Juzgado suspende por octava ocasión audiencia del caso Hogar Seguro y la reprograma para el 2027
La diligencia contra cuatro personas procesadas por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue suspendida por octava ocasión.
El Juzgado Cuarto Penal suspendió este martes 25 de agosto por octava ocasión la audiencia de inicio de etapa intermedia contra cuatro personas procesadas en la fase 3 del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, relacionado con la tragedia ocurrida el 8 de marzo del 2017, en la que murieron 41 niñas y adolescentes.
Según la información disponible, el juzgado reprogramó la diligencia para el 19 y 20 de enero del 2027.
En esta fase del proceso figura Rocío Albani Murillo Martínez, exjueza de Paz de San José Pinula, señalada por hechos relacionados con una exhibición personal solicitada el 7 de marzo del 2017, un día antes del incendio.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) había solicitado que un juez acudiera al Hogar Seguro para verificar las condiciones en las que se encontraban los menores, después de que varios internos abandonaran las instalaciones.
Murillo fue designada para practicar la exhibición personal, pero la diligencia no se efectuó. La exjueza sostuvo posteriormente que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no le permitieron ingresar al Hogar Seguro.
La tragedia
El Hogar Seguro Virgen de la Asunción estaba bajo la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) y funcionaba como una residencia de abrigo y protección para menores.
El 7 de marzo del 2017 se registraron incidentes y la salida de varios adolescentes del recinto. La PNC y personal de la SBS localizaron a varios de ellos y los trasladaron nuevamente al Hogar Seguro.
Según la reconstrucción presentada por el MP y recogida por Prensa Libre, durante la madrugada del 8 de marzo, 56 niñas y adolescentes fueron encerradas en un aula del área de pedagogía, mientras que los varones fueron llevados a un auditorio.
El aula donde permanecieron las menores tenía una sola puerta y no contaba con sanitario ni agua potable. El MP estableció que las adolescentes permanecieron encerradas y bajo custodia policial.
Un incendio comenzó posteriormente en el aula. De las 56 niñas y adolescentes que estaban en el lugar, 41 murieron y 15 sobrevivieron con lesiones.
Las investigaciones penales por la tragedia fueron divididas en distintos grupos de sindicados, debido a las funciones que desempeñaban y las actuaciones que el MP atribuyó a cada uno.
Una de esas líneas de investigación alcanzó a personal del Juzgado de Paz de San José Pinula y a trabajadoras vinculadas con el Hogar Seguro, proceso que continúa pendiente de avanzar en la etapa intermedia.
La nueva suspensión aplaza nuevamente la discusión en la que el Juzgado Cuarto Penal deberá conocer la acusación y resolver la situación procesal de los sindicados en esta fase del caso.
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