
Juzgados de Mayor Riesgo inician audiencias contra pandilleros por ataques a agentes de la PNC en Guatemala
Los juzgados de Mayor Riesgo en Guatemala han programado audiencias contra ocho presuntos integrantes de la Mara Barrio 18 señalados por ataques a agentes de la PNC en enero de 2026, que dejaron 11 policías fallecidos.
Las autoridades judiciales de Guatemala han asignado los casos relacionados con los ataques perpetrados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 18 de enero de 2026 a los juzgados de Mayor Riesgo, que ya han iniciado la programación de audiencias contra los presuntos responsables vinculados a la Mara Barrio 18.
Estos ataques se registraron en distintos puntos del país y se consideran una represalia directa por parte de la pandilla tras las acciones de las fuerzas de seguridad para retomar el control de tres centros penitenciarios que habían sido tomados por reclusos.
Contexto de los ataques y víctimas
El 18 de enero de 2026, al menos 13 agresiones armadas ocurrieron contra agentes policiales. Según las investigaciones oficiales, estos atentados fueron coordinados por Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, identificado como el cabecilla de la Mara Barrio 18.
Los ataques resultaron en la muerte de 11 agentes de la PNC: nueve hombres y dos mujeres. Las acciones violentas evidenciaron la gravedad de la crisis de seguridad y la escalada en la confrontación entre estructuras criminales y las fuerzas de seguridad guatemaltecas.
Detenciones y procesos judiciales en curso
Entre los detenidos se encuentra Kevin Geovani Castellanos Rosales, de 28 años, capturado en la colonia El Limón, zona 18, a quien se le incautó un fusil AR-15. Castellanos Rosales está vinculado con disparos contra dos agentes, Diana Rosmery Chacón y Juan Antonio Paredes. En su contra se han formulado cargos por asesinato, portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, terrorismo, sedición y asociación ilícita. La audiencia de etapa intermedia está programada para el 19 de agosto en el Juzgado de Mayor Riesgo D.
Otro caso es el de Ruth Nohemí López, capturada el 21 de marzo, quien presuntamente participó en el ataque contra agentes en el Centro de Justicia de Villa Nueva, donde fallecieron dos policías. La investigación señala que el vehículo utilizado en el atentado era de su propiedad y que mantenía comunicación con miembros de la pandilla para coordinar el ataque. López enfrenta cargos por asesinato, asociación ilícita, simulación de delito y obstrucción de justicia. Su audiencia intermedia tendrá lugar el 10 de junio en el Juzgado de Mayor Riesgo C.
Harol Yeraldo Salguero Morales, alias “Liro Rebelde”, de 19 años, también enfrenta dos procesos. Fue detenido con una pistola y droga, y en su teléfono celular se encontraron mensajes que lo vinculan con un ataque ocurrido en Bárcenas, Villa Nueva, que dejó a un agente herido. La audiencia para el caso de posesión de drogas y armas está fijada para el 28 de mayo en el Juzgado de Mayor Riesgo A, mientras que por el ataque contra los agentes deberá presentarse el 5 de agosto ante el Juzgado de Mayor Riesgo C.
Asimismo, los expedientes contra Wiliam Alexander Guevara Yalibat, alias “Julio”, Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias “Estiloso”, y Cristofer Alexander Ordoñez Castillo, alias “Hueso”, están en trámite. Los tres fueron capturados tras una persecución luego de disparar contra agentes en la aldea La Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla. Enfrentan cargos por asesinato en grado de tentativa, terrorismo y asociación ilícita, con audiencias pendientes de programación.
En la colonia Santa Fe, zona 13 de la capital, también permanecen en espera de audiencia intermedia Néstor Pérez Miranda, alias “Durman”, y Edwin Xol Raymundo, alias “Tuctuquero”, acusados por cargos similares. Además, dos menores de edad han sido remitidos a juzgados especializados en adolescentes en conflicto con la ley penal.
Implicaciones para la seguridad y justicia en Guatemala
Estos procesos judiciales forman parte de una respuesta institucional que busca fortalecer el sistema de justicia penal frente a la violencia generada por las pandillas, en particular la Mara Barrio 18, una de las estructuras criminales más activas y violentas en el país.
La crisis carcelaria y la violencia contra agentes de seguridad evidencian una problemática compleja que involucra la pugna entre grupos delictivos y el Estado. La coordinación de los ataques desde el interior de los centros penitenciarios, como se ha señalado en investigaciones oficiales, subraya la necesidad de continuar con estrategias integrales para el control y rehabilitación en los sistemas penitenciarios y de seguridad pública.
La programación de audiencias en juzgados especializados de Mayor Riesgo refleja el compromiso del sistema judicial guatemalteco para procesar con celeridad y rigor estos casos, que tienen un alto impacto en la seguridad y el orden público.
Seguimiento y próximos pasos
Las audiencias de etapa intermedia y otras diligencias judiciales continuarán en los próximos meses. La transparencia y el debido proceso serán elementos clave para garantizar justicia tanto para las víctimas como para los acusados.
Las autoridades mantienen operativos y acciones preventivas para evitar nuevas agresiones y fortalecer la seguridad de los agentes policiales y de la población en general.
Este conjunto de acciones judiciales representa un avance en la lucha contra la criminalidad organizada y la violencia en Guatemala, aunque expertos y organizaciones coinciden en la necesidad de continuar con políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
Para mantenerse informado sobre esta y otras noticias relacionadas con la seguridad y justicia en Guatemala, El Oficial recomienda seguir las actualizaciones oficiales y los informes de las instituciones involucradas.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar este artículo.
Debes iniciar sesión para poder comentar.
Iniciar sesión