Juzgado de Sacatepéquez admite demanda de diputado Samuel Pérez contra fiscal del caso “Toma de la USAC”

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Sacatepéquez admitió a trámite la demanda interpuesta por el diputado Samuel Pérez, del bloque Raíces, contra el fiscal que dirigió la investigación del caso denominado “Toma de la USAC: Botín Político”. Esta acción judicial se da a raíz del rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de las solicitudes de antejuicio que pretendían vincular al legislador con hechos relacionados al cierre de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La resolución judicial, emitida el 13 de marzo de 2026 en Antigua Guatemala, establece que el proceso se llevará bajo la modalidad de juicio sumario, lo que implica un trámite más expedito dentro del sistema judicial guatemalteco. El juzgado ordenó la formación del expediente con la documentación presentada, reconoció la representación legal del demandante y otorgó un plazo de tres días a la parte demandada para que responda o presente excepciones. En caso de no hacerlo, el proceso continuará en rebeldía, lo que podría afectar la defensa del fiscal señalado.

Antecedentes y contexto del caso

El caso “Toma de la USAC: Botín Político” se originó tras las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público (MP) en 2023, que señalaron a diversos actores políticos y estudiantiles por supuestamente utilizar la toma universitaria con fines electorales, particularmente en favor del partido Movimiento Semilla. Estas pesquisas generaron un alto nivel de controversia, debido a la participación de figuras relevantes en el ámbito político nacional y a las implicaciones que tuvo el cierre temporal de la máxima casa de estudios del país.

El fiscal demandado, identificado como Saúl Sánchez, fue el encargado de dirigir esta investigación. La demanda presentada por Samuel Pérez cuestiona la actuación del MP en este proceso, argumentando que la investigación carecía de fundamentos sólidos y que las acciones legales en su contra respondieron a una estrategia de criminalización política.

Rechazo de antejuicios y respuesta del diputado

Previo a la demanda, la Corte Suprema de Justicia rechazó las solicitudes de antejuicio que buscaban vincular a Pérez con el cierre de la USAC, decisión que fue interpretada por el legislador como un respaldo a su inocencia. Tras esta resolución, el diputado manifestó que la admisión de la demanda contra el fiscal representa un paso importante para que la justicia alcance a quienes, en su opinión, han utilizado sus cargos para perseguir a personas inocentes.

En sus redes sociales, Pérez expresó: "Ahora sí, vamos a empezar a ver que la justicia empiece a llegar a quienes se han sentido intocables para encarcelar gente inocente". Esta declaración refleja el clima de tensión y disputa en torno al caso, así como el papel que juega la demanda dentro de la dinámica política y judicial.

Impacto y repercusiones en el ámbito universitario y político

La demanda se enmarca en un contexto de alta conflictividad en la USAC, especialmente tras la reelección de Walter Mazariegos como rector para el período 2026-2030. Este proceso electoral ha sido cuestionado por diversos sectores universitarios y políticos, que han denunciado irregularidades y presuntos fraudes. Las disputas legales relacionadas con este escenario han llegado hasta la Corte de Constitucionalidad (CC),donde se prevé que continúen los litigios.

La tensión en la universidad pública se ve reflejada en protestas, denuncias y acciones legales que mantienen un ambiente de incertidumbre. La postura crítica de Samuel Pérez frente a la legitimidad del proceso electoral universitario y su participación activa en acciones legales para revertirlo contribuyen a la complejidad del conflicto.

Implicaciones para el Ministerio Público y el sistema judicial

La admisión de esta demanda judicial abre un nuevo frente en la controversia en torno al caso “Toma de la USAC”. Pone en el centro del debate el actuar del Ministerio Público y la forma en que se condujeron las investigaciones en un caso con fuerte carga política.

La acción legal presentada por Pérez puede implicar un llamado a la revisión de procedimientos y responsabilidades dentro del MP, especialmente en casos que involucran a actores políticos y universitarios. Además, refleja la creciente preocupación por el uso del sistema judicial en disputas políticas y la necesidad de garantizar procesos transparentes y fundamentados.

Conclusión

El avance de la demanda presentada por el diputado Samuel Pérez contra el fiscal que dirigió la investigación del caso “Toma de la USAC” representa un desarrollo significativo en un proceso marcado por la disputa política y judicial. La decisión del juzgado de Sacatepéquez de admitir a trámite esta acción legal, luego del rechazo de la Corte Suprema de Justicia a los antejuicios, evidencia la complejidad del contexto en el que se insertan estas acciones.

El conflicto en la USAC, las tensiones entre diferentes actores políticos y universitarios, y el escrutinio sobre la actuación del Ministerio Público configuran un escenario que seguirá siendo objeto de atención y análisis en las próximas semanas y meses. La evolución de este caso tendrá implicaciones importantes para la justicia y la política en Guatemala.