Justicia e IA: sin ciberseguridad y protección de datos, la modernización queda sin una base sólida

Incorporar la inteligencia artificial al sistema de justicia no depende solo de contar con nuevas herramientas tecnológicas. Antes de avanzar hacia una gestión completa mediante la IA, la digitalización debe estar acompañada de medidas de ciberseguridad y leyes que garanticen la protección de los datos que manejan los órganos judiciales y sus actores.

Es parte de la visión de Matías Arregger, director académico de la Escuela Judicial de Argentina, quien explica cuáles deben ser las condiciones antes de incorporar inteligencia artificial en la justicia y los riesgos de hacerlo sin una estructura innovadora.

Desde una perspectiva internacional, la experiencia de Argentina ha demostrado cómo las instituciones judiciales de sus provincias han avanzado hacia la innovación, lo que permite que aquellas que aún no cuentan con estos avances puedan adoptarlos eventualmente.

A esto se suma la coordinación que debe existir entre las instituciones y el Poder Legislativo, el manejo de los datos e información sensible, el acercamiento de la IA a la población y en cómo esta tecnología puede ponerse al servicio de la ciudadanía.

Este es un extracto de la entrevista hecha por Prensa Libre.

¿Cuál es el principal problema de la justicia que la inteligencia artificial realmente puede ayudar a resolver?

Hay que diferenciar entre digitalización, innovación judicial e inteligencia artificial. Digitalizar significa pasar del papel a la pantalla mediante herramientras como el expediente electrónico, la firma digital o las mesas de entrada en línea, pero eso no implica que el sistema tome decisiones por sí mismo. La innovación judicial va más allá: consiste en simplificar trámites, eliminar barreras de acceso y acercar los servicios de justicia a los ciudadanos, incluso sin utilizar inteligencia artificial.

Aprender a diferenciar esto es importante porque la innovación se debe valorar, ya que buena parte de los poderes judiciales de nuestra región hoy están en esa tarea, en esa medida: en llevar el expediente al entorno digital, en abrir trámites a distancia, en eliminar pasos que son muy engorrosos, en ver de qué manera se puede acercar la justicia a aquellas personas que quedan afuera por geografía, por costos o por tiempo.

La inteligencia artificial se inscribe en esa misma agenda de la innovación, pero ocupa dentro de ella un escalón mucho más importante, que es el que habla ya de inferencias, ordenamiento, priorización y puntuación. Me parece que hoy estamos en una instancia previa a meternos tan de lleno con la inteligencia artificial pura y dura, que sí es importante saber de qué va, de qué se trata. Es muy importante que se eduque en esto, pero me parece que, hoy por hoy, Latinoamérica —quizás unos países más avanzados que otros— está más en lo que es la innovación y en cómo innovar.

¿Qué países de Latinoamérica están utilizando mejor la IA en la justicia y qué puede aprender Guatemala de ellos?

Aunque hay países que la utilizan, todos tratan de avanzar en innovación judicial: de qué manera acortar los procesos y preparar el terreno para una posterior inmersión en la inteligencia artificial. Si un país no tiene digitalizado el expediente o no tiene expediente electrónico, es muy difícil que pueda hablar de inteligencia artificial, porque ni siquiera tiene el terreno preparado para ello. Yo no puedo pensar en inteligencia artificial cuando todavía tengo los expedientes en papel.

Tanto Argentina como Brasil comparten una característica: son países con federaciones y con diferentes tipos de justicia. Cada provincia tiene su propio poder judicial, su propio sistema y su propio presupuesto. Eso podría parecer un problema, pero tiene una ventaja: cada provincia funciona como un laboratorio paralelo. Entonces, se prueban distintas cosas en diferentes lugares.

Se habla también del trabajo invisible en los tribunales, como buscar, ordenar, clasificar, copiar y transcribir. Ahí es donde la inteligencia artificial puede entrar con más naturalidad y donde se puede recuperar más tiempo.

En el caso de Guatemala, lo primero es reconocer la importancia y la necesidad de innovar. Si bien es cierto que el país no parte de cero, no tiene una misma línea en todos los fueros. También debe reconocerse un compromiso institucional, independientemente de las autoridades que estén de turno. Si existiera un plan institucional y real de implementación del expediente judicial electrónico y de la firma digital, esto acercaría los servicios de justicia a la ciudadanía y también reduciría costos.

¿Qué ha sido lo más difícil en cuanto a la implementación de la IA en su país?

La implementación en las 24 provincias se dificulta debido a que cada poder judicial tiene su propio presupuesto y hay poderes provinciales que también son más reacios al cambio. Como ejemplo, se menciona la provincia de Mendoza, que ha innovado en muchas cuestiones, como el acercamiento de la justicia a sus diferentes departamentos y, con ello, a su población, acortando tiempos y ocupándose de asuntos que realmente importan.

Para Guatemala, ha identificado que las tareas pueden organizarse de modo piramidal, con un poder judicial que decanta hacia abajo, comenzando con el fuero laboral y algunas partes del civil e implementando de nuevo la firma digital utilizada durante la pandemia.

Además, se reconocen los problemas de legitimidad. La innovación y estas herramientas pueden ayudar a mitigar dicha problemática de los poderes judiciales y también la mora judicial.

¿Cómo se garantiza que la IA no vulnere derechos, reproduzca sesgos o comprometa información sensible?

Como ejemplo, un juez no puede aceptar lo que una IA pueda decir sobre un caso sin saber qué hay detrás de este. En este sentido, esta herramienta solo le entrega al juez un número, puntaje, ranking o una probabilidad de reincidencia, pero estos no deberían influir en la decisión que se dé sobre el caso.

Detrás de todo esto hay datos que son deficientes y que no son neutrales. Estos pueden poseer un margen de error o un sistema de diseño que no es correcto para el poder judicial. Si el juez no ve esto, hay un problema de garantías. Por esto, es importante que los profesionales del sistema de justicia se capaciten.

Ordenar la información, resumir documentos, ayudarnos a encontrar y comparar antecedentes y preparar un borrador de una sentencia son tareas en las que la IA puede apoyar, pero un juez no debe permitir que lo reemplace al momento de dar lectura al expediente, valorar la prueba, hacer la interpretación jurídica y tomar la decisión final. Una sentencia no es un simple texto: es una decisión sobre la vida de una persona y su familia.

¿Qué le diría a los guatemaltecos para converncerlos de usar la IA?

Como primer punto, hay que hacer ver que estos sistemas pueden acortar tiempos. Un expediente de papel pasa la mayor parte de su vida archivado, trasladado de una oficina a otra o a la espera de ser encontrado entre los demás expedientes. Lo contrario ocurre con un expediente digital, que puede ser trabajado por varias personas al mismo tiempo y cuyas notificaciones llegan de forma electrónica: no hay traslados, extravíos ni esperas.

También está el beneficio de tener audiencias a través de medios digitales y cómo estas acortan tiempos. Una persona ya no tendría que hacer un viaje de cuatro horas para un solo trámite. Este es el punto dos: la innovación.

Se acortan estos procesos que hoy separan tanto a la ciudadanía de la justicia y también se reduce la mora judicial que existe en la mayoría de los poderes judiciales.

¿Por qué es importante la ciberseguridad y una ley de protección de datos, antes de implementar la IA?

Es de real importancia debido a que, antes de hablar de implementación e innovación, se debe tener un marco normativo acorde con las bases jurídicas del país. Lo esencial es el compromiso institucional, que no dependa de las autoridades y que exista, de igual forma, una sinergia entre los poderes del Estado.

Es esencial evitar dos extremos: el primero es el miedo que paraliza cualquier implementación y el segundo, la fascinación por incorporar algo nuevo. Antes de que esto ocurra, ya debe trabajarse en algo sólido y preciso. El desafío no solo está en elegir entre tecnología o justicia, sino en cómo poner la tecnología al servicio de la justicia.

No se necesitan jueces artificiales, solo jueces bien asistidos por la tecnología. La tecnología debe ayudar a reducir la burocracia y no las garantías, pues esto, en ocasiones, se utiliza para menospreciar la innovación judicial o la inteligencia artificial.

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