Incrementan a 512 las muertes en cárceles de El Salvador bajo régimen de excepción

Incrementan a 512 las muertes en cárceles de El Salvador bajo régimen de excepción

El número de personas fallecidas en centros penitenciarios de El Salvador bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ascendió a 512, según informó recientemente la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Esta cifra revela un escenario preocupante en el sistema penitenciario salvadoreño y plantea interrogantes sobre las condiciones y el respeto a los derechos humanos en el contexto de esta medida.

Detalles del reporte y contexto del régimen de excepción

La SJH, que ofrece asistencia legal gratuita a familiares de detenidos bajo este régimen, indicó que los dos casos más recientes corresponden a reclusos de los centros penales de Izalco y Mariona. La organización ha señalado que la mayoría de las muertes se concentran en cárceles donde se encuentran recluidos más de 90,000 detenidos, muchos de los cuales permanecen sin una condena judicial firme.

El régimen de excepción fue instaurado en marzo de 2022 tras un incremento significativo de violencia atribuida a pandillas, en un episodio que dejó más de 80 personas asesinadas en un solo fin de semana. Desde entonces, la medida ha sido extendida continuamente con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas.

Condiciones en las prisiones y características de las muertes

Uno de los puntos más críticos señalados por la SJH es la poca transparencia y escasa información oficial acerca de lo que ocurre en algunas prisiones, en particular en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot),una de las cárceles emblemáticas del Gobierno salvadoreño. Este centro se ha convertido en un símbolo del endurecimiento de las políticas penitenciarias.

Según el informe divulgado a finales de enero de 2026, la violencia física es la principal causa de muerte dentro de las cárceles, representando cerca del 32 % de los casos documentados. Asimismo, un 31.6 % de las muertes estarían relacionadas con la falta de atención médica adecuada, según testimonios de familiares que han denunciado la reserva de datos oficiales sobre estos hechos.

La SJH también advirtió que el 94 % de las personas fallecidas no tenía perfil de pandillero, lo cual cuestiona la aplicación del régimen y sus criterios para la detención y encarcelamiento masivo. La organización estima que el número real de muertes bajo custodia estatal podría superar las 2,000 personas, aunque estas cifras aún no han sido confirmadas oficialmente.

Denuncias de violaciones a derechos humanos y repercusiones regionales

Hasta marzo de 2026, diversas entidades han registrado al menos 6,889 denuncias relacionadas con violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. De estos casos, el 98 % corresponde a detenciones arbitrarias y el 75 % señala la responsabilidad de agentes policiales.

El presidente Nayib Bukele ha defendido la medida como un instrumento fundamental para reducir la criminalidad en el país, argumentando que ha logrado disminuir la violencia y aumentar la seguridad ciudadana. Sin embargo, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales han expresado su preocupación por posibles abusos y la falta de garantías procesales para los detenidos.

Para países de la región como Guatemala, que también enfrentan retos significativos en materia de seguridad y manejo del sistema penitenciario, el caso salvadoreño representa un referente crítico en el análisis y debate sobre políticas de mano dura, justicia y respeto a los derechos humanos.

Implicaciones para Guatemala y la región

Guatemala ha experimentado un aumento en la población penitenciaria y una sobrecarga en sus centros carcelarios, situación que ha generado preocupación en diversos sectores sociales y gubernamentales. El seguimiento al régimen de excepción en El Salvador evidencia las complejidades y riesgos asociados a políticas de seguridad que priorizan la detención masiva sin una adecuada supervisión y garantías legales.

Los expertos en la región advierten que fortalecer el sistema judicial y penitenciario con un enfoque de derechos humanos es fundamental para evitar tragedias similares y garantizar un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Conclusiones

El aumento a 512 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción pone en evidencia las dificultades y riesgos que conlleva la implementación de políticas de seguridad extremas sin mecanismos claros de transparencia y control. La situación demanda una revisión crítica y un monitoreo constante que permita proteger los derechos humanos y evitar la impunidad en casos de abuso y negligencia.

En este contexto, el caso de El Salvador se convierte en una alerta regional para países como Guatemala que enfrentan desafíos similares, subrayando la necesidad de políticas integrales, respetuosas de las garantías legales y orientadas a la reinserción social efectiva.