Juzgado Segundo Penal suspende proceso contra magistrados del TSE por caso TREP en Guatemala

El 20 de febrero de 2026, el Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Mario Hichos, resolvió suspender el proceso penal que se seguía contra varios magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) involucrados en el caso relacionado con la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La decisión se produjo luego de que la defensa técnica de los magistrados planteara una cuestión prejudicial, argumentando que las supuestas irregularidades en la compra del sistema TREP deberían ser analizadas primero por la vía administrativa, antes de proceder con la jurisdicción penal. El juez Hichos declaró con lugar esta cuestión, lo que implica la suspensión temporal del proceso judicial.

Contexto del caso TREP y la cuestión prejudicial

El caso TREP gira en torno a presuntas anomalías en el contrato para la adquisición del sistema electrónico encargado de la transmisión preliminar de resultados electorales. Este sistema fue adquirido el 15 de marzo de 2023 mediante un contrato cuyo monto ascendió a Q148 millones 850 mil 250.

Los magistrados involucrados en el proceso penal son Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Mynor Franco y Rafael Rojas. El argumento de la defensa se fundamenta en que el proceso debe seguirse inicialmente en la vía administrativa, dado que se cuestiona la legalidad y validez del contrato y sus procedimientos asociados.

Desde el 17 de febrero, la defensa presentó la cuestión prejudicial, solicitando que el juzgado reconozca que el caso debe resolverse en primera instancia por las instancias administrativas correspondientes. La solicitud fue acogida por el juez Hichos, quien señaló que la naturaleza del asunto es administrativa y, por tanto, procedía suspender el proceso penal mientras se resuelve esa vía.

Reacciones oficiales y próximos pasos

Tras conocerse la resolución, el magistrado Gabriel Aguilera manifestó que la decisión del juzgado refleja el carácter administrativo del asunto y afirmó que continuarán buscando una resolución definitiva que esclarezca la situación. Aguilera enfatizó la confianza en la objetividad del Organismo Judicial y anticipó que, en caso de apelación, presentarán los argumentos correspondientes para defender su posición.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) anunció que apelará la decisión del Juzgado Segundo Penal. Este organismo ha señalado en reiteradas ocasiones la existencia de presuntas irregularidades en el proceso de adquisición del sistema TREP y ha solicitado a la Contraloría General de Cuentas y a la Procuraduría General de la Nación que declaren lesivo el contrato.

El MP mantiene su postura de que el proceso debe continuar bajo la jurisdicción penal, dado que considera que los hechos investigados podrían constituir delitos relacionados con la administración pública y la contratación estatal.

Implicaciones para la justicia electoral en Guatemala

Este caso se desarrolla en un contexto de especial atención sobre la transparencia y legalidad de los procesos en el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral en Guatemala. La adquisición del sistema TREP es un componente clave para la credibilidad de los procesos electorales, ya que permite la transmisión oportuna y confiable de los resultados preliminares.

La suspensión del proceso penal genera un precedente importante en cuanto a la vía adecuada para la resolución de controversias relacionadas con contratos administrativos en el sector público. La determinación de que estas cuestiones deben dirimirse primero en la vía administrativa antes de avanzar a la penal podría modificar la dinámica de investigación y judicialización en casos similares.

Antecedentes y seguimiento

• El contrato para el sistema TREP fue suscrito en marzo de 2023 por un monto superior a Q148 millones.
• El Ministerio Público ha solicitado a entidades de control la declaración de lesividad del contrato por presuntas irregularidades.
• La defensa de los magistrados sostiene que el caso debe ser resuelto en primera instancia por la vía administrativa.
• La apelación anunciada por el MP será clave para definir el curso del proceso judicial.

El caso TREP continúa siendo un tema de interés nacional, dada su relevancia para la institucionalidad electoral y la confianza en los procesos democráticos en Guatemala.

El equipo editorial de El Oficial continuará dando seguimiento a esta noticia conforme se desarrollen nuevas resoluciones y acciones por parte de las autoridades competentes.