Les prometieron trabajo en Estados Unidos, pero terminaron reclutados por el Cartel del Golfo

Un campesino de Quilalí salió de Nicaragua convencido de que encontraría trabajo en Estados Unidos. Nunca llegó a ese destino. Murió en una emboscada en México, después de incorporarse al Cartel del Golfo. Su hermano menor sobrevivió, pero pasó cerca de siete años en una cárcel mexicana antes de regresar a su país.

Ambos habían aceptado una oferta que parecía una oportunidad para mejorar sus vidas: trabajar en ranchos ganaderos, viajar sin pagar por adelantado y cubrir los gastos del traslado cuando recibieran sus primeros salarios, según un reportaje del Diario La Prensa.

Sin embargo, el viaje tenía otro destino. En Tamaulipas, México, una organización criminal buscaba hombres para sus grupos armados.

Entre el 2008 y el 2011, redes de reclutamiento aprovecharon las dificultades económicas de comunidades del norte de Nicaragua para captar a excombatientes, campesinos y jóvenes interesados en emigrar. Les prometían empleo, pero los trasladaban bajo engaño hacia territorio mexicano.

“Yo perdí un hermano allá”, contó Manuel —nombre ficticio utilizado por seguridad— a Diario La Prensa.

Su hermano mayor murió mientras protegía a integrantes de mayor jerarquía de la organización criminal. La familia consiguió recuperar el cadáver. El menor regresó a Nicaragua después de permanecer detenido en México, aunque a su retorno enfrentó otra acusación judicial.

De las antiguas zonas de guerra a las filas del narco

Las ofertas comenzaron a circular en comunidades de Quilalí, San Rafael del Norte, Yalí, Pantasma y otras localidades de Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia en Nicaragua, escribió el Diario La Prensa.

No eran territorios elegidos al azar. Durante la década de 1980 habían sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército Popular Sandinista y la Resistencia Nicaragüense. Allí permanecían hombres que conocían el manejo de armas, las emboscadas y los desplazamientos por zonas rurales.

Roberto Orozco, exinvestigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), explicó que las redes buscaron principalmente a antiguos integrantes de la Contra.

“Lo que se dio en aquel momento fue un reclutamiento de personas que habían pertenecido a la Contra, fundamentalmente excombatientes de la contrarrevolución”, señaló.

Pero la captación no se limitó a quienes tenían experiencia militar. También alcanzó a campesinos y jóvenes que nunca habían utilizado un arma y que veían en la migración una posibilidad de obtener ingresos para sus familias.

Manuel recordó que una mujer llegó a ofrecer viajes a Estados Unidos. Prometía empleos en ranchos y aseguraba que los interesados podrían pagar el traslado después de comenzar a trabajar.

No tener que entregar dinero por adelantado hacía más atractiva la propuesta.

“Varios cayeron en la trampa. Pero cuando ya iban en el camino, la cosa cambió. Los entregaban a un cártel de México”, relató Manuel.

Según su testimonio, la mujer procedía de Yalí, Jinotega, y él recordaba parte de su nombre: Norma Elena.

Años después, una investigación judicial en Ocotal identificó a Norma Elena Rivera Cruz entre las personas acusadas de participar en una estructura dedicada a captar campesinos para trasladarlos a México.

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El viaje que no terminaba en Estados Unidos

Los reclutadores ofrecían supuestos salarios de entre US$1 mil 200 y US$1 mil 500 por trabajar en ranchos del sur de Estados Unidos, informó el Diario La Prensa.

Los hombres salían de sus comunidades y eran entregados de un intermediario a otro durante el trayecto. Muchos desconocían adónde los llevaban realmente.

“La mujer los llevaba hasta la frontera. Allí los entregaba a otros coyotes, y esos coyotes ya sabían adónde tenían que llevarlos”, explicó Manuel.

Un antiguo jefe de la Resistencia Nicaragüense señaló a un hombre conocido como Marlon como uno de los primeros reclutadores de excombatientes.

Según ese relato, Marlon había intentado ingresar sin documentos a Estados Unidos, pero fue interceptado en México. Allí, presuntamente, le dieron a elegir entre trabajar para una organización criminal o morir.

Después comenzó a buscar antiguos combatientes en Yalí, Pantasma, Quilalí y comunidades cercanas.

Entre los reclutados habría estado un excombatiente conocido como Cascabel, quien había trabajado como policía en Quilalí. En el cartel, según el testimonio, lo llamaban Pepe.

El mismo relato sostiene que Marlon y Cascabel ascendieron en la organización y se convirtieron en hombres de confianza de Osiel Cárdenas Guillén, alias el Mata Amigos.

El antiguo jefe de la Resistencia estimó que de Quilalí pudieron salir entre 25 y 30 hombres. Para la zona de Yalí y Pantasma calculó una cifra cercana a cien.

“Bienvenidos muchachos”: la frase que reveló el engaño

Óscar Israel Rivera Flores salió de Nicaragua en mayo del 2009. Jhony José Valladares Mejía le había ofrecido trabajo en una caballeriza.

El medio de comunicación escribió que los organizadores alojaron a los viajeros en Estelí y les entregaron boletos de autobús hacia Guatemala. Desde allí continuaron hasta México.

Al llegar, la promesa de empleo desapareció.

Los pusieron en fila y les anunciaron: “Bienvenidos muchachos, ustedes son ahora parte del Cártel del Golfo de México”.

Rivera Flores relató lo ocurrido durante un juicio celebrado en Ocotal en noviembre del 2011. Aseguró que no sabía manejar armas y que tampoco quería utilizarlas.

Los integrantes de la organización lo abandonaron. El 21 de junio del 2009, las autoridades migratorias lo detuvieron y lo deportaron a Nicaragua por El Guasaule.

Su viaje había comenzado con una oferta de trabajo y terminó con una deportación que le permitió salir con vida de una organización a la que, según su declaración, nunca quiso pertenecer.

Otros no tuvieron la misma suerte. Denis Rivera Betanco, campesino de Los Manchones, Quilalí, aceptó una propuesta que le prometía cerca de USD 1,000 mensuales por realizar tareas ganaderas.

Viajó con hombres de Las Flores, Las Naranjas, El Olingo y Zúngano. Al llegar, en lugar de preguntarle por su experiencia con el ganado, quisieron saber si podía manejar armas.

Recibió entrenamiento militar y participó en patrullajes organizados en escuadras.

Ismael González Rugama también salió de Quilalí en busca de empleo, a mediados del 2011. Según el testimonio de su padre, incorporado a un expediente judicial, en México le entregaron armas y lo enviaron a cometer asaltos y participar en enfrentamientos con grupos rivales.

El joven consiguió escapar y permaneció en Honduras. Temía que los integrantes de la organización lo encontraran y lo asesinaran si regresaba a Nicaragua.

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Tamaulipas: una guerra que necesitaba hombres

Los nicaragüenses llegaron a México durante un periodo de creciente violencia. En el 2010, el Cartel del Golfo y Los Zetas rompieron su alianza y comenzaron a disputarse territorios del noreste mexicano. Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo quedaron entre las ciudades afectadas por los enfrentamientos.

El control de esas plazas permitía dominar rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y desarrollar actividades delictivas como la extorsión.

Las cifras reflejan la violencia de aquellos años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México registró 8,867 homicidios en el 2007 y 27,199 en el 2011. En ese periodo de cinco años acumuló 95,632 homicidios.

En Tamaulipas, los homicidios pasaron de 288 en el 2009 a 721 en el 2010, 855 en el 2011 y 1,016 en el 2012, de acuerdo con un estudio citado en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016.

Orozco explicó que las organizaciones criminales buscaban hombres con experiencia militar para sostener sus disputas territoriales.

“Lo que estaban formando eran verdaderos ejércitos de sicarios”, afirmó.

Una vez incorporados, los reclutados no podían decidir libremente si querían quedarse.

Manuel sostuvo que debían obedecer órdenes, ganarse la confianza de sus superiores y adaptarse a las exigencias del grupo.

“Ya estando allí, usted tenía que jinetear el macho. Tenía que montarse en el caballo y agarrarse duro”, explicó.

Algunos consiguieron escapar clandestinamente. Otros, según su testimonio, obtuvieron permiso para regresar temporalmente a Nicaragua después de demostrar lealtad.

Las ofertas de trabajo terminaron en los tribunales

En abril del 2012, la inteligencia de la Policía de Nueva Segovia recibió información sobre una red que ofrecía empleos en ranchos mexicanos.

La Fiscalía sostuvo que los hombres eran captados mediante engaños y entregados a grupos criminales que los utilizaban para cometer asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos. En algunos casos, las amenazas les impedían abandonar la organización.

Uno de los procesos judiciales se desarrolló en Ocotal. Roberto Antonio Monterrey Vílchez, originario de Los Manchones, Quilalí, fue acusado de participar en la estructura. También fueron señalados Jhony José Valladares Mejía, Norma Elena Rivera Cruz y Moisés Aguirre Escorcia.

Monterrey fue el único de los cuatro que compareció detenido en Nicaragua durante aquel juicio. El 15 de noviembre del 2013 fue declarado culpable. La fiscal Melisa Marena afirmó que el proceso había demostrado la existencia de una organización criminal dedicada al reclutamiento.

La causa incluyó nueve víctimas, aunque la Fiscalía sospechaba que más de 30 personas podían haber resultado afectadas. Según la Policía, la red operaba en Quilalí desde el 2009.

El 22 de noviembre del 2013, el Juzgado Penal de Juicio de Ocotal condenó a Monterrey a 12 años de prisión: siete por trata de personas con fines de esclavitud y cinco por crimen organizado.

El Tribunal de Apelaciones de Estelí confirmó la sentencia el 23 de abril del 2014. Monterrey negó las acusaciones y posteriormente solicitó la nulidad del juicio o un cambio de medida por problemas de salud.

El 5 de agosto del 2020, el Juzgado de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Las Segovias declaró cumplida la pena.

Sin embargo, el expediente continuó abierto respecto de los demás acusados. El 17 de mayo del 2024, la Oficina de Archivo de Asuntos en Trámite del Complejo Judicial de Ocotal emitió actuaciones para mantener vigente una orden de captura contra quienes no habían sido detenidos.

Los que regresaron y los que murieron en México

Las investigaciones permitieron reconstruir el destino de ocho campesinos enviados a Tamaulipas en el 2011.

Tres escaparon y regresaron a Nicaragua. Otros tres fueron detenidos por las autoridades mexicanas. Dos murieron.

Los fallecidos fueron Wilfredo Varela Vindell y José Odimildo Valladares Mejía. Sus restos, incinerados, llegaron a Quilalí en pequeñas cajas de madera.

Según informó Diario La Prensa, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabilizó la repatriación de los restos de cinco nicaragüenses vinculados con estas redes entre el 2010 y el 2013.

Manuel aseguró que, en algunos casos, el cartel pagaba los gastos para enviar los cuerpos a Nicaragua.

Su hermano mayor había permanecido alrededor de dos años en la organización antes de morir en una emboscada. El menor sobrevivió y logró regresar, pero solo después de pasar cerca de siete años detenido en México.

El reclutamiento también involucró a Los Zetas.

En marzo del 2012 comenzó en Somoto un juicio contra Julio César Leiva Dávila y Walter José Morales García, acusados de integrar una estructura que captaba personas para esa organización.

Según la Fiscalía, ofrecían empleos como guardas de seguridad en México, con salarios de USD 2,000 mensuales. Las investigaciones incluyeron a 20 personas presuntamente reclutadas entre el 2010 y el 2011.

Con el tiempo, este tipo de reclutamiento internacional de antiguos combatientes perdió intensidad. Orozco explicó que las organizaciones mexicanas modificaron sus operaciones y comenzaron a depender más de células locales para labores de logística, seguridad y transporte.

Marlon murió en un enfrentamiento en México. Cascabel, conocido como Pepe en el cartel, habría terminado detenido en una prisión de máxima seguridad.