“La clave está en no buscar una solución mágica”: qué necesita Guatemala para reducir la pobreza, según una Nobel de Economía

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Desde 1968, cuando la Fundación Nobel entregó por primera vez el galardón en la categoría de Economía, solo tres mujeres lo han recibido. La primera fue Elinor Ostrom, en el 2009, mientras que Claudia Goldin es la galardonada más reciente, al obtener el premio en el 2023.

En este selecto grupo se encuentra una mujer reconocida por su enfoque experimental para aliviar la pobreza. De joven estudió Historia y no tenía conocimientos de economía. Durante su estancia en Moscú, entre 1993 y 1994, consiguió, por medio de su profesor Daniel Cohen, un puesto en el equipo que Jeffrey Sachs había organizado para asesorar al Ministerio de Finanzas. Allí comenzó su trayectoria en las Ciencias Económicas, campo que la llevaría a convertirse en la segunda mujer y la persona más joven en recibir el Premio Nobel de Economía, en el 2019.

Especializada en Economía del Desarrollo, Esther Duflo ha dedicado buena parte de sus investigaciones a comprender las causas de la pobreza y encontrar mecanismos para combatirla. Sus estudios se han centrado, principalmente, en países en vías de desarrollo, donde ha examinado cómo las familias toman decisiones y cómo factores como la educación, el acceso al financiamiento y la salud inciden en sus condiciones de vida.

Junto a Abhijit Banerjee y Michael Kremer, impulsó una nueva manera de estudiar la pobreza: dividir este fenómeno en preguntas más concretas que pudieran responderse mediante investigaciones y experimentos de campo.

En el 2003, junto a Banerjee y Sendhil Mullainathan, fundó el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), un centro de investigación vinculado al Departamento de Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT, en inglés). La iniciativa nació para promover evaluaciones aleatorias de programas sociales, formar investigadores y acercar los resultados de sus estudios a quienes toman decisiones sobre políticas públicas. Lo que comenzó con un equipo pequeño y apenas ocho investigadores afiliados se convirtió en una red internacional dedicada a producir evidencia sobre las estrategias para reducir la pobreza. Desde entonces, J-PAL ha trabajado para que los resultados de las investigaciones orienten la planificación y evaluación de programas gubernamentales.

Guatemala mantiene altos niveles de pobreza y desnutrición infantil. ¿Por qué ha sido tan difícil cambiar esta realidad?

Siempre es difícil responder por qué existe un fenómeno determinado, pero creo que la pregunta más productiva es qué podemos hacer al respecto. La clave está en no buscar una solución mágica o una única medida que resuelva todo el problema, sino muchas pequeñas soluciones. Es necesario identificar intervenciones que puedan funcionar en Guatemala, ponerlas a prueba mediante proyectos piloto y evaluarlas en el contexto del país. Es un trabajo largo, que requiere paciencia, pero que puede marcar la diferencia.

¿Qué debe ocurrir cuando la evidencia científica contradice las decisiones o prioridades de un gobierno?

Quiero creer que una de las prioridades del Gobierno es mejorar el estado nutricional de los niños. Por lo tanto, sería muy difícil que la evidencia científica contradijera ese objetivo. Lo que sí puede ocurrir es que la evidencia demuestre que un programa específico o una determinada estrategia no funciona.

Pero cuando un gobierno es pragmático y dice “nuestro objetivo es reducir la desnutrición”, por ejemplo, entonces es posible probar una estrategia, evaluarla y, si no funciona, cambiar de rumbo. De esa manera, la contradicción deja de ser relevante, porque todos están unidos en torno a un objetivo común.

Si una evaluación demuestra que un programa social no funciona, ¿qué debería hacer el Estado?

Lo primero es mantener la calma, porque muchas cosas no funcionan, y eso es completamente normal. Lo mismo ocurre en el mundo empresarial. Por ejemplo, de diez ideas de negocios, nueve pueden no funcionar. En el sector privado, las empresas saben cómo cambiar de rumbo cuando algo no funciona y buscar alternativas que sí den resultados. Necesitamos adoptar un enfoque similar en la formulación de políticas públicas.

Si un programa no funciona, no hay que verlo como algo extraordinario. La mayoría de las cosas que se intentan pueden no funcionar, aunque las intenciones sean buenas. Es posible aprender del primer intento, comprender por qué no funcionó y modificar el programa para que dé mejores resultados.

Normalmente, se trata de un proceso de prueba y error. Uno hace lo mejor que puede, observa los resultados e identifica qué aspectos no funcionaron. Desde esa perspectiva, no existe realmente el fracaso. Todo consiste en aprender.

¿Qué hace falta para que la investigación académica se traduzca en mejores políticas públicas en Guatemala?

Lo que se necesita en todas partes es contar con personas dentro del Gobierno que impulsen estas iniciativas y se comprometan con ellas. Es muy positivo cuando ese respaldo proviene de los niveles más altos del Gobierno, como ocurre actualmente en Guatemala, pero también se necesita apoyo en todos los niveles.  Esto incluye tanto a las autoridades de mayor jerarquía como a quienes implementan las políticas públicas todos los días, en los ministerios, las municipalidades y las propias comunidades.

En J-PAL trabajamos de esa manera. No nos limitamos a decirles a los gobiernos qué podrían hacer, sino que colaboramos estrechamente con equipos de todos esos niveles para transformar las ideas de política pública en planes de implementación y acciones concretas.

También buscamos mantener una cultura de evaluación e innovación que permita comprobar que los programas continúan cumpliendo sus objetivos. Es un proceso prolongado. Una forma de hacerlo es mediante laboratorios en los que podemos trabajar conjuntamente con el Gobierno.

¿Cómo se puede garantizar que el laboratorio de innovación en el Mides tenga incidencia real en las decisiones del Gobierno?

La idea de un laboratorio de innovación es que los equipos del ministerio asuman la responsabilidad no solo de los programas, sino también del proceso intelectual que implica formular las preguntas adecuadas.

Por ejemplo, preguntarse cuáles son las necesidades más importantes de los guatemaltecos en este momento, identificar soluciones que tengan posibilidades de funcionar y ponerlas a prueba a pequeña escala antes de ampliar aquellas que demuestren buenos resultados.

Todo ese proceso puede desarrollarse dentro del propio gobierno. En el caso del Mides, se llevará a cabo mediante un laboratorio que funcionará de manera ágil y flexible. Por supuesto, desde J-PAL brindaremos todo el apoyo posible para garantizar que las personas cuenten con las capacidades necesarias para realizar ese trabajo.

Hay un elemento fundamental para el éxito que todavía no hemos mencionado: que las personas que trabajan en el Gobierno y en el laboratorio se sientan empoderadas para apropiarse de la evidencia científica y producirla por sí mismas.

Por esa razón, también estamos lanzando hoy un programa de formación ejecutiva para funcionarios públicos, en colaboración con J-PAL y ADEPT, una alianza internacional dedicada a la formación en políticas públicas.

Se trata de un programa particular que proporcionará a los empleados públicos las herramientas necesarias para comprender y realizar estas evaluaciones por sí mismos, así como para reflexionar sobre cómo aplicarlas en el contexto de su propio trabajo. Creo que este será otro componente fundamental para alcanzar el éxito.

Ambas cosas deben avanzar de la mano: poner las herramientas en práctica y, al mismo tiempo, proporcionar los conocimientos necesarios para comprender el proceso del que forman parte.

¿Cómo evitar que el uso de evidencia científica en las políticas públicas dependa de cada cambio de Gobierno?

Creo que la manera de lograrlo es conseguir que esta forma de trabajar se incorpore en toda la estructura del Estado. En J-PAL tenemos mucha experiencia al respecto. A veces comenzamos trabajando con un gobierno muy receptivo, integrado por personas que comprenden la importancia de utilizar evidencia para mejorar la vida de quienes viven en situación de pobreza.

Después puede producirse un cambio político. Pero, para entonces, ya hemos trabajado con suficientes personas dentro de los ministerios, muchas de las cuales normalmente permanecen en sus puestos después de las elecciones. Eso permite que el trabajo continúe incluso cuando cambia el gobierno. Esas mismas personas pueden llegar a convencer a las nuevas autoridades políticas de que vale la pena seguir invirtiendo en estas iniciativas. Hemos tenido experiencias de ese tipo en otros países.

Por eso, nuestra estrategia consiste en lograr que el uso de evidencia se convierta en una parte integral del trabajo cotidiano de las instituciones. En última instancia, el objetivo es mejorar la vida de las personas, algo que la mayoría de los dirigentes políticos también desea conseguir.

¿Qué papel deben asumir las universidades guatemaltecas en la búsqueda de soluciones a los problemas del país?

El ejemplo que tenemos aquí, en la Universidad del Valle de Guatemala, es extraordinario, y debería servir de referencia para muchas otras universidades. Una manera de contribuir es establecer alianzas y albergar equipos de investigación como el de J-PAL. Se trata de jóvenes guatemaltecos apasionados por generar cambios positivos, que participan directamente en los programas de investigación.

Otra función importante es comenzar a formar a quienes diseñan e implementan las políticas públicas, como sucede con el programa que mencioné. Pero, más adelante, también debemos extender esa formación a los estudiantes universitarios, tanto de pregrado como de posgrado.

Evidentemente, la primera misión de una universidad es formar personas, y estamos muy entusiasmados de trabajar conjuntamente para desarrollar esos programas de formación en las universidades.

¿Qué tendría que cambiar en Guatemala durante los próximos cinco años para acercarse a un país con menos pobreza y desigualdad en 20 años?

Creo que la conversación que estamos teniendo representa un primer paso en esa dirección. Lo fundamental es invertir en la juventud. Guatemala tiene la fortuna de ser un país que todavía cuenta con una población joven muy numerosa. Eso puede convertirse en una verdadera ventaja, lo que conocemos como un bono demográfico.

En Europa, e incluso en algunos países de América Latina, la población joven está disminuyendo cada vez más.

Sin embargo, esa característica no se convertirá automáticamente en una ventaja para Guatemala, si los jóvenes no cuentan con una nutrición adecuada, una buena educación y las habilidades sociales necesarias para desenvolverse eficazmente en el trabajo y en la vida.

Esto será particularmente importante frente a todos los cambios que experimentará el mercado laboral debido a la inteligencia artificial y otros avances.

Necesitamos una generación preparada para aprovechar esas transformaciones y participar en ellas. Por eso considero que la inversión en capital humano es absolutamente fundamental.

Hay otro aspecto importante en el que también estamos trabajando con el Mides: cómo adaptarnos a los cambios climáticos que generan dificultades adicionales para las personas que viven en situación de pobreza, como las sequías y el calor extremo.

Encontrar maneras de responder a esas dificultades será esencial para evitar, por ejemplo, que las personas caigan en una pobreza todavía más profunda como consecuencia de cambios en el clima, sobre los que no tienen ningún control.

Políticas basadas en evidencia

Guatemala apuesta por las políticas basadas en evidencia.

Desde el 2023, la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y J-PAL colaboran para impulsar el uso de evidencia científica en el diseño y evaluación de políticas públicas en el país.

Esta alianza se desarrolla a través del Observatorio Económico Sostenible (OES), un centro del Instituto de Investigaciones de la UVG que produce información para orientar decisiones relacionadas con el desarrollo de Guatemala.

El observatorio nació en el 2016, como una iniciativa para respaldar la toma de decisiones mediante la investigación y el análisis de políticas públicas. Cuatro años después, en el 2020, se convirtió en un centro permanente de investigación de dicha universidad.

Uno de los primeros resultados de esta colaboración fue el Programa de Sondeo y Arranque (Prosa), ejecutado entre el 2023 y el 2025, que se enfocó en el desarrollo infantil temprano. La iniciativa promovió el uso de evidencia científica para fortalecer programas relacionados con la nutrición, la salud y la estimulación durante los primeros años de vida.