Infraestructura vial en Guatemala registra bajo avance pese a mecanismos de emergencia estatales

El desarrollo de la infraestructura vial en Guatemala continúa enfrentando importantes rezagos durante 2026, a pesar de la implementación de mecanismos de emergencia por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Según un informe reciente elaborado por la Comisión de Infraestructura del Plan Guatemala No se Detiene, en el que participa la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa),solo el 41% de los proyectos viales en el país se encuentran en ejecución o han sido finalizados, mientras que el 59% permanece sin avanzar.

Estado actual de la ejecución de proyectos

El informe, que contiene datos actualizados hasta abril de 2026, revela que el porcentaje de proyectos en proceso o concluidos está por debajo de la meta estatal del 50% establecida para este año. Además, un 30% de las obras se encuentran en estado crítico, categorizadas en color rojo dentro del semáforo de ejecución, lo que indica que están declaradas desiertas, sin licitación o suspendidas. Estas cifras ponen en evidencia que, a pesar de las acciones implementadas para acelerar la infraestructura vial, persisten dificultades significativas para cumplir con los planes establecidos.

Metas y avances financieros

El informe detalla tres Metas Crucialmente Importantes (MCI) diseñadas para el año en curso. En términos financieros, se ha alcanzado el 96% de la meta de incremento de inversión de capital (Capex) para proyectos público-privados, con un monto comprometido de aproximadamente US$8,920 millones de un total proyectado de US$9,430 millones. Sin embargo, esta inversión aún no se traduce en un avance significativo en la ejecución física de las obras, ya que la mayoría de los proyectos permanecen pendientes.

Portafolio y distribución de proyectos

El portafolio activo de infraestructura vial asciende a US$8,920 millones, equivalente al 6.74% del Producto Interno Bruto (PIB) guatemalteco, compuesto por 106 proyectos. De este total, la mayor parte se destina a obras viales que cubrirán aproximadamente 1,302.9 kilómetros, con un presupuesto asignado de US$6,021 millones. Otros proyectos incluyen aeropuertos (US$1,397 millones),rutas turísticas (US$172 millones) y distribuidores viales (US$45 millones).

Semáforo de ejecución

El documento presenta un semáforo que clasifica el estado de los proyectos en cuatro categorías: rojo (30%),amarillo (29%),verde (21%) y azul (20%). La categoría roja agrupa obras que están pendientes de ejecución o suspendidas; la amarilla incluye proyectos priorizados que carecen de financiamiento; la verde corresponde a proyectos con ejecución normal; y la azul agrupa aquellos finalizados. Pese a un aumento en los proyectos en verde y azul, pasando del 32% en 2024 al 41% en 2026, aún es necesario un esfuerzo considerable para alcanzar la meta del 50% establecida para este año.

Proyectos emblemáticos y desafíos específicos

El análisis identifica varios proyectos emblemáticos que enfrentan obstáculos para su avance. Por ejemplo, la ampliación de la ruta CA-02, del kilómetro 110 al 144, registra un avance físico del 63% pero está estancada por falta de financiamiento y pagos a contratistas. La licitación para ampliar a cuatro carriles la CA-2, desde el kilómetro 172 al 198, fue declarada desierta por incumplimientos en las bases. Asimismo, el tramo de la ruta CA-9 Norte, de Mayuelas a Puerto Santo Tomás (kilómetro 170 al 292),depende de la formalización de una donación de Taiwán para financiar estudios de ingeniería.

Estos proyectos, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Caminos (DGC) del CIV, reflejan la complejidad de la gestión y los desafíos administrativos que ralentizan la ejecución de obras prioritarias.

Cartera priorizada para el desarrollo nacional

La Comisión de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene ha priorizado una cartera de proyectos valorada en US$5,556 millones. Entre ellos destacan la construcción del Anillo Regional C-50 (tramos 1 al 8) con un presupuesto de US$1,676 millones y la vía exprés entre el kilómetro 23 de la CA-01 Oriente y el kilómetro 10 de la carretera al Atlántico por US$785 millones. También figura el Plan Maestro de Movilidad para el Área Metropolitana, presentado en 2025 por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica),con un costo estimado de US$441 millones, ejecutado mediante Alianzas Público-Privadas (APP). Además, se priorizó la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-01 Occidente, desde Cuatro Caminos hasta Huehuetenango, con un presupuesto de US$375 millones bajo procedimiento estatal convencional.

Licitaciones por emergencias y mecanismos legales

Una innovación relevante en la gestión de infraestructura vial ha sido la utilización del artículo 95 del Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que permite contratar obras mediante licitaciones especiales de emergencia, eludiendo procedimientos ordinarios establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta modalidad requiere un informe de riesgo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y aprobación de la DGC.

Hasta principios de mayo, se habían adjudicado 10 contratos para obras por un monto superior a Q1,178 millones y nueve contratos de supervisión por Q42 millones, abarcando rutas críticas en departamentos como Guatemala, Santa Rosa, Quetzaltenango, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa e Izabal, entre otros.

Principales retos y conclusiones

Entre los principales desafíos señalados por la Comisión figuran la necesidad de mejorar la comunicación y coordinación con el CIV, completar la institucionalización y reglamentación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),y asegurar el correcto uso del artículo 95 para emergencias.

Se enfatiza que la consolidación de un ecosistema eficiente en infraestructura dependerá de la capacidad para ejecutar presupuestos, la institucionalización efectiva de nuevas agencias y el fortalecimiento del diálogo entre el sector público y privado.

Al cierre de esta publicación, el Ministerio de Comunicaciones no ha emitido una postura oficial respecto a los hallazgos del informe compartido por Fundesa.