Juzgados de Mayor Riesgo asumirán procesos contra pandilleros tras ataques a agentes de la PNC

El sistema judicial guatemalteco ha dispuesto que los procesos penales contra los presuntos pandilleros vinculados a los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos el 18 de enero de 2026 pasen a ser conocidos por los Juzgados de Mayor Riesgo. Esta decisión responde a la entrada en vigencia de la Ley Antipandillas, aprobada recientemente por el Congreso de la República, que establece la competencia de estas judicaturas para casos de alta peligrosidad relacionados con la criminalidad organizada.

Contexto de los ataques y detenciones

El 18 de enero, en diferentes puntos de la capital guatemalteca, se registraron ataques coordinados contra agentes de la PNC. Según las investigaciones, estas acciones habrían sido ordenadas por Aldo Dupié Ochoa, conocido como "El Lobo", líder de la pandilla Barrio 18. Los ataques se interpretan como una represalia ante las operaciones policiales que lograron retomar el control de centros penitenciarios que habían sido tomados por reos.

Como resultado de estos hechos, 11 agentes policiales perdieron la vida, entre ellos nueve hombres y dos mujeres. Posteriormente, las fuerzas de seguridad capturaron a ocho adultos presuntamente vinculados con los ataques, quienes fueron presentados ante tribunales y enfrentan cargos por diversos delitos, entre ellos asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego, asociación ilícita, terrorismo y sedición. Además, dos menores de edad fueron remitidos a juzgados especializados para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Traslado de casos a Juzgados de Mayor Riesgo

Inicialmente, los casos fueron asignados a juzgados de Primera Instancia. Sin embargo, con la promulgación de la Ley Antipandillas mediante el Decreto 11-2025, se estableció que este tipo de procesos deben ser atendidos por los Juzgados de Mayor Riesgo, que cuentan con la capacidad técnica y de seguridad necesarias para enfrentar casos complejos relacionados con pandillas y crimen organizado.

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió la circular 04-2026, mediante la cual se oficializó el cambio de competencia para estos expedientes. Aunque las fechas para las audiencias de etapa intermedia están pendientes y sujetas a la programación de cada judicatura, se espera que el proceso judicial continúe con la rigurosidad que ameritan los casos.

Implicados y detalles de las capturas

Tras los ataques, las autoridades policiales iniciaron una serie de operativos que culminaron con la captura de 10 presuntos pandilleros, de los cuales ocho son adultos y dos menores de edad. Entre los detenidos se encuentran:

• Wiliam Alexander Guevara Yalibat, alias "Julio", de 18 años;
• Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias "Estiloso", de 28 años;
• Cristofer Alexander Ordoñez Castillo, alias "Hueso", de 26 años;
• Néstor Pérez Miranda, alias "Durman";
• Edwin Xol Raymundo, alias "Tuctuquero";
• Kevin Geovani Castellanos Rosales, de 28 años, a quien se le incautó un fusil AR-15 en la colonia El Limón, zona 18;
• Harol Yeraldo Salguero Morales, alias "Liro Rebelde", de 19 años, capturado en la colonia Cerro Gordo, zona 21, portando armas y drogas;
• Ruth Nohemí López, detenida el 21 de marzo, señalada de coordinar ataques y de ser propietaria del vehículo utilizado en uno de ellos.

Estos individuos fueron capturados en diversas zonas del área metropolitana, incluyendo Chinautla, colonia Santa Fe en zona 13, y otras localidades, en operativos que involucraron persecuciones y revisión de comunicaciones electrónicas que evidencian su presunta participación en actos violentos contra agentes policiales.

Desafíos para la justicia en casos de alta peligrosidad

La transferencia de estos procesos a los Juzgados de Mayor Riesgo refleja la intención institucional de brindar un tratamiento especializado y seguro a casos que involucran delitos graves y que afectan la seguridad pública en Guatemala. Estos juzgados, equipados con protocolos de protección para jueces y testigos, buscan garantizar la continuidad y transparencia del proceso judicial en un contexto donde la violencia y la influencia de grupos criminales representan una amenaza constante.

La implementación de la Ley Antipandillas, que fortalece las herramientas legales para enfrentar a las estructuras criminales, también implica una mayor coordinación entre la Fiscalía, Policía y el sistema judicial para asegurar que los responsables de actos violentos respondan ante la justicia conforme a la legislación vigente.

Impacto social y seguimiento de los procesos

Los ataques contra agentes de la PNC han generado conmoción en la sociedad guatemalteca, evidenciando los retos que enfrentan las instituciones para garantizar la seguridad ciudadana. La respuesta institucional, con la captura y procesamiento de los presuntos responsables, busca enviar un mensaje claro de que los actos de violencia no quedarán impunes.

Las audiencias próximas y el desarrollo de los procesos judiciales serán monitoreados de cerca por la población y organismos de derechos humanos, quienes demandan que se respeten las garantías procesales y se evite cualquier tipo de impunidad.

Conclusión

El traslado de los casos vinculados a los ataques contra agentes de la PNC a los Juzgados de Mayor Riesgo representa un paso significativo en el manejo judicial de delitos relacionados con pandillas. La aplicación de la Ley Antipandillas y el fortalecimiento de la justicia buscan enfrentar de manera más efectiva la criminalidad organizada en el país.

El seguimiento de estos procesos permitirá evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar justicia y contribuir a la disminución de la violencia en Guatemala.