La inscripción gratuita de la Usac y las dudas sobre sus registros que llevaron a solicitar una auditoría especial a la Contraloría
La gratuidad de la inscripción en el 2026 abrió nuevas preguntas sobre cómo la Usac respaldó sus registros estudiantiles. Diputados solicitaron a la Contraloría una auditoría para verificar si existe correspondencia entre inscripciones, expedientes y s...
Seis diputados oficialistas solicitaron a la Contraloría General de Cuentas (CGC) practicar una auditoría especial en la Usac para verificar la integridad de los registros académicos e informáticos de la universidad.
En el oficio, los legisladores señalaron que para el ciclo académico 2026 la Usac implementó un proceso de inscripción gratuita, por lo que la condición de estudiante inscrito ya no depende necesariamente de un comprobante individual de pago, sino de los registros administrativos, académicos e informáticos generados por la propia institución.
Por ello, pidieron que la Contraloría determine si esos registros fueron correctamente generados, conservados y administrados, y si existe correspondencia entre los registros oficiales de inscripción y la información que actualmente aparece en los sistemas institucionales.
Asimismo, solicitaron verificar que, en los períodos académicos en los que la universidad percibió ingresos por matrícula u otros derechos académicos, exista concordancia entre los registros contables y los registros académicos, con el fin de establecer si hay inconsistencias que ameriten acciones legales o administrativas.
Los diputados solicitaron que la auditoría tenga carácter urgente y abarque el período comprendido entre el 1 de noviembre del 2025 y el 31 de julio del 2026. También pidieron que, en el caso de estudiantes de reingreso, se revisen los registros históricos necesarios para reconstruir su trayectoria académica y verificar la integridad de sus expedientes.
Entre los aspectos que la CGC deberá establecer, según la solicitud, figura la posible existencia de inconsistencias entre los registros utilizados para formalizar las inscripciones del ciclo académico 2026 y la información académica que actualmente contienen los sistemas oficiales de la Usac.
PDH pide explicaciones a la Usac
El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien denunció el caso, confirmó que el 23 de julio la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) notificó a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que requiere información sobre los hechos señalados.
En el oficio, la PDH solicita un informe circunstanciado al Director General de Administración de la Usac, quien deberá remitirlo en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de haber recibido la notificación.
El documento advierte que, si la institución no entrega la información requerida dentro del plazo establecido, “se tendrán por ciertas las afirmaciones del solicitante”, según lo establecido en el procedimiento de la institución.
Presentan denuncia en el MP
Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) presentó este viernes 24 de julio una denuncia en la sede central del Ministerio Público (MP), en la que solicita investigar la presunta eliminación de sus registros académicos del sistema de Registro y Estadística, situación que califican como una “muerte académica” y que, aseguran, les impide continuar sus estudios.
Los afectados pidieron que se restauren sus matrículas y expedientes académicos. “Somos en su mayoría trabajadores que estudian y, en algunos casos, estamos cursando dos carreras”, señalaron en un comunicado, en el que también afirman que la situación ha generado incertidumbre sobre la continuidad de sus estudios.
Según explicaron, tras detectar que ya no podían acceder a la plataforma de Registro y Estadística, acudieron a esa dependencia universitaria, donde únicamente se les indicó que presentaran un memorial para que cada caso fuera revisado de forma individual. Hasta ahora siguen sin recibir una respuesta.
Los estudiantes presentaron denuncias por los presuntos delitos de abuso de autoridad, ocultamiento o eliminación de datos, así como por posibles violaciones a los derechos a la educación, libertad de expresión, libertad de organización y discriminación.
Con la acción legal buscan que el MP investigue las causas de la desaparición de los registros académicos y determine las responsabilidades correspondientes.
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