Juzgado Segundo Penal programa audiencia para resolver solicitud en caso Trep contra magistrados del TSE

El Juzgado Segundo Penal programó para el próximo 19 de febrero una audiencia en la que resolverá una solicitud presentada por la defensa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) involucrados en el caso Trep, relacionado con supuestas irregularidades en la compra del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) utilizado en las elecciones generales de 2023.

Este martes 17 de febrero, los magistrados titulares del TSE acudieron al juzgado para presentar una cuestión prejudicial en la que argumentan que el proceso penal debería haber sido precedido por el agotamiento de la vía administrativa, conforme a procedimientos legales establecidos. En este caso están implicados los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas.

Argumentos de la defensa y postura del Ministerio Público

El abogado defensor expuso ante el juez Mario Hichos que la persecución penal solo procede una vez que se hayan agotado todos los recursos y procedimientos administrativos. Señaló que, aunque el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud para que se declare lesivo el contrato de adquisición del sistema Trep, esta petición no ha sido resuelta, lo que, según la defensa, impide continuar con el proceso penal.

Por su parte, el magistrado Gabriel Aguilera destacó que la cuestión prejudicial no busca eximir de responsabilidad penal, sino que pretende garantizar la correcta aplicación del proceso penal, salvaguardar derechos fundamentales y evitar controversias judiciales innecesarias. Aguilera enfatizó que el MP tenía conocimiento desde un inicio de la solicitud para declarar lesivo el contrato, la cual fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.

El MP respondió que la facultad para declarar la lesividad del contrato corresponde a los magistrados del TSE, y que a pesar de que los titulares fueron desaforados, los magistrados suplentes podrían haber conocido y resuelto la solicitud. Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido respuesta alguna. Además, la Fiscalía señaló que la adquisición del Trep no se realizó mediante una licitación pública, sino a través de invitaciones directas a empresas, entre ellas la empresa Datasys, y que la adjudicación se efectuó a la oferta más alta, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso.

Contexto del caso Trep

El contrato para la adquisición del sistema Trep fue suscrito el 15 de marzo de 2023 por un monto de Q148 millones 850 mil 250. El sistema tiene un rol fundamental en la transmisión de resultados electorales preliminares, por lo que su adquisición y funcionamiento son aspectos de alta relevancia para la integridad del proceso electoral.

La Fiscalía sostiene que existen irregularidades en el proceso de compra, entre ellas la falta de licitación pública y la adjudicación a la propuesta con el mayor precio, lo que motivó la investigación penal en contra de los magistrados del TSE señalados.

Implicaciones y próximos pasos

El juez Mario Hichos informó al final de la audiencia que el próximo jueves 19 de febrero, a las 11 de la mañana, emitirá la resolución sobre la cuestión prejudicial planteada por la defensa. Esta decisión será determinante para definir si el proceso penal puede continuar o si debe esperarse la conclusión de la vía administrativa.

El caso Trep ha generado un amplio debate sobre la legalidad y transparencia en la gestión electoral del país, además de poner en el centro del análisis el equilibrio entre la persecución penal y el respeto a los procedimientos administrativos previos. En un contexto donde la confianza en las instituciones electorales es vital para la democracia guatemalteca, este proceso judicial adquiere especial relevancia.

Contexto nacional y relevancia institucional

Guatemala ha enfrentado en los últimos años múltiples desafíos relacionados con la transparencia en procesos electorales y la rendición de cuentas de sus instituciones. El Tribunal Supremo Electoral es una entidad clave para garantizar la legitimidad de los comicios y la continuidad democrática. Por ello, cualquier señalamiento de irregularidades en su gestión afecta no solo la percepción pública, sino también el desarrollo político nacional.

Además, la jurisprudencia y los procedimientos administrativos y judiciales en casos de contratación pública son un aspecto fundamental para fortalecer el Estado de Derecho en el país. La correcta aplicación de estos mecanismos es esencial para prevenir la corrupción y promover la confianza ciudadana en las instituciones.

Conclusión

La audiencia programada para el 19 de febrero representa un paso crucial en la resolución del caso Trep. La decisión del juzgado sobre la cuestión prejudicial determinará la posibilidad de continuar con el proceso penal contra los magistrados del TSE, o si debe priorizarse la vía administrativa para resolver las disputas relacionadas con el contrato de adquisición del sistema de transmisión electoral.

El seguimiento a este caso es fundamental para entender cómo se aplican los mecanismos legales en Guatemala para investigar presuntas irregularidades en la administración pública, así como para evaluar la independencia y eficacia del sistema judicial frente a temas de alta sensibilidad política.