Jose Rubén Zamora amplía denuncia por amenazas contra su familia desde redes sociales

El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora Marroquín amplió este miércoles 28 de octubre ante el Ministerio Público (MP) su denuncia por hostigamiento, tras acusar a una red de acoso digital de proferir presuntas amenazas contra su familia después de abandonar la prisión militar donde permaneció recluido más de tres años.

Zamora Marroquín indicó a periodistas que su hijo fue víctima de intimidaciones tras el asesinato del abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa —quien lo había defendido en su proceso judicial—, ocurrido el pasado 17 de octubre mientras jugaba fútbol.

Asimismo, el periodista enfatizó que expresiones como “viaje a la playita” constituyen un patrón explícito de amenazas de muerte que ya fue empleado contra Solórzano Foppa dos días antes de su crimen en un centro deportivo de la capital, por lo que urgió a desarticular estas estructuras digitales.

“Desde la cuenta ‘¡Yes, Master!’ (en la red social X) se utilizó la expresión ‘La Playita’ contra mi hijo, días después del asesinato de su abogado”, declaró Zamora ante las autoridades, a quienes pidió investigar los vínculos de estas redes anónimas con los ataques contra periodistas, defensores y operadores de justicia.

El periodista fundamentó la ampliación de su denuncia ante la Fiscalía en un análisis del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, el cual documentó, mediante 670 mil interacciones en la red social X, una campaña coordinada de hostigamiento y filtración de información judicial reservada por parte de más de un centenar de cuentas.

Zamora Marroquín, fundador del extinto diario elPeriódico, se encuentra en arresto domiciliario tras haber abandonado la cárcel militar Mariscal Zavala el pasado 12 de febrero, luego de más de 1 mil 200 días de prisión preventiva desde su detención en julio del 2022.

Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó su medida sustitutiva en octubre del 2026, el periodista tiene prohibido salir del país y debe firmar cada 15 días ante la Fiscalía, mientras continúan abiertos procesos penales en su contra por presunto blanqueo de capitales y conspiración para la obstrucción de la justicia.

Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa sostienen que los juicios pendientes contra el periodista guatemalteco responden a una persecución política promovida por la administración de la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta, debido a las investigaciones sobre corrupción publicadas en elPeriódico.

“Los guatemaltecos tenemos derecho a vivir sin amenazas, a denunciar los abusos de poder y ejercer nuestras libertades sin que se tome represalias; no podemos esperar a que otra persona sea asesinada para comenzar a investigar”, sentenció el periodista ante el Ministerio Público.