Informe ante la CIDH señala posibles crímenes de lesa humanidad durante estado de excepción en El Salvador

Un informe presentado el 10 de marzo de 2026 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso la existencia de indicios que podrían constituir crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador. Este régimen, instaurado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha sido analizado por un grupo internacional de expertos en derechos humanos, quienes documentaron presuntas violaciones sistemáticas cometidas durante este periodo.

Contexto y presentación del informe

El documento fue presentado durante una audiencia realizada en Guatemala por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES). Tras un proceso exhaustivo de investigación, el grupo concluyó que existen bases razonables para considerar que, bajo el régimen de excepción, se han cometido actos que podrían encuadrarse como crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El informe detalla que estas violaciones no son incidentales ni aisladas, sino que responden a una política de actuación policial y militar promovida y conocida incluso por las más altas autoridades del Ejecutivo salvadoreño.

Violaciones documentadas y alcance del régimen de excepción

Entre las violaciones señaladas se encuentran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otros actos inhumanos cometidos contra la población, incluyendo niños y adolescentes. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF),con sede en Washington, ha enfatizado que, si bien El Salvador ha sido presentado en algunos sectores como un caso de éxito en la reducción de la criminalidad, este escenario ha implicado altos costos para sectores como periodistas, víctimas de abuso y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.

La representante de la DPLF destacó que prácticas como las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas se han convertido en procedimientos sistemáticos, generando que gran parte de la población empiece a temer al Estado, más allá de la amenaza que representaban las pandillas.

Datos documentados hasta agosto de 2025 revelan que se han registrado 403 muertes bajo custodia estatal, incluyendo menores de edad, y 540 casos de desaparición forzada hasta febrero del mismo año. Estas cifras apuntan a una crisis grave en materia de derechos humanos en el país.

Implicaciones y recomendaciones internacionales

El GIPES ha instado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a crear una misión internacional de determinación de hechos para investigar las posibles violaciones de derechos humanos en El Salvador. Esta acción busca garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la justicia frente a los abusos documentados.

Organismos internacionales como la CIDH y expertos de la ONU han expresado su rechazo a reformas legislativas que amenazan la independencia judicial en El Salvador, subrayando la importancia de respetar las garantías para la autonomía de magistrados y fiscales en el país.

Reacciones y contexto regional

El informe se enmarca en un contexto regional donde la seguridad y el combate a la criminalidad son temas prioritarios para los gobiernos, pero también donde los derechos humanos y el estado de derecho deben ser preservados. La situación en El Salvador ha generado preocupación en organismos internacionales y en la comunidad regional por la gravedad de las denuncias y la posible afectación a las garantías fundamentales.

En la reciente cumbre "Escudo de las Américas", el presidente salvadoreño participó en diálogos con funcionarios de Estados Unidos sobre seguridad y economía, pero los desafíos en materia de derechos humanos continúan siendo un tema de debate y análisis en la agenda internacional.

Conclusiones

El informe presentado ante la CIDH aporta un análisis detallado de las presuntas violaciones cometidas durante el régimen de excepción en El Salvador. Documenta un patrón sistemático de abusos que, de confirmarse, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La comunidad internacional mantiene la atención sobre el país, enfatizando la necesidad de mecanismos independientes que aseguren la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En un contexto en el que el combate a la inseguridad es una prioridad, este caso subraya la importancia de equilibrar las políticas de seguridad con el respeto a las garantías fundamentales, para evitar que el Estado se convierta, a su vez, en una fuente de temor para la población.