Juez ordena juicio contra implicados en secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

El Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió enviar a juicio a los cinco implicados en el secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido en mayo de 2025. La decisión fue dictada por el juez Eduardo Orozco tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP),que vinculan a los acusados con la estructura criminal responsable del plagio.

Entre los señalados figura Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, identificado como supuesto cabecilla de la red criminal y quien mantenía una relación cercana con la víctima, situación que habría facilitado el seguimiento de las rutinas y movimientos del odontólogo antes de su desaparición. Según la investigación, Girón Castañeda era considerado uno de sus mejores amigos.

Implicados enviados a juicio

• Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda – Plagio o secuestro.
• Carlos Antonio González González – Plagio o secuestro.
• Juan Ubaldo Tzul Castillo – Plagio o secuestro.
• Juan Oswaldo Tzul Hernández – Plagio o secuestro en grado de complicidad.
• Paola Isabel Díaz Ramírez – Plagio o secuestro en grado de complicidad.

Además, una persona identificada como Anelsy Adeli Quiñónez Corado permanece prófuga de la justicia. La Fiscalía continúa con la búsqueda para dar con su paradero.

Detalles de la investigación y pruebas presentadas

Durante la etapa intermedia del proceso, el Ministerio Público presentó un conjunto de indicios y evidencias obtenidas tras casi un año de investigación. Entre los elementos destacados figuran grabaciones de cámaras de vigilancia, registros telefónicos, audios interceptados y objetos vinculados al delito.

Se exhibieron como pruebas dos relojes, una tarjeta de tenencia de arma de fuego, lentes de sol, dos intercomunicadores, uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil (PNC),una camisa policial, una chumpa, un casco, nueve cargadores para pistola, siete armas de fuego, una mira telescópica para arma y un fusil, además de al menos 680 cartuchos.

La investigación sostiene que la estructura criminal exigió un rescate inicial de cinco millones de quetzales a cambio de liberar al odontólogo. No obstante, tras negociaciones entre los secuestradores y la familia, se acordó un pago de 763 mil quetzales, entregado el 5 de junio de 2025 en una gasolinera de la zona 13 capitalina.

El MP también presentó audios en los que la víctima solicitaba a sus familiares que reunieran el dinero para salvar su vida, evidenciando la presión y desesperación durante el secuestro.

Contexto del secuestro

Julio Amílcar Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo de 2025 cuando se dirigía a su clínica ubicada en El Jocotillo, Villa Canales. Según la Fiscalía, fue interceptado por un grupo de personas que lo siguió desde un centro comercial en el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador.

La acusación detalla que la estructura criminal estaba integrada por Girón Castañeda —supuesto líder—; Carlos Antonio González, presunto negociador; Juan Ubaldo Tzul Castillo; Juan Oswaldo Tzul Hernández; y Paola Isabel Díaz Ramírez, además de la persona prófuga mencionada.

La vinculación de los acusados con el caso se fundamenta en diversas evidencias, que incluyen seguimientos telefónicos y registros de videovigilancia, además de indicios materiales relacionados con los vehículos que habrían sido empleados para ejecutar el secuestro.

Cuestionamientos de la defensa

Durante las audiencias, los abogados defensores pusieron en duda la solidez de la investigación del Ministerio Público, alegando que la acusación presenta inconsistencias, vacíos probatorios y errores procesales.

El defensor de Paola Isabel Díaz Ramírez solicitó el cierre provisional del caso, argumentando que no se demostró la participación directa de su clienta ni el “dominio del hecho”, concepto jurídico clave para sostener la acusación. Asimismo, criticó la actuación de la Policía Nacional Civil durante la entrega del rescate, señalando que no hubo capturas inmediatas ni recuperación del dinero.

“¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué no se realizaron allanamientos ni registros a la casa esa madrugada?”, cuestionó el abogado en la audiencia, afirmando que la acusación carece de coherencia jurídica y solicitando el sobreseimiento a favor de su defendida.

Similares argumentos fueron presentados por los defensores de Juan Ubaldo Tzul Castillo y Juan Oswaldo Tzul Hernández, quienes pidieron que sus representados no fueran remitidos a juicio debido a deficiencias en la investigación.

Implicaciones y próximo proceso judicial

Con la resolución de enviar a juicio a los presuntos responsables, el caso avanza hacia la etapa oral y pública en la que se evaluarán las pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal en el secuestro y desaparición del odontólogo.

Este proceso genera expectativa en el ámbito judicial guatemalteco, dada la complejidad del caso y el involucramiento de personas cercanas a la víctima. Además, representa un reto para las autoridades en la lucha contra las redes criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en el país.

El caso ha sido seguido con atención por la sociedad guatemalteca debido a la gravedad del delito y la impunidad que suele caracterizar estos hechos. La Fiscalía ha destacado la importancia de continuar fortaleciendo las investigaciones para garantizar justicia y evitar que casos similares queden sin resolución.

Por su parte, la defensa mantiene su postura crítica frente a la investigación, lo que anticipa un proceso judicial intenso y con amplias argumentaciones jurídicas en ambas partes.