano capacitado (técnico, profesional especializado y administrativo). Aunque el pasado 13 de febrero el Ministerio de Salud y la Embajada de China (Taiwán) en Guatemala firmaron un convenio para construirlo, no hay fecha para el inicio de los trabajos en el terreno.

De acuerdo con el ministro Joaquín Barnoya, los procesos son “burocráticos” para la creación de cada una de las estructuras que se mencionan en el instrumento que dará vida a la ley. Pero ya se avanzó con “poner al cáncer dentro de la estructura legal del ministerio”.

Otros involucrados

El Ministerio de Salud es el ente rector de la Ley de Atención Integral del Cáncer, pero en la implementación hay otros ministerios que también colaboran, y el reglamento establece sus funciones.

Por ejemplo, el Ministerio de Educación debe incluir en el Currículo Nacional Base contenidos sobre prevención del cáncer y estilos de vida saludables, además de coordinar actividades educativas para promover la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) entre los estudiantes.

El Ministerio de Trabajo debe crear programas de protección social para pacientes y sobrevivientes de cáncer, como inserción al empleo, capacitación ocupacional y protección de los derechos laborales de los pacientes oncológicos.

Se reglamenta que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que integrar a las personas con cáncer y a sus familias a los programas de protección social. Mientras que el Ministerio de Finanzas Públicas debe garantizar los fondos para implementar la ley.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las municipalidades, las universidades y los hospitales públicos y especializados también deben involucrarse en el cumplimiento de la normativa. Se incluye a las organizaciones de pacientes y a la sociedad civil que conforman la Red Nacional de Apoyo contra el Cáncer, cuyo papel es importante en los procesos de auditoría social.

Insatisfechos

El año pasado, pacientes y sociedad civil alzaron la voz para exponer su preocupación sobre un reglamento de la Ley de Atención Integral del Cáncer que se trabajaba a “puerta cerrada”. Lograron ser incluidos en algunas mesas de trabajo y presentaron sus observaciones al documento; sin embargo, hoy señalan que no fueron tomadas en cuenta.

“Nuestra revisión preliminar del texto publicado indica que los cambios sustanciales que planteamos no fueron incorporados. No se trata de que se aceptaran o no las propuestas; se trata de que varias de ellas buscaban que el reglamento desarrollara plenamente el espíritu y el mandato de la Ley de Atención Integral del Cáncer”, indica la organización Voz por el Cáncer.

Si bien la publicación del reglamento representa un paso importante, esta no cierra la discusión, por lo que continuarán vigilantes de su implementación para garantizar una mejor atención para las personas con cáncer.

Lea Echeverría, especialista en psicooncología y quien ha dado seguimiento a la ley, señala que “hay vacíos” y “ambigüedades” que no se resolvieron del borrador que conocieron el año pasado, como la formación del recurso humano, el fortalecimiento de las unidades de atención existentes, y que no se observa un “impacto directo” en el bienestar del paciente y de sus familias en el corto plazo.

A criterio de Echeverría, podría pasar una década para que la Ley de Atención Integral del Cáncer realmente mejore la atención de la población, y la mayor preocupación es que todo quede en el papel.

“Hay vacíos y preocupa porque ya está autorizado (el reglamento). El futuro del cáncer para mí sigue siendo incierto. Crearon un programa para visualizarlo dentro de unos años, pero todo dependerá del gobierno que quede”, agrega la psicooncóloga.

Para Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar),la publicación del reglamento representa un avance para la implementación de la ley, pues cumple con desarrollar el contenido de la normativa. Agrega que, durante el proceso de interlocución que se llevó a cabo el año pasado con el Ministerio de Salud, se incorporaron aportes como la gobernanza en la conformación de la Red Nacional de Apoyo contra el Cáncer, que es importante, pero es importante establecer un cronograma para implementar lo que se expresa en el documento.