Juez suspende audiencia para definir si Jonathan Chévez se libra del caso Cooptación del Estado

El juez Eduardo Orozco, del Juzgado de Mayor Riesgo B, suspendió este miércoles 22 de julio la audiencia en la que debía dar cumplimiento a una resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, constituida en Tribunal de Amparo, que otorgó en definitiva un amparo a favor de Jonathan Chévez, señalado en el caso Cooptación del Estado.

La resolución de la Sala ordena al juzgador revocar la decisión emitida el 5 de noviembre del 2025, mediante la cual resolvió que Chévez enfrentara juicio por el delito de lavado de dinero u otros activos. Asimismo, le instruye emitir una nueva resolución en la que dicte el sobreseimiento del proceso a favor del sindicado.

Al inicio de la diligencia, Orozco dio lectura a la resolución emitida por los magistrados. Sin embargo, representantes del Ministerio Público (MP) y de la Empresa Portuaria Quetzal informaron que presentaron apelaciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el fallo de la Sala, por lo que solicitaron suspender la audiencia hasta que el máximo tribunal en materia constitucional resuelva esos recursos.

Tras escuchar los planteamientos de las partes, el juez consideró que no era posible ejecutar de inmediato lo ordenado por la Sala, debido a la existencia de las apelaciones de amparo promovidas ante la CC. Según explicó, esa circunstancia le impedía dar cumplimiento a la resolución mientras no exista un pronunciamiento del alto tribunal constitucional.

Con base en ese criterio, el juzgador suspendió la audiencia y señaló que, una vez la Corte de Constitucionalidad resuelva los recursos pendientes, convocará nuevamente a los sujetos procesales para continuar con el trámite correspondiente.

Jonathan Chévez permanece bajo la medida de arresto domiciliario.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Chévez habría administrado al menos Q25 millones por medio de un grupo de empresas, con el propósito de dar apariencia de legalidad al movimiento de esos recursos. Según la hipótesis de la Fiscalía, ese dinero pudo haber sido utilizado para la adquisición de bienes y servicios en favor de los expresidentes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, dentro de las pesquisas relacionadas con el caso Cooptación del Estado.

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