Ley antilavado en Guatemala: debate y retos clave para su actualización en el Congreso

La actualización de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Guatemala, contenida en la iniciativa 6593, continúa siendo un tema central en la agenda legislativa. La propuesta busca sustituir los decretos vigentes desde 2001 y 2005, adaptando el marco normativo a los estándares internacionales actuales, ante la presión de organismos especializados en supervisión financiera.

Contexto y urgencia de la reforma

Guatemala forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su organismo regional para América Latina, Gafilat, los cuales realizan evaluaciones periódicas para medir el cumplimiento de estándares contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La próxima evaluación mutua está programada para 2027 y será determinante para la posición del país en la comunidad financiera internacional.

Las autoridades financieras y legislativas han enfatizado que la ley actual no cubre aspectos fundamentales, como el manejo de activos virtuales, el enfoque basado en riesgo, la regulación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y la coordinación interinstitucional. De no actualizarse, existe un riesgo elevado de que Guatemala regrese a la llamada "lista gris", un estatus que implica mayores restricciones y observaciones de organismos internacionales, afectando la confianza de inversionistas y encareciendo transacciones financieras.

Principales puntos de debate en el Congreso

La iniciativa 6593 ha avanzado en su trámite legislativo, pero aún quedan pendientes discusiones sobre artículos clave que generan diferencias entre diputados y sectores técnicos. Las mesas técnicas, integradas por la Comisión Permanente, la Comisión de Economía, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE),han sostenido reuniones para tratar ocho enmiendas específicas.

Definición y alcance de Personas Expuestas Políticamente (PEP)

El Artículo 2 de la iniciativa establece conceptos esenciales, incluyendo la definición de PEP y la extensión de controles hacia sus familiares y personas vinculadas. Este punto es sensible porque determina el nivel de supervisión y prevención aplicado a estas personas, con implicaciones en la transparencia y el control de riesgos.

Enfoque basado en riesgo

El Artículo 8 regula un modelo que obliga a las entidades financieras a aplicar controles diferenciados según el perfil de riesgo de sus clientes y operaciones. Aunque es un estándar internacional, su implementación ha generado discusiones técnicas sobre su alcance y aplicación práctica en el sistema financiero guatemalteco.

Supervisión de familiares de PEP

El Artículo 25 detalla los grados de consanguinidad y afinidad para la supervisión de personas vinculadas a PEP. La definición precisa de este alcance es crucial para evitar vacíos legales y garantizar un control efectivo.

Funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)

El Artículo 52 amplía las funciones de la IVE, incorporando la capacitación, divulgación y fortalecimiento técnico en la prevención del lavado de dinero. Este artículo ha obtenido respaldo técnico y se considera un avance significativo para el fortalecimiento institucional.

Autonomía del delito de lavado de dinero

Los Artículos 73 y 74 abordan la tipificación del delito y la posibilidad de perseguirlo de forma independiente del delito precedente que generó los fondos ilícitos. Este es uno de los temas más debatidos, ya que influye en la efectividad de la persecución penal y la desarticulación de redes criminales.

Figuras delictivas y sanciones

El Artículo 83 regula la proposición, conspiración y tentativa en delitos de lavado no consumados, estableciendo sanciones equivalentes a una tercera parte de la pena principal. Este aspecto busca cerrar vacíos legales en la persecución de conductas preparatorias.

Modificaciones al Código de Notariado

El Artículo 111 propone limitar exclusiones en el Código de Notariado únicamente a asuntos relacionados con la ley antilavado y su reglamento, con el fin de evitar contradicciones legales y garantizar coherencia normativa.

Presión de organismos internacionales y sectores nacionales

El sector financiero y las cámaras empresariales han manifestado la necesidad urgente de actualizar la legislación para evitar impactos negativos en la economía nacional. La inclusión en la lista gris internacional podría generar mayores controles para transacciones internacionales, afectar el flujo de remesas y dificultar el comercio exterior.

Además, la actualización es clave para mantener la confianza de inversionistas y promover un ambiente financiero seguro y transparente.

Próximos pasos en el proceso legislativo

Las discusiones continúan en las sesiones extraordinarias convocadas para los días 2 y 3 de junio, donde el pleno del Congreso abordará la iniciativa artículo por artículo. El objetivo es cerrar consensos técnicos y políticos para avanzar hacia la aprobación definitiva de la ley.

El éxito en esta reforma será determinante para que Guatemala fortalezca su sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, alineándose con los compromisos internacionales asumidos y protegiendo la estabilidad económica y financiera del país.

Conclusión

La actualización de la ley antilavado representa un desafío integral para Guatemala, que involucra aspectos legales, técnicos y políticos. La capacidad del Congreso para consensuar una norma moderna y eficaz será fundamental para que el país evite sanciones internacionales, mejore su supervisión financiera y promueva un entorno de transparencia y confianza para todos los sectores.