Ley antilavado en Guatemala avanza para fortalecer supervisión y coordinación estatal

En los próximos días, el Congreso de la República de Guatemala iniciará la discusión de la iniciativa 6593, conocida como la "Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo". Esta normativa ha generado expectativa por su objetivo de modernizar y fortalecer los mecanismos de supervisión financiera y coordinación estatal para combatir delitos financieros.

Esta iniciativa fue agendada y presentada ante la instancia de jefes de bloque el pasado 2 de marzo, y ya cuenta con un dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía del Congreso. Se prevé que la propuesta entre a debate en el Pleno Legislativo para su eventual aprobación en el corto plazo.

Objetivos y contexto de la ley antilavado

La propuesta legislativa busca actualizar el marco jurídico guatemalteco para la prevención y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, se alinea con los estándares internacionales recomendados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT),organismo que realizará una evaluación mutua a Guatemala en 2027.

Entre los puntos clave que aborda la ley se encuentra la incorporación de un enfoque basado en riesgo, el fortalecimiento de la coordinación entre las distintas instituciones del Estado y la actualización de las obligaciones para los sujetos obligados, así como la supervisión y el régimen administrativo correspondiente.

Mejoras en el marco normativo

El dictamen aprobado incluye enmiendas orientadas a precisar conceptos fundamentales del régimen preventivo, tales como la definición de personas políticamente expuestas (PEP),la debida diligencia, el beneficiario final y la categorización de sujetos obligados. Estas modificaciones buscan otorgar mayor claridad y coherencia al marco normativo, facilitando su aplicación práctica.

Según análisis realizados, estos ajustes no alteran el propósito original de la iniciativa, sino que mejoran su consistencia para enfocar la legislación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Fortalecimiento institucional y cumplimiento de estándares internacionales

Uno de los aspectos destacados en el dictamen es el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, conocida en Guatemala como la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Esta unidad será equipada con un marco legal moderno que le permitirá cumplir de manera más efectiva sus funciones de supervisión y control.

Además, la iniciativa contempla mecanismos para mejorar la coordinación interinstitucional entre las entidades estatales involucradas en la lucha contra los delitos financieros. Esto incluye la articulación de estrategias y la implementación de un régimen administrativo que facilite la supervisión y sanciones cuando corresponda.

La propuesta también contempla la incorporación de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),lo que posiciona a Guatemala en un camino hacia un régimen más moderno y robusto en la materia.

Impacto en el sistema financiero y la economía nacional

La Junta Monetaria, en un comunicado emitido recientemente, reiteró la importancia de aprobar con carácter urgente esta ley. La autoridad monetaria resaltó que contar con una legislación actualizada permitirá prevenir actos criminales, preservar la estabilidad y solidez del sistema financiero y facilitará que el Banco de Guatemala cumpla con su mandato de mantener la estabilidad de precios.

Asimismo, la normativa contribuirá a generar un ambiente favorable para la atracción de inversión extranjera y será un elemento valorado por las agencias calificadoras de riesgo al determinar la calificación crediticia del país.

La Superintendencia de Bancos, a través de la IVE, contará con mejores herramientas legales para supervisar y prevenir actividades ilícitas, fortaleciendo así la integridad del sistema financiero guatemalteco.

Riesgos de no aprobar la ley a tiempo

La Junta Monetaria advirtió que la falta de aprobación oportuna de esta legislación podría acarrear consecuencias negativas para Guatemala. Entre ellas, la inclusión del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera, lo que afectaría su reputación internacional y podría generar impactos económicos adversos.

Además, la demora en la aprobación pondría en riesgo la capacidad del país para mantener su calificación crediticia actual y dificultaría la implementación efectiva de mecanismos contra la economía criminal.

En ese sentido, la Junta Monetaria enfatizó que el factor tiempo es crucial, ya que la ley requiere la posterior aprobación de reglamentos para garantizar su funcionalidad y efectividad.

Perspectivas para la discusión legislativa

El dictamen y el proyecto de decreto fueron incluidos en la agenda del Congreso para su discusión en primer debate el pasado 3 de marzo. La expectativa es que los diputados avancen en el análisis y aprobación de la ley en el Pleno, dada la relevancia nacional del tema y la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Este proceso legislativo representa una oportunidad para que Guatemala actualice su marco regulatorio, mejore la supervisión financiera y refuerce la cooperación entre las distintas entidades del Estado, en línea con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de los organismos multilaterales.

Conclusión

La iniciativa 6593 para la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo apunta a modernizar el marco legal guatemalteco, fortaleciendo la supervisión financiera y la coordinación institucional. Su aprobación es considerada fundamental para cumplir con los estándares internacionales, preservar la estabilidad económica y fortalecer la reputación del país en el ámbito financiero global.

El avance de esta normativa se espera sea un paso decisivo para mejorar la capacidad de Guatemala en la lucha contra delitos financieros, contribuyendo así a la integridad y transparencia del sistema económico nacional.